Sociedad civil alentada porque ONU mantendrá presión sobre Gobierno Nicaragua

Ginebra, 3 abr. Organizaciones nicaragüenses de la sociedad civil dijeron hoy sentirse alentadas por la decisión de la ONU de extender el trabajo de un grupo de expertos que investiga, analiza y documenta graves violaciones de los derechos y libertades en Nicaragua.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó en Ginebra una resolución que prorroga dos años más el trabajo del Grupo de Expertos de Derechos Humanos en Nicaragua, cuyo trabajo cubre el periodo desde 2018 hasta la actualidad, coincidente con el aumento del autoritarismo y de los abusos por parte del régimen del presidente del país, Daniel Ortega.

Varios activistas en el exilio saludaron que ese grupo podrá seguir operando y lo consideraron un mensaje claro para todos los responsables de violaciones de que al final tendrán que pagar por sus actos.

"Agradecemos a los Estados que han apoyado al Grupo de Expertos, que es un mecanismo crucial de rendición de cuentas y que se asegurará de que el amplio catálogo de abusos en Nicaragua no salga del radar de la comunidad internacional", dijo la activista Alexandra Salazar, de la ONG Unidad de Defensa Jurídica, en una conferencia de prensa telemática.

"Esto abre la oportunidad de seguir profundizando en los hechos ocurridos y en las cadenas de mando. La resolución plasma igualmente la forma en que se ha propiciado un clima de impunidad en Nicaragua", agregó.

Del colectivio "Nicaragua Nunca Más", el activista Gonzalo Carrión opinó que la resolución es "una fuente de aliento para las víctimas y para el pueblo nicaragüense, que no están dispuestos a renunciar a sus derechos a la libertad y a la justicia".

Sobre la retirada, el pasado febrero, de la nacionalidad a 318 críticos del gobierno y el destierro de 222 de ellos, el Consejo reclamó a Ortega que respete los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, incluido el derecho a la nacionalidad.

Al respecto, Carrión (él mismo víctima de ese abuso) mencionó que los que han sido víctimas de esta medida pero siguen en Nicaragua, están ahora sufriendo nuevas consecuencias de ser apátridas.

"Se han consumado más agravios y prejuicios a los despojados de la nacionalidad, como el bloqueo sus pensiones, confiscación de sus propiedades, el borrado completo de sus derechos, como si fuesen no nacidos", explicó.

La resolución que prolonga el mandato del Grupo de Experto de Derechos Humanos en Nicaragua fue aprobada en el Consejo de Derechos Humanos por 21 votos a favor, 5 en contra (los de China, Cuba, Eritrea, Argelia y Vietnam) y 21 abstenciones.

El texto de la resolución fue preparado por una alianza de países latinoamericanos formada por Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, Brasil, además de Canadá.

Se observó que incluso países como Bolivia y Honduras, que en el pasado habían respaldado abiertamente a Nicaragua, en esta ocasión optaron por la abstención.

El grupo de expertos denunció en su último informe -presentado en la actual sesión del Consejo- que el régimen de Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población del país por motivos políticos. EFE

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