Abuso de menores: Iglesias defienden secreto de confesión

Una fría tarde dominical en el Centro Católico Newman de Salt Lake City, un sacerdote advirtió a los feligreses que el secreto de confesión corría peligro.

Una nueva ley acabaría con ese vínculo sagrado, dijo el cura, quien pidió a los fieles que firmasen una carta al salir del templo. “Yo/Nosotros nos oponemos a la HB90”, decía la carta. “HB90 es una interferencia inapropiada del gobierno en la práctica de la religión en Utah”.

En pocos días de ese mes de febrero del 2020, la diócesis católica de Utah, que supervisa decenas de iglesias, dice que reunió unas 9.000 cartas firmadas y se las hizo llegar a la representante estatal Ángela Romero, una demócrata que preparaba un proyecto de ley sobre el abuso sexual de menores. Decían que la HB90 le apuntaba al “privilegio de las comunicaciones entre clero y penitentes”. Era una ley similar a las vigentes en muchos estados que eximen a los religiosos de informar los abusos de menores si se enteran de ellos durante una confesión.

Los líderes católicos de Utah se movilizaron contra la HB90, aduciendo que ponía en peligro la sagrada privacidad de las confesiones. El proyecto fue rechazado asimismo por algunos miembros de la poderosa Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos, conocida como la iglesia mormona, a la que pertenecen la mayoría de los legisladores estatales. La HB90 no tenía la menor posibilidad de ser aprobada.

En 33 estados, el clero, al igual que maestros, médicos y psicoterapeutas, está exento de denunciar presuntos abusos sexuales de menores si la iglesia considera que es información privilegiada.

Esto permitió que una cantidad desconocida de predadores sigan cometiendo abusos de menores luego de haber confesado su comportamiento a las autoridades religiosas. En muchos de estos casos, se invoca el secreto de confesión para proteger a las organizaciones religiosas de demandas civiles y penales si las autoridades civiles se enteran del abuso.

En las dos últimas décadas, legisladores estatales como Romero han propuesto más de 130 proyectos de ley que buscaban crear o enmendar las leyes relacionadas con la denuncia de los abusos sexuales de menores, según un estudio de la Associated Press. Ninguna propuesta prosperó o se hicieron cambios que no afectaban los privilegios del clero, que resistió a pie firme esas iniciativas. La AP comprobó que la Iglesia Católica romana apeló a sus contactos y a su influencia en los legisladores de algunos estados para proteger sus privilegios y que influyentes miembros de la iglesia mormona y de los Testigos de Jehová también se sumaron a esa causa.

En Maryland se montó una exitosa campaña para frustrar un proyecto que hubiera acabado con la relación de privilegio entre clero y penitente. Fue encabezada por un cardenal católico que posteriormente sería expulsado del sacerdocio por abusar sexualmente de menores y de seminaristas adultos.

En otros estados, incluidos California, Missouri y Nuevo México, una intensa oposición a estas medidas de las iglesias católica y mormona frustró también las reformas.

“Creen que tienen una misión divina, que justifica mantener limpios el nombre y la reputación de sus instituciones”, expresó David Finkelhor, director del Centro de Investigaciones de Delitos Contra Menores de la Universidad de New Hampshire, aludiendo a varias organizaciones religiosas.

EXENCIÓN PROTEGE A IGLESIAS DE SOBREVIVIENTES Y FISCALES

La investigación de la AP comprobó el mes pasado que un obispo mormón de Arizona, siguiendo instrucciones de los líderes de esa iglesia, se abstuvo de denunciar a un miembro de la congregación que había confesado haber abusado sexualmente de su hija de cinco años. La AP descubrió que el representante Merrill Nelson, abogado de la iglesia y legislador republicano de Utah, había recomendado al obispo que no acudiese a las autoridades civiles porque el clero de Arizona estaba protegido por las leyes que regulan su relación con los penitentes, según documentos judiciales.

Esto permitió que el miembro de la iglesia Paul Adams, hoy fallecido, siguiese violando a sus dos hijas y abusando de uno de sus cuatro hijos por años.

La senadora estatal Victoria Steele, demócrata de Tucson, dice que, en respuesta a este caso, tres veces presentó proyectos de ley eliminando el privilegio en torno a las relaciones clero-penitente y que legisladores mormones impidieron que fuese considerado por la legislatura.

“Se está permitiendo a la iglesia proteger a predadores sin importarles los chicos. Usan todo lo que esté a su alcance para impedir que este proyecto sea considerado”, se quejó Steele.

Hay más casos como el de Adams, en el que se invocan los privilegios del clero cuando la reticencia a denunciar abusos permite que los abusos continúen.

