Lima, 19 jul. La Fiscalía Provincial Penal de Condorcanqui, en la región peruana de Amazonas, abrió este martes una investigación preliminar por el secuestro de dirigentes indígenas y autoridades locales, tras la denuncia presentada por representantes de las comunidades nativas awajún y wampís contra mineros ilegales.
El Ministerio Público informó que la pesquisa es contra los que resulten responsables por el delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro, en agravio de autoridades locales del distrito de El Cenepa y dirigentes de organizaciones indígenas.
Además, precisó que el inicio de la investigación preliminar se realiza a raíz de la denuncia pública de la Federación de Comunidades Awajún de Santiago y de la Defensoría del Pueblo, respecto al presunto secuestro de la 'waisam' (vicegobernadora en idioma awajún) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún.
Asimismo, de directivos de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), el alcalde distrital, el subprefecto y el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de El Cenepa por parte de "personas vinculadas presuntamente a la minería ilegal", de acuerdo al comunicado de la Fiscalía.
De acuerdo a la denuncia, el pasado domingo, estas personas habrían sido retenidas en el local de Odecofroc, en la comunidad nativa de Mamayaque cuando se realizaba una asamblea para tratar el tema de la minería ilegal.
Como parte de las indagaciones, el fiscal provincial de Condorcanqui ha dispuesto la realización de diversos actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos.
El lunes, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún explicó que, este domingo, un grupo de cien personas ingresó en una asamblea de varias comunidades de este pueblo, cerca de la frontera con Ecuador, para "imponer su agenda pro-minera", algo a lo que se opusieron.
Los mineros ilegales les respondieron que solo pararán su actividad si se destruyen sus maquinarias y retuvieron por varias horas a los dirigentes nativos.
"Esta situación es muy grave si tenemos en cuenta que la posición desafiante del grupo está empoderada por la misma pasividad mostrada por el Estado en no hacer nada concreto hasta ahora para detener el crimen ambiental", denunció.
Este grupo indígena amazónico aseguró que la crisis va en aumento y, según sus informaciones, ya hay más de 45 máquinas operando sobre el río Cenepa, "ocasionando graves impactos sobre la fauna hídrica".
El pueblo awajún hizo así un llamado a la comunidad internacional para que les brinde auxilio y le pidió al presidente de Perú, Pedro Castillo, que tome medidas inmediatas para detener "el flagelo ambiental infligido por personas foráneas que manipulan a los comuneros aprovechando sus necesidades".
"Estado, ¿dónde estás? Gobierno ¿por qué nos has desamparado? ¡Necesitamos respuesta urgente!", concluyó el comunicado del pueblo awajún.
La Defensoría del Pueblo se sumó al reclamo, al denunciar la situación de riesgo del defensor ambiental Hortez Baitug Waijai, líder del pueblo awajun, y pedir a la Policía de Perú y a la Fiscalía de la Nación su "intervención inmediata, tras el incidente en el que fue secuestrado por varias horas.
"Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (pedimos) monitorear la situación de riesgo para garantizar que las medidas de protección otorgadas al defensor sean efectivas", señaló la institución en Twitter.
Por su parte, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís rechazó a los "agentes internos y externos que vulneran" el equilibrio del medioambiente y que "ponen en grave riesgo" a quienes defienden la naturaleza.
Agregaron que la región norteña de Amazonas está "sufriendo en los últimos años los fuertes embates de las mafias mineras, madereras y narcotraficantes", lo que ha colocado a la población originaria "en situación de vulnerabilidad y grave riesgo de la integridad física y mental, causando una situación de zozobra en las familias wampís y awajún". EFE
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