EEUU: Unidades contra fraude electoral hallan pocos casos

WASHINGTON (AP) — Unidades policiales a nivel estatal creadas después de los comicios presidenciales de 2020 en Estados Unidos para investigar posibles fraudes electorales están examinando quejas aisladas más de dos semanas después de las elecciones intermedias, pero no han proporcionado indicios de que haya habido problemas sistémicos.

Eso es justo lo que los expertos electorales habían previsto, y llevó a los críticos a insinuar que el objetivo de las nuevas unidades era más bien político, mas que erradicar abusos generalizados. La mayor parte de los casos de fraude relacionados con comicios ya son investigados y enjuiciados a nivel local.

Florida, Georgia y Virginia crearon unidades especiales a nivel estatal tras las elecciones de 2020, todas impulsadas por gobernadores, legislaturas o procuradores generales republicanos.

“No estoy al tanto de que haya habido ninguna detección significativa de fraude el día de las elecciones, pero eso no es sorprendente”, dijo Paul Smith, vicepresidente sénior del Campaign Legal Center, un grupo apartidista que busca impulsar la democracia. “Todo el concepto de fraude por suplantación de votantes es un problema horriblemente exagerado. No modifica el desenlace de los comicios, es un delito grave, corres el riesgo de ser encarcelado y tienes una elevada posibilidad de ser sorprendido. Es un fenómeno raro”.

La ausencia de un fraude generalizado es importante porque las mentiras en torno a las elecciones presidenciales de 2020, difundidas por el expresidente Donald Trump y sus aliados, han penetrado profundamente en el Partido Republicano y erosionaron la confianza en las elecciones. En el periodo previo a los comicios de este año, el 45% de los republicanos tenían poca o ninguna confianza de que los votos serían contados con precisión.

Una investigación de The Associated Press halló que no hubo un fraude generalizado en Georgia ni en los otros cinco estados muy reñidos en los que Trump impugnó su derrota de 2020, y hasta ahora no hay indicios de ello en las elecciones de este año. La certificación de los resultados avanza sin contratiempos en la mayor parte de los estados, con pocas quejas.

En Georgia, donde Trump intentó presionar a funcionarios estatales para que “hallaran” votos suficientes con el fin de revocar su derrota, una nueva ley le da a la agencia policial más importante del estado, la Georgia Bureau of Investigation, la autoridad para iniciar investigaciones de presuntos fraudes en las votaciones sin que funcionarios electorales lo soliciten. La presunta violación tendría que ser lo suficientemente significativa como para modificar o desatar dudas en torno al desenlace de unos comicios.

Nelly Miles, vocera de la GBI, dijo que la agencia no ha iniciado ninguna pesquisa amparándose en esa ley. La GBI está apoyando a la oficina del secretario de Estado en una investigación sobre una vulneración de equipo de voto en el condado Coffee en 2021, pero esa es su única pesquisa reciente sobre un fraude electoral, señaló en un correo electrónico.

La vulneración, que salió a la luz este año, involucraba a funcionarios locales en un condado que votó en favor de Trump por casi 40 puntos porcentuales en 2020 y algunos destacados simpatizantes del exmandatario.

La representante estatal demócrata Jasmine Clark, que se opuso a que se le diera autoridad adicional a la GBI, dijo que la carencia de pesquisas convalida las críticas de que la ley era innecesaria. Pero dijo que la sola perspectiva de una investigación de esa agencia podría intimidar a gente que desea prestar servicio como trabajador de casilla o asumir algún otro papel en el proceso electoral.

“En esta situación, no había un problema real a solucionar”, dijo Clark. “Esta era una solución en busca de un problema, y nunca deberíamos legislar de esa forma”.

Florida ha sido el estado con actividad más visible, al crear su Oficina de Delitos Electorales y Seguridad en medio de mucha fanfarria este año y cumplir una promesa efectuada por el gobernador republicano Ron DeSantis en 2021 de combatir fraudes electorales no especificados.

La oficina depende del Departamento de Estado de Florida. Examina los alegatos y luego le encarga a la policía estatal perseguir a los que hayan infringido la ley.

Este verano, DeSantis anunció que la unidad electoral había arrestado a 20 personas por votar ilegalmente en los comicios de 2020, cuando el estado tenía 14,4 millones de votantes empadronados. Esa fue la primera elección de gran magnitud desde que una enmienda constitucional estatal restableció el derecho al voto para los reos por delitos graves, excepto para los que han sido declarados culpables de asesinato o delitos sexuales graves o los que aún deben multas, cuotas o indemnizaciones.

Registros judiciales muestran que esas 20 personas pudieron empadronarse para votar a pesar de que previamente habían sido declaradas culpables de delitos graves, lo que aparentemente las llevó a creer que podían emitir su voto legalmente. Al menos parte de la confusión se deriva del lenguaje en las formas para empadronarse que requiere que los solicitantes juren que no han sido declarados culpables de delitos graves o, si sí lo han sido, que les restituyeron su derecho al voto. En las formas no se pregunta específicamente acerca de declaraciones de culpabilidad pasadas por homicidio o agresión sexual grave.

