El gobierno británico dio marcha atrás el viernes y aseguró que sí prohibirá las terapias de conversión que pretenden cambiar la orientación sexual de los homosexuales, tras provocar un alud de reacciones indignadas al anunciar que abandonaba el proyecto.
El ejecutivo del conservador Boris Johnson había anunciado en octubre que crearía un delito penal para prohibir estas prácticas.
El proyecto de ley debía tipificar como delito, pasible de hasta cinco años de cárcel, aplicar estas prácticas a menores de 18 años en todos los casos y a adultos que no hayan consentido libremente en participar o no hayan sido plenamente informados de las posibles consecuencias.
Pero el jueves, un portavoz del gobierno afirmó que los ministros estaban considerando finalmente medidas "no legislativas" para combatir dichas terapias.
El anuncio generó tal revuelo -con activistas y políticos de todos los bandos denunciando el abandono del proyecto legislativo- que el primer ministro conservador finalmente “cambió de opinión” unas horas después, según una fuente gubernamental citada por la agencia de noticias británica PA.
Según dicha fuente, la prohibición seguirá adelante, pero sólo afectará a las terapias de conversión por orientación sexual y no a aquellas por identidad de género, destinadas a que las personas transgénero renuncien a cambiar su identidad.
“La única consecuencia que tendrá esto es que los más vulnerables seguirán siendo los más desprotegidos, las personas trans tienen el doble de probabilidades de que se les someta a una terapia de conversión”, denunció en Twitter Jayne Ozanne, lesbiana y destacada figura de la Iglesia de Inglaterra que lleva haciendo campaña contra estas terapias desde 2015.
Según las cifras del gobierno, al 5% de las personas LGTB se les ha ofrecido una terapia de conversión en el Reino Unido y el 2% se ha sometido a ella. Sin embargo, las asociaciones denuncian que estas cifras no son representativas de la realidad.
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