Mujeres indígenas logran que Cedaw (ONU) reconozca y garantice sus derechos

Guayaquil (Ecuador), 16 dic. Tras 20 años de trabajo, las indígenas consiguieron que el Comité para la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) respalde "su lucha por la igualdad y la eliminación del racismo" en un contexto de "violencia interseccional" que provoca que "las mujeres y las niñas indígenas terminen quedándose siempre en el último eslabón".

Así lo explica en una entrevista con EFE la directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Teresa Zapeta, quien celebra esta reciente decisión del Comité de la Cedaw que obliga a los Estados que han ratificado la Convención a aprobar políticas integrales que protejan los derechos individuales y colectivos de las mujeres y niñas indígenas del mundo.

"Nos sentimos muy satisfechas del camino recorrido y sentimos que toda esa lucha no se quedó en el vacío", señala Zapeta, indígena maya de Guatemala que lidera una red global de organizaciones de mujeres indígenas líderes y activistas por los derechos humanos de Asia, África, Pacífico, Ártico y las Américas.

Según el Comité para la Cedaw, conformado por 23 expertas independientes que supervisan la aplicación de la Convención, hay alrededor de 238 millones de mujeres indígenas en el mundo y la discriminación y la violencia son fenómenos recurrentes en la vida de muchas de ellas que viven en zonas rurales, remotas y urbanas.

"Las estadísticas disponibles indican que las indígenas tienen más probabilidades de sufrir violaciones que las mujeres no indígenas. Se estima que una de cada tres indígenas es violada durante su vida", afirma el Comité.

Por eso, dice Zapeta, esta recomendación es muy importante. "Si uno va desglosando dentro de los pueblos indígenas se va encontrando con que la brecha es mayor en las mujeres y en las niñas indígenas en temas como la educación. También por los altos niveles de violencia que se viven por las industrias extractivas, por la misma violencia intrafamiliar y el racismo".

"Las mujeres somos iguales en derechos, pero en condiciones y realidades no. Entonces no podemos responder de la misma manera a las necesidades y al ejercicio de los derechos de mujeres indígenas que no saben leer y escribir que a las (necesidades de) mujeres no indígenas que han logrado hacer una maestría, un doctorado", explica.

"Son realidades, necesidades diferentes, por lo tanto las políticas tienen que ser diferenciadas y responder a estas realidades", defiende la directora ejecutiva de FIMI.

EL PODER DE LA RECOMENDACIÓN

La Cedaw es la "carta fundamental de derechos de las mujeres" que fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979. Su cumplimiento es obligatorio para los países que la ratifican.

La Convención otorga al Comité la facultad de aclarar e interpretar su contenido por medio de recomendaciones generales y esta, la número 39 que se aprueba, reconoce el derecho de las mujeres y niñas indígenas a la nacionalidad, la educación, el trabajo, la salud, a la igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares, a la cultura, la tierra, los territorios y los recursos naturales.

También reconoce su derecho a la protección social y a los recursos económicos, a la alimentación, al agua y un ambiente saludable, libre de violencia y sustentable.

Si bien los derechos de los pueblos indígenas ya han sido reconocidos en otros tratados internacionales, son "violados constantemente" y el alcance de algunos de los derechos no incluye las formas particulares en las que ellas experimentan menoscabo, aseguran las organizaciones de mujeres indígenas.

"Los Estados parte tendrán que rendir cuentas en sus informes periódicos sobre las medidas concretas puestas en marcha para dar respuesta a lo establecido en la Recomendación General en cuanto a los derechos de las mujeres y niñas indígenas", explica ONU Mujeres en un documento informativo.

TRABAJO EN DOS VÍAS

Sin embargo, Zapeta reconoce que lo aprobado no les "viene a resolver la vida", pues los Estados "no van a asumir esta recomendación por voluntad propia". "No hay ningún Estado que hasta ahora haya tenido esa experiencia", agrega. Por eso, dice, se están preparando para hacer incidencia.

De ahora en adelante, el trabajo será en dos vías. La primera de forma local y la segunda más enfocada en elaborar informes para que la ONU pida cuentas a los países.

"Nosotras nos tenemos que convertir en garantes, ser las abogadas permanentes y estar vigilantes para decir: 'No ha cumplido con la información', 'Esto es lo que no ha hecho o esto lo que ha provocado retroceso'", explica.

Admite que el reto más grande es que las indígenas en los territorios conozcan esta herramienta y la utilicen a su favor. Por eso, buscarán incidir en congresos y parlamentos locales y nacionales para que se reconozcan sus derechos.

"Hay un retroceso en las democracias de nuestros países y este es un aliciente para nosotras. Tener una recomendación nos da un empuje, nos motiva a seguir luchando. Tenemos una herramienta que estamos dispuestas a usarla, a divulgarla y a no dejarla engavetada. Vamos a hacer todo lo posible para que este documento sea vivo", concluye.

Cristina Bazán