Congreso peruano suspende pleno ante posibles actos de violencia por protesta

Lima, 9 nov. El Congreso de Perú informó este miércoles que decidió suspender el pleno previsto para este jueves ante posibles "actos de violencia" en una marcha convocada por movimientos sociales y políticos en rechazo a la actuación del Parlamento, dominado por la oposición al Gobierno de Pedro Castillo.

A través de un comunicado, el oficial mayor del Legislativo, José Cevasco, detalló que la mesa directiva del Parlamento dispuso la suspensión del pleno "con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los congresistas, así como del personal del Congreso de la República".

Detalló que, durante una reunión sostenida este miércoles con el jefe de la región policial de Lima, el Parlamento fue advertido de que en la movilización del jueves "se llevarían a cabo acciones de protesta con actos de violencia contra la propiedad pública y privada, debido a la posible infiltración de grupos radicales y extremistas dentro de los manifestantes".

"Podrían ocasionar un desborde social y la alteración del orden público", se lee en el comunicado.

"LA TOMA DE LIMA"

Desde este miércoles empezaron a circular por redes sociales varios carteles con la convocatoria de una movilización ciudadana en Lima, programada para el jueves 10 de noviembre a partir de las 15.00 hora local (20.00 GMT).

La marcha, denominada "La toma de Lima" o "10-N", está promovida por organizaciones ciudadanas y grupos políticos que rechazan la actuación del Congreso y se muestran en contra de la nueva moción de vacancia (destitución) presidencial que están preparando en el Parlamento varios grupos de la oposición.

Además, piden la renuncia de la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, y exigen una nueva Constitución política que sustituya la vigente, aprobada en 1993 durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La convocatoria de la protesta tiene dos puntos de partida en el centro histórico de la capital del país, la Plaza Dos de Mayo y la Plaza San Martín, ambas ubicadas a escasos metros de la sede parlamentaria.

FRICCIONES ENTRE PODERES

Desde que asumieron el poder en julio del año pasado, las fricciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo han sido una constante en Perú.

En quince meses de gestión, el presidente Castillo ha sorteado dos intentos fallidos de la oposición parlamentaria para sacarlo del poder y acumula seis investigaciones preliminares de la Fiscalía, que lo acusa, entre otros, de encabezar una supuesta organización criminal en el Gobierno para obtener ganancias ilícitas de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

En octubre pasado, la fiscal Benavides presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el mandatario, quien ha negado todas las imputaciones, que también salpican a varios miembros de su Gobierno y de su entorno familiar más íntimo.

Ante esta denuncia, que ahora está en manos de una subcomisión parlamentaria, Castillo solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la aplicación de la Carta Democrática Interamericana tras denunciar la existencia de un "complot" por parte de un sector de la oposición, de la prensa y del Poder Judicial para sacarlo del poder mediante lo que calificó como una "nueva modalidad de golpe de Estado".

El sábado pasado, movimientos sociales y partidos políticos de la oposición realizaron una marcha en Lima y otras ciudades del país, donde miles de ciudadanos exigieron la renuncia o la destitución del mandatario. EFE

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