EEUU: temor por robo de salarios a trabajadores temporales

Para Maribel Hernández, enfermarse con covid-19 en una empresa procesadora de langostas de agua dulce (crawfish) en Luisiana y perder su trabajo ya había sido terrible. A la trabajadora mexicana, sin embargo, le esperaba otro golpe. Una investigación federal, realizada en 2020 y enfocada inicialmente en la seguridad laboral del lugar, reveló que la empresa no le pagó a Hernández y a otros 99 trabajadores temporales un total de 138.629 dólares en horas extras.

Los 100 empleados se vieron privados de su sueldo “en medio de la pandemia, cuando los trabajadores de la industria alimentaria se arriesgaron para apoyar la economía”, según anunciaron funcionarios del Departamento del Trabajo de Estados Unidos en agosto de 2021. Recientemente, los funcionarios le dijeron al Center for Public Integrity que a 35 de los trabajadores extranjeros también se les debían 12.922 dólares en concepto de pago por enfermedad exigido por la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA).

Pagarles de menos a trabajadores como Hernández no es un problema aislado. Entre 2005 y 2020, se les ordenó a empleadores estadounidenses de todo el país que les pagaran más de 42,5 millones de dólares en salarios atrasados a 69.000 trabajadores con visados H-2A y H-2B, que realizan labores estacionales de baja remuneración.

Pero a defensores de los trabajadores les preocupa que muchos más empleados estén siendo engañados. También les preocupa que las investigaciones del Departamento del Trabajo —que tiene un control especial sobre estos trabajadores invitados— no sigan el ritmo del enorme aumento de trabajadores. Los casos cerrados enfocados en acusaciones de violaciones específicas de laos visas H-2A y H-2B aumentaron solo ligeramente: de 424 casos en 2011 a 478 en 2019, según un análisis de los datos del departamento realizado por Public Integrity. En el mismo periodo, el número total de estas visas anuales para trabajadores invitados pasó de 106.000 a 302.000. La demanda de más visas está creciendo, a pesar del aumento en algunos estados de la retórica contra trabajadores extranjeros que agarró vuelo en la era de Trump.

Como cualquier persona empleada en Estados Unidos, los trabajadores invitados tienen protecciones legales y el derecho a presentar quejas sobre sospechas de robo de salario ante funcionarios del gobierno, y hacerlo de forma confidencial. Pero los defensores dicen que los trabajadores suelen dudar debido a la propia estructura de los programas de visas H-2A y H-2B. Son especialmente vulnerables: las visas de los trabajadores invitados los vinculan a un empleador concreto, y si un jefe sospecha siquiera que son denunciantes, los trabajadores pueden temer perder sus visas y una codiciada oportunidad de trabajar legalmente en Estados Unidos.

“Los trabajadores que se ponen en contacto con nosotros, hablamos con ellos, y muchos de ellos saben que sus derechos están siendo violados”, dijo Caitlin Berberich, abogada de Southern Migrant Legal Services en Nashville, cuyos clientes que buscan ayuda legal pro bono incluyen a trabajadores temporales. Muchos deciden no actuar.

En la primavera de 2020, la preocupación inmediata de Hernández era la salud, no el sueldo. Ella y otros trabajadores H-2B de Acadia Processors LLC en Crowley, Luisiana, empezaron a dar positivo en las pruebas de coronavirus. Los supervisores primero confinaron a los que tenían síntomas de COVID-19 en las literas de la empresa, y luego, el 15 de mayo, ordenaron a los trabajadores que subieran a vehículos con destino a las viviendas de cuarentena suministradas por el estado, dijo Hernández en una queja que presentó posteriormente ante la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo. Tosiendo y adolorida, Hernández y una compañera de trabajo se dirigieron a un hospital. Se quejaron de la lentitud de la empresa a la hora de evitar la propagación del virus en el trabajo, y les preocupaba no recibir atención médica en la cuarentena.

Las mujeres dicen que tienen la intención de reanudar su trabajo en cuanto estén saludables. Pero afirman que un representante de la empresa con el que hablaron desde el hospital les dijo que Acadia estaba obligada a denunciarlas a los funcionarios de inmigración por abandonar el trabajo violando sus visas. Las mujeres presentaron una queja unas semanas más tarde ante el Departamento del Trabajo en la que alegaron que habían sido despedidas en represalia por haber expresado su preocupación por su seguridad.

“Temía que quedarme en la vivienda de cuarentena pusiera en peligro mi vida”, dijo Hernández a los investigadores en una declaración jurada por escrito.

Seis meses más tarde, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) del departamento consideró que no había “evidencia suficiente” para sustentar la reclamación. Pero la OSHA alertó a la División de Salarios y Horas del departamento sobre las sospechas de infracción del pago de la licencia por enfermedad, lo que llevó a descubrir que Acadia no había calculado correctamente el pago de horas extras y primas por libra de cangrejo de río procesada.

