TEGUCIGALPA (AP) — Un estadounidense capturado recientemente en Honduras por pornografía infantil es parte de una red internacional dedicada a la trata de personas que es investigada en el país centroamericano, informó el miércoles la viceministra de Seguridad de Honduras, Julissa Villanueva.
Gary Lee Johnston, de 63 años, fue capturado el 29 de agosto en la ciudad caribeña de Roatán, Islas de la Bahía, acusado de pornografía infantil. Durante un allanamiento en su apartamento se encontró a una menor de 12 años que se presume era explotaba sexualmente, según la Policía hondureña. El estadounidense está detenido preventivamente.
“Hay pruebas contundentes testificales, documentales (fotografías) y tecnológicas (videos) que demuestran su vinculación con los delitos que se imputan”, expresó Villanueva a The Associated Press.
Dijo que Lee Jonhston tenía alertas del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) debido a que consumía y producía pornografía infantil, por lo que se le daba seguimiento. “Pero le quiero decir que él no actuaba solo, es parte de una red internacional que está siendo investigada y ahí es donde se viene lo peligroso”, agregó la alta funcionaria.
La Policía Nacional llegó a la captura del extranjero en el marco de una investigación sobre la desaparición de una joven el 1 de enero de 2022 en Roatán. Ella daba un paseo en el mar con una moto acuática y nunca regresó. En principio se dijo que se ahogó, pero su cuerpo nunca fue rescatado. La viceministra Villanueva cree que podría estar viva y siendo explotada sexualmente.
“Hay evidencias que este hombre está vinculado al caso" de esa joven, aseguró la funcionaria.
Lee Johnston reside en Honduras desde hace aproximadamente seis años y se presentaba como un inversionista en la isla de Roatán, donde tiene un condominio de apartamentos, además se manejaba con bajo perfil, por lo que no es muy conocido en la zona, según la Policía.
De acuerdo con el Código Penal de Honduras, el delito de pornografía infantil puede conllevar a penas de 10 a 15 años de prisión en el país.