Una de las personas acusadas, Robert Lee Wood, de 56 años, fue arrestado en su casa después de que agentes policiales la rodearan y tocaran a su puerta una mañana temprano. Pasó dos días en la cárcel. El abogado de Woods, Larry Davis, dijo que su cliente no creyó que estaba infringiendo la ley porque pudo empadronarse para votar sin problemas. Davis consideró que la reacción policial en este caso fue “desmesurada”.

Un juez de Miami sobreseyó el caso de Woods a fines de octubre por razones de jurisdicción, ya que fue interpuesto por la Oficina del Fiscal Estatal en lugar de fiscales locales en Miami. El estado está apelando el fallo.

Andrea Mercado, directora ejecutiva de Florida Rising, una organización independiente de activismo político enfocada en la justicia económica y racial en el estado, dijo que la aplicación desproporcionada de represalias sobre esos posibles votantes estaba enviando un “mensaje estremecedor a todos los ciudadanos que se reintegran a la sociedad y que desean empadronarse para sufragar”. Dijo que su grupo halló que muchos de ellos estaban confundidos con respecto a los requisitos.

“Tienes que visitar los sitios web de 67 condados y hallar sus procesos individuales por condado para ver si tienes una multa o una cuota" pendiente de pago, dijo. “Es un calvario laberíntico”.

Semanas antes de los comicios del 8 de noviembre, la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad comenzó a notificarle a condados de Florida acerca de cientos de votantes empadronados que en potencia eran no aptos para sufragar debido a que previamente habían sido declarados culpables de delitos. En cartas dirigidas a los condados, funcionarios estatales solicitaron que autoridades electorales verificaran la información y luego actuaran para impedir que los electores inelegibles emitieran votos.

“Hemos escuchado historias acerca de electores que son elegibles para votar pero tienen antecedentes de haber sido declarados culpables de delitos penales, y ahora tienen miedo de empadronarse y sufragar”, dijo Michael Pernick, abogado del derecho al voto en el Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés). Pernick considera que ello es “profundamente preocupante”.

Un portavoz de la nueva oficina no proporcionó información relacionada con ninguna otra acción que pudiera haber tomado ni investigaciones que pudiera tener en marcha relacionadas con las elecciones primarias y generales de este año.

El procurador general de Virginia, Jason Miyares, anunció que estaba formando su propia Unidad de Integridad Electoral (EIU, por sus siglas en inglés) en septiembre, y dijo que “trabajará para ayudar a restablecer la confianza en nuestro proceso democrático en la Mancomunidad”.

La unidad fue creada en un estado en el que los republicanos obtuvieron triunfos abrumadores para los tres puestos disponibles a nivel estatal en los comicios de 2021, incluyendo la derrota por parte de Miyares de un demócrata que ocupaba el puesto.

Su vocera, Victoria LaCivita, dijo en una respuesta escrita a preguntas de The Associated Press que la oficina había recibido quejas vinculadas con las elecciones de este mes, pero no podía hacer comentarios acerca de si se habían iniciado investigaciones al respecto.

Además, “la EIU obtuvo una excepción perentoria y una moción para desestimar” un intento de obligar al estado a que dejara de usar máquinas de voto electrónico para contar boletas y en lugar de ello instituyera un conteo manual en todo el estado.

La oficina de Miyares indicó que él no estaba disponible para una entrevista, pero en una carta a la directora editorial de The Washington Post en octubre señaló que no hubo fraude generalizado en Virginia ni en ninguna otra parte durante los comicios de 2020. Indicó que su oficina ya tenía jurisdicción en cuestiones relacionadas con elecciones, pero que él la estaba reestructurando para crear una unidad con el fin de trabajar en forma más cooperativa con la comunidad electoral y así disipar cualquier duda en torno a la imparcialidad de las elecciones.

Smith, del Campaign Legal Center, indicó que hay problemas reales relacionados con la seguridad electoral, incluyendo la protección de los votantes, los trabajadores de las casillas y el personal electoral, y la seguridad del equipo para votar. Pero dijo que las medidas republicanas para mejorar lo que suelen llamar “integridad de las elecciones” para combatir el fraude electoral con frecuencia tienen un objetivo distinto.

“Es un mito que ha sido creado de forma que puedan justificar dificultarle a la gente el votar”, declaró.

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Izaguirre reportó desde Tallahassee, Florida, y Thanawala desde Atlanta. Los periodistas de The Associated Press Jake Bleiberg en Dallas; Bob Christie y Jonathan J. Cooper en Phoenix; Sarah Rankin en Richmond, Virginia; y Paul Weber en Austin, Texas, contribuyeron a este despacho.