Madrid, 17 may. La inclusión en listas electorales de la formación independentista vasca EH Bildu de candidatos que fueron condenados por terrorismo no es delito ni causa para excluirlos de las próximas elecciones locales y regionales en España, según la Fiscalía.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española se pronunció este miércoles sobre una denuncia presentada por la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, por si alguno de los 44 condenados incluidos en esas listas, siete de ellos por actos terroristas con víctimas mortales, sigue inhabilitado para cargo público aunque haya cumplido su condena de cárcel.
El 28 de mayo hay elecciones para ayuntamientos y regiones en España y la formación EHBildu presenta en diferentes lugares a candidatos que fueron condenados por terrorismo, lo que ha suscitado una fuerte controversia política, con cruce de críticas entre la oposición conservadora y el Gobierno de coalición de izquierda, al que apoya en el Parlamento la formación vasca.
Los siete condenados por asesinatos de la banda terrorista ETA que van en las listas para las elecciones del próximo 28 de mayo han renunciado a ocupar sus cargos en caso de ser elegidos, para no añadir "el más mínimo padecimiento al ya habido" para las víctimas.
"No se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que permita atisbar que nos hallemos ante un supuesto de inelegibilidad", "ni que los hechos objeto de la denuncia tengan trascendencia penal o constituyan un ilícito", explica en un pronunciamiento.
El partido de ultraderecha Vox (tercero en el Congreso de los Diputados) ha pedido al órgano electoral la exclusión de estos candidatos y que declare ilegal a EH Bildu.
La asociación de víctimas pidió también la ilegalización de este partido, tras denunciar que la inclusión de esos candidatos en las regiones del País Vasco y Navarra "en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas" causa "humillación", aunque sobre esta cuestión la Fiscalía no se pronuncia.
El Tribunal Constitucional español ya rechazó en anteriores comicios esa ilegalización, entre otros argumentos porque vulneraría el derecho fundamental a la participación política y porque no estaba acreditado que sus candidaturas estuvieran instrumentalizadas entonces por la banda terrorista ETA.
Este grupo terrorista que propugnaba la independencia de regiones como el País Vasco actuó entre 1958 y 2018, cuando declaró su disolución, con más de ochocientos asesinatos durante esas décadas. EFE
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