Investigados niegan red de extorsión a exaltos cargos venezolanos en España

Madrid, 6 oct. Siete investigados en España por formar parte de una red que extorsionaba a exaltos cargos venezolanos a cambio de importantes sumas de dinero negaron este jueves formar parte de esa trama y rechazaron los cargos que la justicia les imputa.

La jueza que instruye el caso en la Audiencia Provincial de Madrid interrogó hoy a nueve acusados, dos de los cuales se acogieron a su derecho a no declarar, incluidos los supuestos cabecillas.

A todos ellos se les imputan delitos relacionados con los delitos de extorsión y blanqueo de capitales, informaron a EFE fuentes jurídicas.

El caso recayó en un principio en la Audiencia Nacional española, en el marco del causa sobre el presunto blanqueo en España de fondos procedentes del saqueo de la petrolera venezolana PDVSA, si bien acabó en un juzgado madrileño al considerar la magistrada que se trataba de delitos diferentes que no eran competencia de este tribunal.

La clave fue la declaración en 2019 del exdirector de los servicios secretos de Venezuela Carlos Aguilera, quien detalló cómo funcionaba la supuesta trama, según un informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

Los investigados se aproximaban a ciudadanos venezolanos que podrían estar relacionados con actividades de blanqueo para pedirles "dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales o la propia Policía Nacional", dice el informe.

"Este grupo de personas recibió a través de las estructuras de blanqueo de capitales proporcionadas por la organización criminal investigada millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas", añade.

Además de pedirles dinero a cambio de esas influencias, los miembros de la presunta red también estaban interesados en que se les proporcionase información sobre el partido de izquierdas Podemos, socio en el gobierno de coalición en España, y sus posibles vínculos con Venezuela, entre otras informaciones.

Entre los investigados figuran un policía municipal de Madrid, un exmilitar israelí, un inspector de Policía Nacional española y un miembro de la policía autonómica del País Vasco ya jubilado y destinado en la Secretaría de Estado de Seguridad en el momento de los hechos, además de abogados y empresarios o asesores, algunos imputados en el caso PDVSA.

En calidad de testigo y perjudicado también declaró hoy Carlos Aguilera, quien, según fuentes jurídicas, se ratificó en su testimonio de 2019 y aseguró que cuando llegó a España procedente de Venezuela quiso colaborar con la Policía.

El pasado viernes el exviceministro venezolano Javier Ochoa Alvarado confirmó que la trama le pidió 1,5 millones de euros por darle protección y facilitarle trámites como la nacionalidad, pero entregó 40.000 euros y se sintió extorsionado, de modo que les dijo que no colaboraría más, lo que motivó que deslizasen amenazas y se publicasen documentos en su contra.

Detalló que gracias al abogado José Aliste mantuvo reuniones con altos funcionarios policiales. A estos mandos les dio información sobre personas y empresas supuestamente vinculadas a casos de corrupción en España, y los policías le pidieron información de Podemos, que él proporcionó. EFE

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