Lima, 1 jun. El grupo parlamentario del partido ultraconservador Renovación Popular planteó este jueves, a través de un proyecto de ley, que Perú denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que supondría su retiro del mismo, con el fin de defender la "soberanía" del país y porque considera que el sistema se encuentra "en crisis y desgaste por sesgo ideológico".
La iniciativa denominada Ley de Denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos busca que la presidenta peruana, Dina Boluarte, presente ante el Congreso el instrumento de denuncia de la convención, en un plazo de 30 días posterior a la aprobación del proyecto de ley, para su aprobación en el pleno.
En el caso de que la mandataria desista de la denuncia, le exigen que presente un informe sobre las razones por las que considera inoportuna esa medida.
El proyecto firmado por los legisladores Jorge Montoya, María Jáuregui, José Cueto y Jorge Zeballos sostiene que la finalidad de la norma es "salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano".
Sobre los motivos para retirarse de la Convención Americana, la iniciativa de Renovación Popular señaló que "el Estado peruano no requiere ser tutelado jurisdiccionalmente" por un órgano extranjero, además de que este tratado internacional "ha devenido en un moderno colonialismo jurídico" sobre los países latinoamericanos con "efectos invasivos" en el sistema de justicia.
La incorporación del Estado peruano al sistema interamericano en 1978 correspondió a una coyuntura histórica diferente, de transición democrática, en tanto que hoy existe un "fortalecido régimen constitucional", agregó el documento.
Respecto a los efectos de la denuncia, el proyecto afirma que permitirá al Estado peruano legislar con libertad sobre "la regulación de la aplicación de la pena capital como mecanismo disuasivo para combatir a la delincuencia y el crimen organizado".
Igualmente, "se buscaría la implantación de la pena de muerte para delitos graves como el sicariato, la violación de menores, el terrorismo y los homicidios de mujeres (feminicidio)", apuntó el proyecto de ley.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales, entre diciembre y marzo últimos, y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú.
A raíz de las decenas de muertes en esas movilizaciones, la presidenta Dina Boluarte acudirá el próximo martes a la sede de la Fiscalía de la Nación (general) para ser interrogada como parte de la investigación preliminar abierta por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH) invalidó en abril de 2022 la sentencia del Tribunal Constitucional peruano que ordenaba liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad. EFE
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