Negociaciones con grupos indígenas ponen a prueba al Gobierno de Ecuador

Por Alexandra Valencia

QUITO, 7 sep (Reuters) - Las negociaciones en gran medida infructuosas entre el Gobierno de Ecuador y los grupos indígenas están poniendo a prueba la capacidad del presidente Guillermo Lasso para evitar nuevas protestas y garantizar inversiones mineras fiscalmente cruciales, dijeron líderes indígenas y expertos de la industria.

Lasso, un exbanquero conservador, abrió un diálogo de 90 días para discutir la implementación de un acuerdo que puso fin en junio a más de dos semanas de protestas indígenas contra su agenda económica y ambiental.

Las manifestaciones dejaron al menos ocho muertos y afectaron severamente a la industria petrolera, con presiones que obligaron a recortes inmediatos en los precios de la gasolina y el diésel, subsidios a fertilizantes y otras medidas que, según el Gobierno, costarán unos 600 millones de dólares.

El mínimo avance en las negociaciones muestra la falta de voluntad del Gobierno para llegar a acuerdos, dijeron líderes indígenas, mientras que empresarios y analistas advierten que el proceso está aumentando la incertidumbre de los inversores.

Los controles de precios en más de 40 productos básicos y los cambios en las políticas mineras también están en las conversaciones, que se prevé duren hasta mediados de octubre.

"Puede ser como un juego del Gobierno y no nos queda otro camino que nuevamente la presencia en las calles", dijo a Reuters Blanca Chancoso, expresidenta de la organización indígena Ecuarunari. "Para nosotros el paro no se ha terminado. Esperamos que (las negociaciones) no sea solamente un desgaste".

El único acuerdo firmado hasta ahora es sobre la condonación de la deuda de los pequeños agricultores, y algunos líderes indígenas amenazan con abandonar las negociaciones si no se avanza más rápidamente.

"No hay un inversionista que no esté preocupado", dijo el exviceministro de Minas Fernando Benalcázar. "Nadie invierte un dólar sino sabe que va a pasar en los famosos 90 días de las mesas de diálogo, el impacto llegó y está ahí".

Las exportaciones de las dos minas de oro y cobre a gran escala de Ecuador están convirtiendo rápidamente al sector en clave para el fisco del país. Ecuador espera ventas de minerales de al menos 2.800 millones de dólares este año.

Pero los grupos indígenas exigen una moratoria a las actividades extractivas y que se declaren nulas las concesiones en zonas sensibles. Lasso acordó suspender la aprobación de nuevos proyectos en territorios indígenas considerados ancestrales, áreas protegidas ambientalmente y zonas arqueológicas.

"Nuestra posición es no a la minería, ese el punto de inicio y a partir de ahí se verá la propuesta del Gobierno", dijo Gilberto Talahua, presidente del movimiento indígena de Bolívar, donde se ubica el proyecto Curipamba, que se convertirá en la tercera mina del país.

Las propuestas indígenas sobre minería están "fuera de toda lógica" y contra la ley, según la industria.

"Los inversionistas siguen apoyando el desarrollo sostenible de este país, pero por supuesto hay que cumplir con las condiciones que se ofreció", dijo la presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva, a Reuters.

Por su parte, el Gobierno ha dicho que está comprometido con todas las demandas de los grupos sociales, pero destacó que éstos no obtendrán todo lo que quieren.

El Ministerio de Energía y la estatal Petroecuador están participando en las conversaciones y se negaron a comentar.

"Al Gobierno lo veo débil y el presidente Lasso es una persona bastante orgullosa y no va a ceder, ni de casualidad, a las demandas indígenas y el señor Iza también está con una posición triunfalista que quiere todo o nada", dijo el exministro de Energía Fernando Santos en referencia al líder indígena Leonidas Iza.

"Veo días difíciles, no veo voluntad de llegar a acuerdos", sostuvo Santos, y agregó que la actividad petrolera y minera podría estancarse durante el gobierno de Lasso.

La oficina de Lasso dirigió preguntas al ministerio de Gobierno, que dijo que no podía conceder una entrevista a Reuters hasta finales de esta semana.

Las conversaciones tampoco han conducido a que un mecanismo para asegurar que los subsidios a la gasolina, que benefician a diversos grupos, lleguen a los más vulnerables, un eco de los fracasos de gobiernos anteriores.

Los subsidios a los combustibles costarán alrededor de 3.800 millones de dólares este año, más que los presupuestos públicos anuales para salud, educación y seguridad.

"En esas condiciones es difícil que incline la balanza para entablar una mesa de diálogo", explicó el analista político Alfredo Espinosa, quien recalca la impopularidad de Lasso y su desvinculación con la ciudadanía. "Es como que el rehén está negociando con su captor, que es el movimiento indígena".

(Reporte de Alexandra Valencia. Editado por Javier Leira)