Pueblo amerindio en Guyana lucha contra mineros en batalla clave por derecho territorial indígena

CHINESE LANDING, Guyana (AP) — Uno de los pueblos amerindios más pequeños de Guyana libra una batalla monumental que podría decidir cuánto control tienen miles de indígenas sobre sus tierras en partes remotas de este país sudamericano.

El pueblo de 225 residentes lucha en los tribunales para recuperar el control total sobre la tierra ancestral donde los mineros de oro alguna vez fueron invitados para impulsar el desarrollo comunitario, pero que ahora son considerados intrusos indeseables que dividen tierras que proporcionan alimento y medicina, y que bloquean el acceso para la minería propia y de menor escala de los habitantes del pueblo.

“Es como si nos hubieran quitado una parte de nosotros”, expresa Orin Fernandes, el toshao —líder indígena— del pueblo.

El pueblo —llamado Chinese Landing (literalmente, “Embarcadero Chino”) por razones que los residentes ya no recuerdan— se encuentra en lo profundo de los frondosos bosques del norte de Guyana, accesible principalmente por embarcación fluvial.

Los habitantes, descendientes de caribes, han visto cómo se encogen sus tierras a medida que los mineros retiran capas de roca y tierra roja que, de otro modo, podrían producir calabazas, pepinos y yuca. La operación minera abarca 1.380 hectáreas (3.400 acres), divide el pueblo en dos y contamina el agua en un área conocida como Tassawini, que significa “agua clara” en una lengua caribe.

“Lo que está sucediendo ahora en Chinese Landing es muy emblemático de lo que está sucediendo en todo el país en términos de minería y violación de los derechos de los pueblos indígenas”, advierte Lan Mei, una abogada de Maryland que representa al pueblo.

Guyana tiene unos 78.500 indígenas que constituyen casi el 10% de la población del país. Viven en más de 240 comunidades en unos 6 millones de hectáreas (15 millones de acres) donde a menudo hay grandes depósitos de oro.

El oro representa aproximadamente el 15% de la producción económica de Guyana, e incluso la bandera nacional —“Punta de Flecha Dorada”—, rinde homenaje al metal precioso.

Para los funcionarios guyaneses, la extracción de oro ha tenido prioridad sobre los esfuerzos de las comunidades indígenas para solidificar los títulos sobre sus tierras y aclarar sus límites, manifiesta Michael Mc Garrell, especialista en mapas de la Amerindian Peoples Association (Asociación de Pueblos Amerindios).

“Consideran que las tierras indígenas con títulos de propiedad no generan ningún tipo de ingreso para el país”, agrega Mc Garrell.

Chinese Landing aseguró su título de propiedad en 1976, y durante un par de décadas, los amerindios minaron esa área con herramientas básicas, vendían pequeñas piezas de oro para alimentar a las familias y construir casas, y complementaban las ganancias con la caza y la agricultura.

Sin embargo, la comunidad llegó a un acuerdo con un empresario de Guyana que buscaba establecer operaciones mineras en 1998, y desde que el trato resultó no satisfactorio a principios de la década del 2000, ha habido batallas legales sobre quién puede minar allí, y los residentes de Chinese Landing están excluidos actualmente.

“Me aflige”, se lamenta Emelda Fernandes, de 66 años, quien trabajó en las minas a los 12 años, pero que ahora se ve obligada a cultivar pimientos y yuca para sobrevivir. Mientras tanto, su hijo usa un detector de metales en el entorno polvoriento de su casa de madera para buscar oro o chatarra.

Las lágrimas corrieron por el rostro de Fernandes cuando cambió a su lengua caribe nativa: “He vivido aquí durante mucho tiempo y ahora no puedo trabajar… Vienen forasteros y nos quitan nuestros derechos”.

Las aguas del arroyo detrás de la casa de Fernandes, que alguna vez fueron claras, ahora son de color marrón amarillento. Al no poder pagar por agua embotellada, ella y otras personas beben y se bañan allí, lo que le provoca dolores de estómago y erupciones en la piel, afirma.

“Realmente estamos sufriendo”, expone. Algunos estudiantes asisten descalzos a la escuela del pueblo, y la falta de acceso de la comunidad a la minería la ha sumido aún más en la pobreza.

La mano derecha del toshao del pueblo, Veron Millington, tuvo que pedir prestados 1.500 dólares al consejo amerindio para llegar a fin de mes y para que su hijo pudiera graduarse de la escuela secundaria. Le encanta la robótica y nombró a un perro “Hawking” en honor al renombrado físico británico.

“No sé cómo lo pagaré”, añade Millington, una maestra jubilada, y agregó que no ha podido pagar el alquiler desde enero. “Nunca imaginé que llegaría a esto. Sentimos que ni siquiera somos parte de Guyana”.

