Ciudad de Panamá, 14 ago (EFE).- La agenda política de Panamá, marcada ahora por el próximo inicio de esperados juicios de casos de corrupción, entre ellos Odebrecht, arrastra al Parlamento Centroamericano (Parlacen), cuyo rol vuelve a ser cuestionado en el país por el fuero que otorga a sus integrantes.
Este lunes, por segunda vez en menos de una semana, la ausencia de diputados de la bancada panameña del Parlacen impidió que dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), acusados en Panamá de blanqueo de capitales por el caso Odebrecht y por otro conocido como "Blue Apple", la versión criolla del primero, asumieran el cargo de diputados suplentes que obtuvieron en los comicios de 2019.
Esta maniobra de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, que ya confesaron en Estados Unidos haber blanqueado 28 millones de dólares de sobornos de Odebrecht y pagaron cárcel por ello, ha sido condenada por sectores políticos y civiles de Panamá, que ven una búsqueda de impunidad por parte de los acusados.
De asumir el cargo regional, los procesos por Odebrecht y Blue Apple contra los hermanos Martinelli saldrían de la Justicia ordinaria y pasaría al pleno de la Corte Suprema de Justicia.
La legislación panameña dicta que los legisladores solo pueden ser procesados judicialmente por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados, asimismo, solo pueden ser enjuiciados por el Parlamento, "un sistema que promueve impunidad y corrupción", como afirmó el diputado independiente a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Juan Diego Vázquez.
Aunque la mayoría de los legisladores lo niegan, muchos creen en Panamá que el Parlamento y la Corte Suprema aplican la máxima de que "entre bomberos no se pisan la manguera", porque es casi imposible que prospere alguna denuncia en contra de estos funcionarios.
Pero el diputado Carlos Outten, del que Ricardo Alberto Martinelli es suplente, insistió este lunes en que los hermanos tienen el "derecho" de asumir la diputación y que así ocurrirá más temprano que tarde pese a las "agendas oscuras" que, dijo, pretenden impedirlo.
"Los hermanos no tienen impunidad. Si la Corte (Suprema) ve que tienen los elementos, porque la Corte también tiene que investigar de manera seria (...) se levanta el fuero tranquilamente", ha dicho Outten.
Otro diputado panameño al Parlacen, Dorindo Cortés, reiteró este lunes que la juramentación de los Martinelli ha sido avalada por un "un informe muy razonado" de la Comisión Jurídica del ente regional.
En este escenario, políticos, analistas y gremios han retomado las críticas al rol del Parlacen y han cuestionado la permanencia del país en este ente de 120 escaños, constituido en 1991 e integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá con 20 diputados cada uno.
Ricardo Lombana, candidato presidencial del naciente partido Moca, afirmó que "el Parlacen no trae ningún beneficio para Panamá y los panameños" por lo que "hay que salirse, pero de la manera correcta, utilizando los mecanismos previstos por el derecho internacional".
"Quieren usar las instituciones democráticas como refugio a sus delitos, condenados en el mundo", agregó Lombana en referencia a los hermanos Martinelli.
El expresidente Martinelli también asumió en su momento, y cuando estaba acosado por denuncias de corrupción, como diputado del Parlacen, un ente que alguna vez llamó "cueva de ladrones", aunque terminó renunciando al cargo en medio de un juicio por escuchas ilegales del que salió absuelto.
La ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney, dijo este lunes que es "necesario" reformar el Parlacen, porque los "organismos internacionales tienen que ser relevantes a las necesidades de la población".