Ciudad de Guatemala, 20 jul (EFE).- La población guatemalteca aguarda en incertidumbre a un mes de la segunda vuelta electoral, abrumada porque el Ministerio Público (Fiscalía) está intentando eliminar de la contienda al partido político progresista Movimiento Semilla.
La Fiscalía, pese a la sanción de Estados Unidos contra sus miembros, sigue firme en sus intenciones de suspender a Semilla, cuyo candidato presidencial, Bernardo Arévalo de León, avanzó al balotaje en los comicios celebrados el 25 de junio.
Es por ello que Guatemala está en una "situación jurídica muy peligrosa porque las sentencias y las órdenes que mantienen de pie el proceso electoral son provisionales", opina el antropólogo y politólogo Ricardo Saénz de Tejada.
"No hay nada definitivo y da la impresión de que están midiendo sus posibilidades de materializar sus intenciones", advirtió Saénz de Tejada a EFE.
Por lo pronto, la segunda vuelta electoral está programada para el 20 de agosto entre Arévalo de León y la ganadora de la primera vuelta, Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Sin embargo, esta misma semana la Fiscalía intentó nuevamente suspender a Semilla y según expertos, el Ministerio Público no parece tener intención de detenerse, pese al rechazo recibido por parte de la población y la comunidad internacional.
EMBROLLO JUDICIAL SIN ANTECEDENTES
El 12 de julio, el fiscal Rafael Curruchiche, quien dirige la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, abrió un pantano judicial en torno a las elecciones, cuando solicitó a un juzgado penal que suspendiera a Semilla por supuestas firmas falsas en su proceso de inscripción en 2018.
La medida, sin antecedentes históricos, pretendía la inhabilitación de Arévalo de León y generó fuertes críticas, incluida una declaración de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que calificó la acción como "un intento por desconocer la voluntad electoral".
La solicitud de Curruchiche fue avalada por el juez Fredy Orellana, y ordenó la suspensión inmediata del partido para el balotaje del 20 de agosto. A ello se sumó un allanamiento al Tribunal Supremo Electoral bajo su autorización el 14 de julio.
"Ellos pretendían simplemente desaparecer a Semilla y llevar a segunda vuelta al candidato oficialista, Manuel Conde", explicó Sáenz de Tejada.
El experto agrega que con esta jugada "modificarían la composición del Congreso excluyendo las diputaciones de Semilla", en referencia al grupo político nacido de las manifestaciones anticorrupción de 2015 y que obtuvo 23 escaños para convertirse en la tercera fuerza parlamentaria.
En medio de esta batalla judicial, las autoridades electorales y la Corte de Constitucionalidad decidieron no cancelar al partido y seguir adelante de cara a la segunda vuelta, con Arévalo De León y Torres Casanova.
FUNCIONARIOS SANCIONADOS
Los fiscales y el juez que protagonizan el intento de tumbar a Semilla tienen en común que han sido sancionados por Estados Unidos como actores corruptos y antidemocráticos, por cometer "actos que socavan los procesos e instituciones democráticas".
El fiscal Curruchiche, acusado por EE.UU. de desbaratar importantes casos de corrupción, está al frente del proceso y ha solicitado la captura de dos miembros del partido político esta misma semana.
Mientras que para Cinthia Monterroso, otra fiscal vinculada al caso, la prohibición de ingresar a Estados Unidos fue oficializada este miércoles. La sanción también se extendió para el juez Orellana.
Curruchiche y Monterroso son los mismos fiscales que acusaron de lavado de dinero al periodista José Rubén Zamora Marroquín, solo cinco días después de lanzar fuertes críticas contra el presidente Alejandro Giammattei.
Y Orellana fue el juez que en diciembre de 2022, envió a juicio al periodista, uno de los más reconocidos de Guatemala por sus más de un millar de investigaciones de corrupción al frente del medio El Periódico.
En 2021, la jefa la Fiscalía, Consuelo Porras, también fue incluida en la lista de actores corruptos publicada por Estados Unidos.
"Los fiscales han cometido delitos de carácter constitucional y eso los hace peligrosos porque van hacer lo que sea necesario para defender su impunidad", advierte Sáenz de Tejada.
Mientras tanto, la población se encuentra a la expectativa, pendiente de cualquier resolución para salir a manifestar en contra del Ministerio Público, como ya sucedió por tres días consecutivos del 13 al 16 de julio.
David Toro Escobar
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