Nueve años después del accidente de tren que dejó 80 muertos y más de 140 heridos cerca de Santiago de Compostela, este miércoles arranca el juicio para determinar las responsabilidades por esta catástrofe ferroviaria ocurrida en 2013, la más letal en España desde 1944.
Cuatro meses de debates, 669 testigos convocados, 44.460 páginas de expediente... Un centro cultural de esta ciudad de Galicia (noroeste) se ha transformado en sala de audiencias para acoger al gran número de abogados y partes civiles que participarán en este macroproceso que debe extenderse hasta febrero.
Dos personas acudirán como acusadas: el conductor del tren, Francisco Garzón, y el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, la gestora de la red ferroviaria española, Andrés Cortabitarte.
La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para cada uno, acusados de homicidio por imprudencia profesional grave. Los daños y perjuicios reclamados por las víctimas ascienden a casi 58 millones de euros (unos 56,9 millones de dólares), según el tribunal.
- Exceso de velocidad -
El 24 de julio de 2013, el tren de alta velocidad Alvia 04155 procedente de Madrid descarriló brutalmente poco antes de llegar a Santiago de Compostela, estrellándose contra un muro de hormigón a cuatro kilómetros de la ciudad.
El accidente causó la muerte de 80 personas, entre ellos 68 españoles, además de varios europeos y latinoamericanos. Más de 140 pasajeros resultaron heridos en el peor siniestro ferroviario que padecía España desde 1944.
La investigación no tardó en revelar que el tren circulaba a una velocidad excesiva: los 179 kilómetros por hora registrados en el momento de impacto eran muy superiores a los 80 km/h marcados como límite para aquel tramo.
Según los jueces instructores, el maquinista no habría prestado la atención necesaria ya que justo antes del accidente estaba hablando por teléfono con el interventor del tren. Eso explicaría por qué activó el freno de emergencia cuatro segundos tarde.
Abatido tras la tragedia, este hombre que tenía 52 años en el momento del accidente pidió "perdón" a las víctimas después del drama. "Cuánta pena y dolor siento", aseguró en una carta publicada un año después por el periódico local La Voz de Galicia.
Las asociaciones de víctimas y sus abogados consideran, sin embargo, que no se le puede considerar como el único responsable de lo ocurrido, ya que Adif también fue negligente al no haber equipado esta curva con sistemas de señalización, alerta o frenado automático.
- Más responsables -
Tras un largo pulso, la justicia española acabó retomando las investigaciones en 2016 y acusó también al responsable de Adif, que será juzgado finalmente junto al conductor del tren.
Esta decisión fue recibida con alivio por las familias de las víctimas, aunque siguen lamentando que ningún político vaya a rendir cuentas por lo ocurrido. En especial, las asociaciones señalan a la por entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, del Partido Popular (derecha), por haber presionado supuestamente en Bruselas para impedir que se publicara un informe crítico con Madrid.
"No sólo descarriló el tren (...) La justicia también ha descarrilado a lo largo de estos 9 años", así como "gobiernos, políticos e instituciones", lamentó en un comunicado la Asociación Plataforma de Víctimas Alvia 04155, que denuncia la lentitud de la investigación y las "mentiras" de algunos políticos.
"Durante años la maquinaria del Estado ha trabajado para eximir la responsabilidad de quienes fueron negligentes, tratando de echar toda la culpa al último eslabón de la cadena, el maquinista", critican.
Convocadas por los familiares, varias decenas de personas se manifestaron este lunes frente al Parlamento en Madrid, dos días antes de que arranque el esperado juicio.
"Nosotros no nos vamos a callar y no dejaremos de luchar hasta el final, para que se haga justicia", aseguraron.
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