La Policía estableció "cuotas de detenidos" en El Salvador, según dirigente de movimiento

San Salvador, 27 jul (EFE).- Marvin Reyes, dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (MTP), dijo este jueves que los agentes del cuerpo de seguridad de El Salvador habrían recibido exigencias de "cuotas de detenidos por día" al inicio del régimen de excepción, lo que generó "abusos".

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales como la defensa, desde marzo de 2022, tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas.

"Se le exigió al personal de la Policía Nacional Civil cuotas de detenidos por días, esto llevó a que cometiera abusos", afirmó Reyes en una conferencia de prensa junto a la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

Indicó que su movimiento llamó a que "el personal debía apegarse a la Constitución, al marco jurídico de nuestro país y detener únicamente a pandilleros".

Agregó que les preocupa que los agentes de la PNC "al final van a salir perjudicados, cuando se deduzcan las responsabilidades de estas capturas arbitrarias".

"La responsabilidad la va asumir el agente que detuvo, que es quien aparece en el acta de detención. Él es el que va asumir la responsabilidad de estas capturas arbitrarias e ilegales por cumplir una cuota que se le exigió por parte de sus jefes, por parte del director de la Policía para quedar bien con el régimen", subrayó.

Reyes relató que "de manera verbal y a través de llamadas telefónicas de jefe a jefe se ordenó que tenía que establecerse capturas diarias", que iban de 20 hasta 40 por delegación para alcanzar al menos las 1.000 detenciones diarias "en las primeras semanas del régimen".

"Esto llevó a que muchos policías, por cubrir esa cuota, capturaran a personas que no tenían nada que ver con estructuras de pandillas", lamentó.

La Asamblea Legislativa, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, aprobó el régimen de excepción, que ha dejado más de 71.770 personas detenidas y a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros.

Las organizaciones humanitarias dan cuenta de 5.490 "víctimas directas" de atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias.