Siete años de abusos sexuales ante indiferencia de mormones

BISBEE, Arizona, EE.UU. (AP) — MJ era una niña delgada, de cabello negro, de solo cinco años, cuando su padre le contó a su sacerdote que estaba abusando sexualmente de ella.

El padre, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y un confeso adicto a la pornografía, estaba hablando con su obispo cuando reveló el abuso. Siguiendo la política de la iglesia, el obispo, quien era un médico de cabecera, llamó a lo que la iglesia describe como una “línea de ayuda”.

Pero recibió poca asistencia. Abogados de la iglesia, más conocida como la iglesia mormona, cuyo personal responde a las llamadas, le dijo al obispo John Herrod que no llamase a la policía ni a los servicios de protección de los menores. Por ello, mantuvo el abuso en secreto.

“Me dijeron, ‘no puedes hacer absolutamente nada’”, relató Herrod, en una entrevista grabada con la policía.

Herrod siguió dando terapia al padre de MJ, Paul Douglas Adams, por otro año, e incorporó a las sesiones a la esposa de Adams, Leizza, en la esperanza de que hiciese algo para proteger a la pequeña. No lo hizo.

Posteriormente Herrod le contó lo que sucedía a un segundo obispo, quien tampoco hizo nada tras consultar con funcionarios de la iglesia, la cual sostiene que los obispos no tenían que hacer una denuncia a la policía porque están amparados por normas que protegen la relación entre clérigos y penitentes.

Adams continuó violando a MJ por otros siete años, hasta su adolescencia, e incluso abusó de ella frente a su hermanita menor, nacida durante ese período.

A menudo filmó el abuso y difundió el video por la internet.

Adams fue finalmente arrestado por agentes del servicio de seguridad nacional en el 2017, sin ayuda de la iglesia, luego de que policías de Nueva Zelanda descubriesen los videos y alertasen a sus colegas de Estados Unidos. Adams se suicidó estando en prisión, antes de ser juzgado.

La Associated Press obtuvo casi 12.000 páginas de documentos sellados de una demanda separada por abuso sexual de un menor contra la iglesia mormona de Virginia. Los documentos ofrecen un panorama detallado de la línea de ayuda a la que llamó Herrod. Las familias de las víctimas que presentaron la demanda dijeron que revelan que hay un sistema que puede ser fácilmente manipulado por los jerarcas religiosos para impedir que las denuncias de abuso lleguen a manos de la policía y para que sean manejadas en cambio por abogados de la iglesia, que pueden ignorar el problema, exponiendo a las víctimas a nuevos abusos.

La línea fue criticada por víctimas de abusos y sus abogados, quienes dicen que no sirve para frenar los abusos y proteger a las víctimas. La iglesia con sede en Utah, no obstante, defiende el sistema a pesar de los cuestionamientos y del creciente interés de abogados y fiscales, incluidos los del caso de Adams.

“Creo que la iglesia mormona apesta”, dijo MJ, quien hoy tiene 16 años, durante una entrevista con la AP. “Son el peor tipo de personas, a juzgar por mi experiencia y por lo que pasaron otras”.

MJ y su madre adoptiva pidieron a la AP que usase solo sus iniciales, en parte porque los videos de los abusos que difundió el padre siguen circulando en la internet. La AP no publica los nombres de sobrevivientes a abusos sexuales sin su consentimiento.

William Maledon, un abogado de Arizona que representa a los obispos y a la iglesia en una demanda presentada por tres de los seis hijos de Adams, dijo a la AP el mes pasado que los obispos no estaban obligados a reportar los abusos.

“Los obispos no hicieron nada malo. No violaron las leyes y por lo tanto no se los puede considerar en falta”, expresó. Maledon opinó que la demanda era una maniobra para “sacar dinero”.

En su entrevista con la AP, Maledon sostuvo asimismo que Herrod no sabía que Adams seguía abusando de su hija tras la confesión que le hizo.

Pero en una entrevista grabada con un agente obtenida por la AP, Herrod dijo que le preguntó a Leizza Adams en varias ocasiones si el abuso continuaba y “¿qué vamos a hacer para frenar esto?”.

“Al menos por un cierto período di por sentado que eso había parado", declaró. "Y nunca pregunté si se había reanudado”.

“UN ESTILO DE VIDA PERFECTO”

La familia Adams vivía en una calle solitaria en las afueras de Bisbee, al sudeste de Arizona. En la casa reinaba un desorden continuo, con ropa tirada por todos lados y lubricantes que Adams usaba en sus relaciones con sus hijas, según documentos legales a los que tuvo acceso la AP.

La esposa de Paul, Leizza, se encargaba de todas las tareas de la casa y de los niños. Paul, quien trabajaba para la Patrulla Fronteriza, se pasaba la mayor parte del tiempo viendo pornografía por la internet, a menudo con sus hijos alrededor suyo, o se paseaba por la casa desnudo o en ropa interior.

Era muy irritable y estallaba por cualquier cosa, tirando objetos, gritándole a su esposa y golpeando a sus hijos. “Tenía una personalidad explosive”, expresó Shaunice Warr, agente de la Patrulla Fronteriza, también mormona, que trabajó con Paul y quien dijo ser la mejor amiga de Leizza. “Un temperamento horrible”.

Paul le enseñó a su hija mayor cómo usar la cámara de su teléfono para filmarlos mientras él abusaba de ella. Parecía disfrutar hablando de su abuso en chats online. En una ocasión dijo en el chat que tenía “un estilo de vida perfecto” porque podía mantener relaciones con sus hijas cuando quisiera, ya que a su esposa “no le importaba”.

