Lima, 16 feb. La Justicia de Perú condenó este jueves a 28 años de cárcel a cinco madereros por el homicidio de cuatro líderes indígenas en 2014, el mayor crimen de la historia reciente de Perú contra defensores ambientales.
El Juzgado Penal Colegiado de Ucayali culpó a los madereros ilegales por los homicidios de Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, quienes fueron asesinados en septiembre de 2014, un caso conocido como "Caso Saweto", nombre de la comunidad que estos defendían, según un comunicado del Poder Judicial.
Los madereros, Eurico Mapes Gómez, Segundo y Josimar Atachi Félix (hermanos), fueron hallados culpables del delito de homicidio calificado con alevosía en agravio de los dirigentes nativos y condenados a 28 años y tres meses de prisión efectiva.
Y el tribunal impuso la misma pena a los empresarios forestales Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta en calidad de autores mediatos (con dominio del hecho) del crimen perpetrado contra los citados dirigentes indígenas.
También impuso a los condenados el pago de 200.000 soles (52.000 dólares) por concepto de reparación civil, cantidad que será cancelada en forma solidaria y distribuida a razón de 50.000 soles (13.000 dólares) para cada familia de las víctimas, durante la etapa de ejecución de sentencia.
La decisión judicial fue dada a conocer en audiencia de adelanto de fallo y la lectura íntegra de la misma se realizará el próximo lunes 27 de febrero.
En el comunicado, el Poder Judicial recuerda que, desde inicios de 2008, el líder indígena Edwin Chota, jefe de la comunidad Saweto, de etnia ashéninka, denunciaba constantemente la existencia de una mafia de traficantes de madera que operaba en su comunidad ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, en el departamento central de Ucayali.
Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2014, cuando las cuatro víctimas fueron torturadas, violadas y ejecutadas.
En el momento del crimen, los cuatro indígenas se dirigían a la comunidad de Apiwtxa, ubicada al otro lado de la frontera, en el estado de Acre (Brasil), y también de etnia ashéninka, con fuertes vínculos familiares con Saweto.
En Apiwtxa, los líderes de Saweto iban a reclamar ayuda a sus parientes y acordar estrategias comunes contra la tala ilegal, entre ellas la denuncia ante la Justicia brasileña de los madereros, pues la mayoría de los invasores de la comunidad eran brasileños.
Seis años después y tras una larga investigación, en junio de 2021, la Fiscalía solicitó una pena de 35 años de cárcel por asesinato, una acusación revisada por el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que fue el encargado de tutelar proceso de investigación y acusación. EFE
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