Un muerto en protesta que pide cierre de Congreso en Perú

LIMA (AP) — Una nueva protesta el miércoles, esta vez pidiendo el cierre del Congreso, en una región al sur de Lima, dejó un manifestante muerto y 12 policías heridos, así como otros dos civiles contusos luego que en la víspera otro reclamo, que pedía la renuncia del presidente Pedro Castillo, provocó destrozos en la capital.

El choque con la policía se produjo en una carretera de la región Ica, al sur de Lima. Los manifestantes bloqueaban la vía y pedían el cierre del Parlamento, así como el cambio de la actual Constitución Política, dos pedidos en esta zona que se sumaron a la lista nacional de reclamos por el alza de precios de combustibles, alimentos y fertilizantes.

Vladimir Ramos, transportista de la zona, dijo al medio local Comisión de Derechos Humanos de Ica “pedimos el cambio de la Constitución, que se vayan estos congresistas”. Añadió que la Constitución no permite al Estado intervenir en “el alza o la baja” de los precios de los alimentos y los combustibles. “Los congresistas no hacen nada en favor del pueblo”, indicó.

Los manifestantes tenían una pancarta extensa que decía “cierre del congreso” y criticaban a la policía por disparar contra Jhony Quinto, un trabajador agrícola de 25 años y padre de dos niños, cuya muerte por una herida de arma de fuego en la cabeza fue confirmada más tarde en un comunicado por las autoridades de salud de la región.

“La protesta no es por la vacancia, es contra los precios de los alimentos y contra el Congreso que no hace nada y sólo quiere sacar al presidente”, dijo por teléfono a The Associated Press Rebeca Quintanilla, trabajadora de la agroexportación en Ica. La madre de cuatro admitió que están fastidiados con Castillo por el alza de precios, pero no creen que el presidente tenga que salir del poder. Comentó que trabajó sembrando quinua para la exportación, pero que no puede comprarla para darle de comer ese grano a sus hijos –dos de ellos con anemia-- porque ahora cuesta 4,3 dólares el kilo.

En Ica la protesta empezó el lunes y existen varios puntos de la carretera Panamericana Sur —que conecta con Lima— que estaban bloqueados, pero durante la jornada fueron liberados temporalmente por la policía. En otro punto otros manifestantes protestaron contra el presidente Pedro Castillo y un dirigente, Julio Carbajal, pidió su renuncia.

Tras ocho meses de inicio de sus funciones, tanto el Congreso como el presidente tienen elevados índices de impopularidad entre los peruanos. Un sondeo de marzo del Instituto de Estudios Peruanos arrojó que la desaprobación del Parlamento alcanza 79%, mientras que el mandatario acumula 68%.

El mandatario ha modificado cuatro veces su gabinete ministerial, es criticado por su descuido en designar funcionarios claves y tiene tres investigaciones por presunta corrupción que están congeladas hasta el fin de su gobierno. Por su parte, el Congreso es criticado por apoyar proyectos de ley que debilitan la lucha contra la corrupción, que obstruyen la mejora de la calidad educativa y por promover intereses empresariales.

En la víspera otra protesta contra el presidente dejó 25 policías heridos y el centro de Lima con destrozos. Los manifestantes intentaron incendiar el archivo de la Corte Superior, apedrearon la fiscalía, el Tribunal Electoral, rompieron cajeros automáticos y saquearon una tienda minorista de la que robaron licores, gaseosas y cigarrillos.

Los manifestantes desobedecieron el martes la inédita orden de toque de queda decretada la medianoche del lunes por el gobierno para intentar calmar una semana de protestas en otras partes del país impulsadas por el alza del precio de los combustibles, los alimentos y los fertilizantes que han dejado cuatro muertos.

El toque de queda fue criticado por expertos y fue el primero desde el fin del gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000), preso por ser el autor intelectual de 25 asesinatos durante su gestión.

El gobierno justificó la orden de inmovilización social. El ministro de Defensa, José Gavidia, dijo la víspera a periodistas que el toque de queda estuvo motivado por información de inteligencia que indicaba que “los actos de violencia iban a generalizarse sobre todo en el centro de Lima, por lo que había que tomar medidas extremas”.

Desde inicios de la semana pasada se han producido diversas manifestaciones impulsadas por transportistas y camioneros en todo Perú y el número total de fallecidos subió a cinco el miércoles.

Dos importantes diarios de Perú -El Comercio y La República- coincidieron en sus editoriales del miércoles que Castillo debe dejar el poder.

“A estas alturas su incompetencia luce ya incorregible, su presidencia insostenible y su renuncia, la mejor salida a la situación de desgobierno en la que nos encontramos”, dijo El Comercio. La República escribió “es el tiempo exacto para que Castillo renuncie, asuma la vicepresidenta Dina Boluarte y se convoque a elecciones generales. Es hora de que se vayan todos”.

El mandatario admitió al Parlamento que Perú vive una crisis económica y explicó que el alza de precios fue impulsada por los efectos del COVID-19 y atizada por el reciente conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha llevado al país a una “economía de guerra”.

En respuesta a las protestas el gobierno ha suspendido un impuesto que eleva hasta 30% el costo final del combustible y ha propuesto al Parlamento exonerar de impuestos a ciertos alimentos muy consumidos como la carne de pollo, de res y los huevos.

El primer ministro Aníbal Torres dijo a la radio colombiana Blu que buscan dialogar con la oposición, pero ésta “solo se fija en la protección de los monopolios y oligopolios, que son los que fijan los altos precios para el consumidor y nosotros estamos en esa tendencia de reducir o eliminar estas deformaciones de la economía”.

El viernes el Instituto Nacional de Estadística informó que la inflación mensual de marzo fue de 1,48%, la más alta en 26 años. En febrero de 1996 había sido de 1,53%.

El presidente y el Congreso están enfrentados desde el inicio de la gestión de ambos poderes el 28 de julio de 2021.

Desde el jueves el país está sin ministro de Salud luego de que el Congreso censuró a Hernán Condori, un polémico médico que promocionaba productos sin aval científico y en cuya gestión disminuyó la vacunación contra el COVID-19.