El Salvador intensifica su lucha contra las pandillas

SAN SALVADOR (AP) — Con arrestos masivos, cierres de comunidades con presencia de pandillas y allanamientos casa por casa, las fuerzas combinadas de seguridad de El Salvador intensificaron el martes su lucha contra estos grupos criminales que en cuatro días perpetraron al menos 89 homicidios.

Para combatir la ola de violencia el Congreso aprobó el estado de excepción, que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.

La oposición y organizaciones no gubernamentales sostuvieron que las fuerzas de seguridad se están excediendo en la aplicación del estado de excepción. La medida durará 30 días aunque se podría extender por otro mes.

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, mostró preocupación por el aumento de la violencia y los asesinatos durante el fin de semana y, según una declaración atribuida a su portavoz, Stéphane Dujarric, confía que las medidas que se adopten como respuesta estén en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado salvadoreño a revertir todas las medidas que pongan en riesgo la integridad de las personas privadas de libertad, incluyendo el encierro permanente, reducción de alimentos e implementos de higiene.

Por la noche, Bukele dijo vía Twitter que pidió al Congreso que se reúna para darle más herramientas legales para combatir eficazmente a las pandillas y rechazó las declaraciones de la CIDH.

El fiscal general Rodolfo Delgado informó temprano en una entrevista con la televisión estatal que “sin disparar un tiro” en los últimos dos días han capturado a 1.476 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos a algunos de sus cabecillas.

“Yo he sido víctima de las pandillas, les he pagado renta. Que los metan a todos a la cárcel”, manifestó a The Associated Press Esteban Maravilla, quien trabaja en el transporte colectivo.

El presidente Nayib Bukele advirtió a las pandillas que, si no dejan de matar, sus compañeros en las cárceles van a pagar las consecuencias. Según información oficial, 16.000 pandilleros están recluidos en las prisiones salvadoreñas, a los que se suman los recientemente capturados.

Las acciones represivas del gobierno parecen haber comenzado a dar resultado, ya que después de registrar 62 homicidios el sábado, el lunes sólo se confirmaron dos asesinatos y la Policía Nacional Civil dijo que corresponden a pandilleros de la MS-13. No aclaró quién asesinó a esos pandilleros.

Soldados con uniformes de camuflaje, encapuchados y con rifles en mano estaba desplegados el martes frente barricadas con púas en el control para ingresar a la comunidad San José El Pino, en Santa Tecla, al este de la capital. Todos los que quieran salir o entrar deben de mostrar su identificación y comprobar dónde trabajan. Después los someten a una minuciosa inspección.

"Yo tengo mi carnet del trabajo y mi DUI (Documento Único de Identidad) y no he tenido problemas, pero lo registran todo, todo", dijo a la AP Héctor Flores a pocos metros de barricada.

“Los soldados y policías entraron en domingo en la noche y se metieron casa por casa. Creo que se llevaron todos (los pandilleros), pero siguen buscando", dijo el hombre, que vive en una de las zonas “controladas” por la Mara Salvatrucha.

Los controles de las fuerzas de seguridad en estas comunidades han provocado críticas de políticos opositores y de organismos defensores de los derechos humanos.

El régimen de excepción no contenía restricciones de movilidad “y ya el gobierno ha sitiado, se ha tomado algunas comunidades donde la fuerza armada tiene el control de quién entra y quién sale”, dijo el abogado Eduardo Escobar, de la organización no gubernamental Acción Ciudadana.

Por su parte la diputada Claudia Ortiz, del partido conservador Vamos, afirmó que hay una desconexión entre lo que se legisló y lo que se está haciendo con el régimen de excepción. “La libertad de tránsito no se limitó y ya hay ciudadanos que están denunciando estos cercos en colonias”.

La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), dijo en un comunicado de prensa que el estado de emergencia decretado como respuesta a la alarmante ola de violencia en El Salvador no se apega a los estándares internacionales de derechos humanos que el país se ha comprometido a respetar.

“Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, sólo defienden asesinos como si disfrutaran ver los baños de sangre. Dígame cuántos miles de pandilleros van a llevarse, para que los traten como reyes allá”, se quejó Bukele.

En tanto, continúa la polémica sobre el motivo de la ola de violencia.

Para Escobar el gobierno no tiene el control de los territorios y expertos aseguran que se ha roto la supuesta negociación entre las pandillas.

Pero el diputado William Soriano, del oficialista partido Nuevas Ideas, atribuyó el incremento de la violencia a la suspensión de los permisos a casi 300 unidades del transporte colectivo que el gobierno comenzó a operar y en las que las personas no pagan pasaje.

“Casualmente después de que se intervienen ciertas rutas del transporte público que funcionan como lavado de dinero para las pandillas, como fuente de renta para las pandillas, una fuente bastante fuerte de ingresos, se dan estos repuntes. Significa que les está tocando directamente el bolsillo a las pandillas”, afirmó el legislador.

Las pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresarios del transporte colectivo y asesinan a los que se niegan a pagar, según las autoridades.