En Montana, por ejemplo, una mujer que fue víctima de abusos por parte de un miembro de los Testigos de Jehová a mediados de los años 2000 logró que un jurado dispusiese una compensación de 35 millones de dólares porque la iglesia se negó a denunciar su abuso. En el 2020, sin embargo, la Corte Suprema dio marcha atrás y dijo que los líderes eclesiásticos no tenían obligación alguna de hacer la denuncia pues estaban amparados por el privilegio de las relaciones entre clero y penitente.

Ese privilegio puede ser usado para proteger a las organizaciones religiosas de responsabilidades penales. En el 2013, un expolicía de Boise (Idaho) se entregó a las autoridades y confesó haber abusado de menores. Dijo que se lo había comentado a 15 miembros de la iglesia mormona, ninguno de los cuales acudió a las autoridades. Los fiscales, no obstante, decidieron no presentar cargos contra la iglesia porque en Idaho las leyes protegen la relación clero-penitente.

La iglesia mormona dijo en un comunicado escrito enviado a la AP que un miembro que confiesa haber abusado sexualmente de menores “viene en busca de una oportunidad de reconciliarse con Dios y pide perdón por sus acciones. Esa confesión es considerada sagrada y, en la mayoría de los estados, es vista como una conversación religiosa protegida”.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos no respondió de inmediato a pedidos de comentarios sobre sus campañas contra los proyectos de ley que buscan eliminar el privilegio de las comunicaciones clero-penitente.

Hay quienes dicen que abolir ese privilegio no ayudará a los niños y que, cuando el abusador puede hablar en privado con el clero, y confiesa, eso a menudo hace que suspenda los abusos.

“Se considera esencial para el ejercicio de la religión que haya un privilegio clero-penitente que permita a la gente acercarse a los sacerdotes para aliviar su carga, apaciguar su mente, su alma... buscar paz y consuelo con Dios y con su prójimo”, manifestó Nelson, el representante estatal de Utah. “Sin la garantía del secreto, la gente conflictuada no confiará en el clero”.

Los esfuerzos por eliminar el privilegio del clero en relación con las confesiones prosperaron en un puñado de estados, incluidos Carolina del Norte, Oklahoma, Rhode Island, Texas y Virginia Occidental. Documentos y entrevistas con legisladores de los 33 estados donde ese privilegio sigue vigente indican que la feroz oposición de poderosas organizaciones religiosas generalmente frustra esas iniciativas.

Los promotores de estos proyectos, por otro lado, en ocasiones son blanco de intimidaciones. Romero, la representante estatal de California, dice que recibió llamadas e emails con amenazas.

Contó también que familiares muy católicos le retiraron la palabra. “Decían que yo estaba atacando la Iglesia Católica y que quería acabar con la confesión, uno de nuestros sacramentos”.

En el 2003, el cardenal Theodore McCarrick, de Washington, dijo que si se aprobaba un proyecto eliminando el privilegio entre clero y penitente, “instruiré a todos los sacerdotes de la arquidiócesis de Washington que sirven en Maryland para que lo ignoren”.

“Estoy dispuesto a apelar a la desobediencia civil y a ir a la cárcel”, sostuvo.

El proyecto se diluyó y no llegó a ser considerado.

El privilegio clero-penitente sigue en vigor en Maryland y McCarrick fue expulsado del sacerdocio por delitos sexuales.

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En este despacho colaboraron Kim Chandler (Montgomery, Alabama), Becky Bohrer (Juneau, Alaska), Andrew DeMillo (Little Rock, Arkansas), Sophie Austin (Sacramento, California), Jim Anderson (Denver), Randall Chase (Dover, Delaware), Brendan Farrington (Tallahassee, Florida), Sudhin Thanawala (Atlanta), Keith Ridler (Boise, Idaho), John O’Connor (Springfield, Illinois), Dylan Lovan (Louisville, Kentucky), Sara Cline (Baton Rouge, Luisiana), David Sharp (Portland, Maine), Brian Witte (Annapolis, Maryland), Steve LeBlanc (Boston), Joey Cappelletti (Lansing, Michigan), Steve Karnowski (Minneapolis), Summer Ballentine (Jefferson City, Missouri); Amy Hanson (Helena, Montana), Gabe Stern (Carson City, Nevada), Susan Montoya Bryan (Albuquerque, Nuevo México), James MacPherson (Bismarck, Dakota del Norte), Andrew Welsh-Huggins (Columbus, Ohio), Andrew Selsky (Salem, Oregón), Mark Scolforo (Harrisburg, Pensilvania), Sam Metz (Salt Lake City); Wilson Ring (Montpelier, Vermont), Sarah Rankin (Richmond, Virginia), Rachel La Corte (Olympia, Washington) y Todd Richmond (Madison, Wisconsin).

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Jason Dearen y Michael Rezendes están en Twitter, en @jhdearen y @MikeRezendes. Puede contactar al equipo de investigaciones de la AP a través de Investigative@ap.org o https://www.ap.org/tips/.

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