Abren una investigación contra el Congreso peruano por falta de acceso a la información

Lima, 15 sep. El Ministerio Público de Perú abrió una investigación preliminar, a nivel policial y por un plazo de 60 días, contra el Congreso por presuntamente haber incumplido la ley de acceso a la información en el proceso de renovación del Tribunal Constitucional (TC), confirmaron este jueves a Efe fuentes judiciales.

El Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima resolvió la realización de diligencias preliminares contra quienes "resulten responsables del Congreso de la República por la presunta comisión de los delitos contra la Administración Pública - Resistencia o Desobediencia a la autoridad - en la modalidad de desobediencia y abuso a la autoridad en agravio del Estado".

Así, según se lee en el documento, que circuló en redes sociales y cuya veracidad fue confirmada por fuentes fiscales a Efe, el Ministerio Público ordenó una "exhaustiva investigación al esclarecimiento de los hechos denunciados", relativos a la presunta falta de transparencia en el proceso de elección de los nuevos magistrados del Constitucional.

El hemiciclo peruano eligió el pasado 10 de mayo a seis de los siete magistrados del TC, en una sesión rápida y sin debate, y cuyo acceso fue vetado a la prensa, que no pudo acceder a la cámara para seguir la votación de manera presencial.

Tres días después, los magistrados juraron su cargo, también en un acto breve y privado, sin acceso a los medios de comunicación.

En esas fechas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) informó a través de sus redes sociales que había recibido denuncias por una supuesta falta de "transparencia, debate y escrutinio público" en el proceso de elección.

"Conforme a los estándares interamericanos, todo proceso de elección de integrantes de Altas Cortes debe basarse en los méritos, capacidad e integridad de sus aspirantes, para no poner en riesgo su independencia", argumentó la corte.

En una etapa previa a la votación, la Contraloría envió a la comisión parlamentaria encargada de la selección de los candidatos al TC unos informes que sirvieron a los congresistas de ese grupo decidir quiénes mantenían en la carrera y quienes no.

Pero estos informes se mantuvieron siempre reservados y, aunque el Tribunal de Transparencia ordenó al presidente de dicha comisión, José Balcázar, que remitiera la documentación al diario La República, que lo había solicitado, el legislador entregó el informe con más del 80 % de las páginas censuradas, según el citado medio.

Tras la elección de los magistrados, algunos legisladores, como la no agrupada Flor Pablo, enviaron un oficio a la Contraloría para solicitar, "en aras de la transparencia", que se hicieran públicos los informes de los seis miembros electos y que la comisión no hizo públicos.

Ante tales críticas, el grupo legislativo de Balcázar emitió el 13 de mayo un comunicado en el que aseguró que durante el proceso se cumplió con "los principios de publicidad y transparencia", en la misma línea como se pronunció la entonces presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva.

"Es un día histórico para todo el Perú. Hemos cumplido una tarea pendiente que tenía el Congreso de la República (...) ha sido un trabajo transparente, dedicado y muy responsable de ocho meses", declaró.