En 1998, exlíderes de Chinese Landing firmaron un acuerdo con el empresario Wayne Vieira que le otorgaba el derecho a minar en Tassawini después de que obtuvo los permisos respectivos de la Comisión de Geología y Minas de Guyana.

El acuerdo establecía que Vieira emplearía del 20% al 50% de los trabajadores no calificados del pueblo y que le otorgaría una comisión del 1% sobre todo el oro extraído. Además, Vieira desarrollaría la educación y los servicios de salud en el pueblo, según una copia del acuerdo obtenida por The Associated Press.

Si bien Vieira entregó una gran cantidad de libros para la escuela de Chinese Landing, Fernandes dijo que sólo empleaba esporádicamente a los habitantes del pueblo y que nunca compartió detalles sobre la producción de oro, por lo que el pueblo nunca supo si realmente recibía su 1% en regalías.

Jamela Ali, una abogada de Vieira, rebatió el relato del líder indígena al decir que los representantes de Vieira “siempre ofrecieron” trabajo a los pueblerinos, y agregó que el empresario ha reparado caminos, un embalse y una pista de aterrizaje allí. La abogada acusó a los habitantes del pueblo de realizar minería ilegal en la zona con maquinaria pesada.

El pueblo canceló el trato con Vieira en agosto de 2004 y exigió que retirara todo su equipo y personal, lo que no sucedió.

En 2006, la Ley Amerindia del país incluyó un texto que dice que se necesita el permiso de una comunidad indígena antes de que se pueda realizar minería a pequeña y mediana escala en sus tierras. Y en 2010, la Comisión de Geología y Minas emitió una orden de cese de trabajo a Vieira sobre su operación de mediana escala porque no tenía un acuerdo válido con el pueblo.

Vieira presentó una demanda en respuesta que llegó hasta la Corte de Justicia del Caribe, que es el tribunal supremo de Guyana. En 2017, dictaminó que la Ley Amerindia no otorgaba ninguna autoridad a la agencia minera para detener el trabajo en los permisos mineros.

El ritmo de la minería aumentó después del fallo, y los abogados que representan a Chinese Landing dicen que la policía y los guardias impidieron que los habitantes del pueblo minaran o ingresaran al área.

Lo que complica el panorama es Alerio Gold Corp., una empresa canadiense que afirma haber obtenido derechos para minar en tierras previamente controladas por Vieira. No obstante, la abogada de Vieira cuestionó eso y dijo que Vieira aún controla los cuatro permisos que obtuvo originalmente en el área y que no tiene conexión con la empresa.

Alerio, que anunció en abril que encontró reservas “significativas” sin explotar, no respondió a llamadas telefónicas o correos electrónicos en busca de comentarios. Expandir la mina a una operación a gran escala podría dificultar que la comunidad la detenga.

Newell Dennison, comisionado de la Comisión de Geología y Minas de Guyana, declinó comentar sobre el caso de Chinese Landing y dijo que estaba en el tribunal.

El pueblo presentó en 2021 su propia demanda, en la que argumentó que el gobierno nunca debería haber tenido la autoridad para emitir permisos de minería sobre ninguna de sus tierras con título de propiedad. Activistas y líderes amerindios siguen de cerca el caso y esperan que pueda sentar un precedente para otras tierras indígenas.

“Este caso realmente se trata de cuánto control tiene un pueblo sobre su tierra con título de propiedad”, afirma Mei, la abogada con sede en Estados Unidos. “También se trata del derecho del pueblo a la representación y a que su caso sea escuchado en los tribunales”.

No todos en Chinese Landing tienen la esperanza de que el acceso de la comunidad a la minería pueda restablecerse pronto.

Selwyn Miller, de 27 años y presidente de la Asociación de Padres y Maestros del pueblo, busca oportunidades en otros lugares. Dio la noticia sombríamente en una mañana reciente ante un salón de clases de una decena de niños de tercero a sexto grado. “Les hablo esta mañana porque no estaré presente durante un tiempo”, expresó, mientras los estudiantes se quedaban en silencio.

“No habrá más trabajo”, advirtió. “No piensen en minar. La señorita Natasha habló sobre eso. Piensen en otra cosa”.

En su bolsillo, Miller tenía un trozo de oro del tamaño de una uva aplastada. Espera que lo que reciba por ella financie su viaje a otra región de Guyana donde planeaba trabajar como minero para cuidar a sus cuatro hijos, luego de que su esposa muriera al dar a luz.

Horas más tarde, Miller se despidió de familiares y amigos y partió de Chinese Landing.

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El camarógrafo de The Associated Press Juan Pablo Arráez contribuyó para este reportaje.