El Congreso de Colombia, uno de los países más peligrosos para los defensores del medioambiente, ratificó este lunes el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de América Latina y el Caribe para la defensa de ecologistas.
"¡Es una realidad! Con 120 votos a favor fue aprobado el Acuerdo de Escazú", informó en Twitter el Ministerio de Ambiente, al término de un debate en la Cámara Baja en el que se discutía el acuerdo.
El expresidente Iván Duque había firmado en 2019 el pacto regional, pero el Legislativo ha tardado tres años en ratificarlo. Parlamentarios a favor del convenio denunciaban trabas en su trámite.
El Acuerdo de Escazú establece disposiciones específicas para proteger los derechos de los defensores de la naturaleza en América Latina, la región donde se concentran la mayoría de los asesinatos contra esos activistas en el mundo.
Un informe de la ONG Global Witness reveló en septiembre que Colombia es el segundo país con más ecologistas muertos, con 33 casos registrados el año pasado.
México lidera el listado con 54 homicidios, mientras que Brasil es tercero con 26.
La aprobación del acuerdo se da dos meses después de la llegada al poder del gobierno izquierdista de Gustavo Petro, de corte ambientalista y con mayorías en el Congreso.
"Ha sido aprobado como ley el tratado internacional de Escazú, que busca proteger el medio ambiente y las y los ambientalistas. Felicitaciones al Congreso y a la sociedad colombiana", celebró el mandatario en Twitter.
El acuerdo se adoptó en 2018 en Costa Rica y entró en vigor en abril de 2021 con la ratificación de 12 naciones, entre ellas Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Uruguay.
Especialmente las comunidades afro, indígenas y otros campesinos del continente que viven en zonas rurales han denunciado amenazas por enfrentarse a intereses de mineros, madereros, ganaderos y empresas de gasoductos o de explotación de petróleo.
En Colombia, los ambientalistas también confrontan a grupos armados ilegales que se lucran de actividades como la minería de oro o la tala de árboles para sembrar hoja de coca, base para producir cocaína.
Oenegés aplaudieron la decisión de este lunes: "Es una victoria para la protección de líderes ambientales, la naturaleza y los territorios", comentó la oficina en Bogotá de la ONG internacional World Wide Fund for Nature (WWF).
El Acuerdo de Escazú busca proteger el medioambiente y la salud de las personas, principalmente de los pueblos originarios, y también promueve la participación pública, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales.
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