Alguna vez les dijo a los investigadores que su abuso era una compulsión que no podía controlar. “Me metí en algo muy fuerte de lo que no me pude salir”, señaló.

La familia Adams estaba muy involucrada con la comunidad mormona y los domingos iba a misa en Bisbee. Fue por ello que Adams le pidió ayuda al obispo Herrod.

El religioso dijo que siempre supo que Leizza Adams no haría nada por sus hijas ya que no había mostrado emoción alguna cuando su marido reveló que abusaba de ellas. También dijo estar consciente del daño que se les hacía a las niñas.

Cuando llamó a la línea especial de ayuda, relató Herrod a Edwards, se le dijo que el “privilegio clérigo-penitente” exigía que mantuviese el abuso confidencial.

La ley no requiere eso. Por el contrario, dice que toda persona que sospeche que un menor ha sido víctima de abusos tiene la obligación legal de hacer la denuncia. Al mismo tiempo, no obstante, aclara que si un clérigo recibe información sobre el abuso sexual de un menor durante una confesión, “puede retener” esa información si lo considera “razonable y necesario” en el marco de la doctrina de la iglesia.

En el 2012, cuando Herrod fue enviado a otra iglesia siguiendo un sistema de rotaciones, le comentó lo del abuso a su sucesor, el obispo Robert “Kim” Mauzy, quien también guardó silencio.

La iglesia terminó excomulgando a Adams en el 2013, pero no acudió a la policía.

Dos años después, en el 2015, Leizza Adams dio a luz una segunda hija. Transcurridas apenas seis semanas, Adams comenzó a abusar de ella y a filmar el abuso, difundiéndolo por la internet.

La revelación de que la iglesia mormona podría haber encubierto años de abusos por parte de Adams motivó una investigación penal por parte del fiscal del Cochise County Brian McIntyre, así como una demanda civil de tres de los hijos de Adams.

“¿Quién es realmente responsable de que Herrod no hiciese la denuncia?”, preguntó McIntyre durante una entrevista con la AP. “¿Es Herrod?”, quien dice que acató lo que decían los abogados de la iglesia, “¿O la gente que lo asesoró?”.

LA LÍNEA ESPECIAL DE AYUDA

“La ‘help line’ está allí para ayudar... a la iglesia a guardar sus secretos y a encubrir los abusos”, afirmó Craig Vernon, un abogado de Idaho que presentó varias demandas contra la iglesia.

Los archivos sellados dicen que las llamadas son atendidas por trabajadores sociales o consejeros profesionales que deciden si deben llevar las denuncias al abogado Kirton McConkie, de Salt Lake City, que representa a la iglesia.

Un protocolo para esas llamadas indica que se deben usar solo los nombres de pila. “No se debe dar información que permita identificar” a una persona, señala.

Bajo el título de “Casos de alto riesgo”, se instruye al personal hacer varias preguntas, como si la llamada involucra un posible abuso de parte de un líder de la iglesia, un empleado o “una actividad auspiciada por la iglesia”.

Recomienda también acudir a un “líder religioso” para que aliente al victimario, la víctima y a otros a que denuncien el abuso. Pero también acota en mayúsculas que la persona que atiende la llamada “jamás deberá recomendar a un líder religioso que denuncie el abuso. Este tipo de recomendaciones deben ser hechas por asesores legales”.

Maledon, el abogado de la iglesia que manejó el caso de Adams, dijo que la jerarquía religiosa o los abogados de la iglesia hicieron “cientos de denuncias” de abusos sexuales ante las autoridades civiles en Arizona. Pero no pudo especificar cuántas llamadas a la línea especial no habían sido derivadas a las autoridades.

La iglesia, por otro lado, destruye los registros de las llamadas para asegurarse de que son confidenciales y sostiene que esas conversaciones están amparadas por el privilegio abogado-cliente.

Tras el suicidio de Paul Adams, Leizza Adams fue acusada de abuso sexual y pasó dos años y medio en la cárcel. Tres de los hijos de la pareja fueron a vivir con parientes, y los otros tres con familias de la zona.

EL PRIVILEGIO

La iglesia basa su defensa en la política que privilegia la relación entre sacerdote y creyente. Dice en sus presentaciones que los cuestionamientos de la actitud de la iglesia “giran exclusivamente” en torno a si las leyes de Arizona “les exigen a dos obispos de la iglesia... denunciar ante las autoridades confesiones confidenciales”.

Añade que las leyes de ese estado “excluyen las comunicaciones confidenciales con el clero”.

“Personas razonables pueden debatir si esta es la mejor opción. Pero eso no es un tema que deba decidir un jurado o este tribunal”.

El obispo Herrod dijo en una entrevista grabada que las autoridades de la iglesia le habían dicho que podía ser demandado si denunciaba lo que le había dicho Adams.

Sin embargo, McIntyre, el fiscal del Cochise County, dice que eso no es cierto, que una persona que denuncia un posible abuso no corre peligro de meterse en líos.

Al margen de los argumentos legales, hay quienes hacen planteos éticos.

“¿Qué aspecto de su práctica religiosa se promueve al no denunciar estas cosas?”, preguntó Gerard Mretz, veterano detective del Pima County de Arizona especializado en abusos sexuales de menores.

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Brady McCombs (Salt Lake City) y el investigador Randy Herschaft (Nueva York) colaboraron en este despacho.

Se puede contactar al equipo de investigaciones de la AP a través del email investigative@ap.org.

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