Hernández estaba en su casa, en el estado de Veracruz, México, cuando se enteró de estas conclusiones. Había dejado Luisiana en junio de 2020 después de sentirse mejor. Eventualmente, recibió una parte de las horas extras y el pago por enfermedad que se le adeudaba, y que, según los funcionarios, Acadia ha pagado en su totalidad. Pero perdió dos meses de trabajo al perder la visa patrocinada por el empleador.

Acadia Processing no respondió a las solicitudes de comentarios. SeafoodSource.com informó el año pasado que Julie Broussard, una de las copropietarias, le dijo al sitio web de noticias del sector: “Nuestra política es no comentar sobre asuntos legales”. En junio de 2020, un año antes de que se anunciara la infracción salarial, el Lafayette Advertiser habló con Scott Broussard, un copropietario, que dijo que Hernández y su compañera de trabajo no fueron despedidas, sino que “huyeron de la escena”. También dijo que Acadia había seguido todas las recomendaciones del estado sobre el equipo de protección personal y el distanciamiento social.

Hernández sigue molesta —sin embargo, quiere volver a ser una trabajadora con visa temporal.

“La verdad es que quiero regresar”, dijo la madre de 31 años durante una entrevista telefónica. “Estoy tratando de conseguir un nuevo empleo para volver a trabajar y sacar adelante a mi familia”.

Soportar los abusos para mantener la visa

La decepción —y el deseo— de Hernández no es inusual entre los trabajadores invitados.

Las visas H-2B para trabajos no agrícolas y las visas H-2A para trabajos agrícolas no allanan el camino para inmigrar legalmente. Pero sí les permiten a los extranjeros pasar meses ganando mucho más que en sus países de forma legal, aunque sea temporalmente. El salario mínimo diario en México es de sólo el equivalente a 7,15 dólares estadounidenses. Compara esa cifra con los 9,75 dólares por hora y los 14,63 dólares por horas extras más allá de las 40 horas semanales que Acadia Processors prometió que ganarían sus trabajadores invitados. Si eran rápidos, podrían ganar más que el mínimo por hora si se les pagaba por libra de langosta de agua dulce (crawfish) que pelaran, según los registros del Departamento de Trabajo.

A pesar de la gran cantidad de reglamentos y estatutos específicos sobre visas, los trabajadores invitados pueden sentirse impotentes. La mayoría habla poco inglés. A menudo trabajan en zonas aisladas y dependen de los empleadores para sus necesidades diarias. Algunos dependen de los jefes para comer. Los trabajadores H-2A cuentan con un alojamiento que los empleadores están obligados a proporcionar de forma gratuita. Hernández y sus compañeros de trabajo con visas H-2B se hospedaban en una vivienda de la empresa por 50 dólares a la semana. Pero, sobre todo, los trabajadores dependen de los empleadores para obtener las visas. Y, por mantenerlas, algunos han soportado abusos brutales.

Los fiscales federales de California, Florida y Georgia alegan que las redes de contratación de fuerza laboral no sólo robaron salarios, sino que también cometieron fraude de visas y otros delitos. En Georgia, individuos armados presuntamente amenazaron a trabajadores temporales en los campos. Menos dramáticas, pero más comunes, son las acusaciones de que los jefes hacen trampas con las horas extras, se niegan a pagar los gastos de visas y de viaje, como se les exige, y manipulan el sistema de visados para rebajar el sueldo de los trabajadores.

“Estos programas están fundamentalmente viciados”, dijo Evy Peña, directora de desarrollo en la Ciudad de México del Centro de los Derechos del Migrante, un grupo con sede en Baltimore y México. El centro ayudó a Hernández a presentar su denuncia ante la OSHA.

Los problemas comienzan, dijo Peña, porque la ley estadounidense vincula las visas de los trabajadores a los empleadores que los patrocinan. Así, los trabajadores no pueden renunciar y encontrar rápidamente otro trabajo a voluntad. Por ello, los defensores instan a la administración del presidente Joe Biden a hacer más para proteger a los trabajadores que denuncien abusos, para que no sacrifiquen los visados y los ingresos que necesitan sus familias, como hizo Hernández. Además, los trabajadores que hablan francamente se arriesgan a ser incluidos en una lista negra para futuros trabajos, lo que, al igual que las represalias, es ilegal. Pero verse envueltos en una larga investigación también puede ser desalentador para ellos. Los datos del Departamento del Trabajo muestran que la mitad de las investigaciones H-2A y H-2B duran siete meses o más, en comparación con los cuatro meses de todos los casos de robo de salarios.

Oficiales encargados de investigar denuncias de salarios declinaron conceder una entrevista, pero en un correo electrónico dijeron que su unidad “se toma las represalias muy en serio y utiliza todas las herramientas a su disposición cuando se encuentra con empleadores que han tomado medidas de represalia”.

Algunos trabajadores invitados, como alternativa, recurren a abogados pro bono o a otros defensores que han escuchado son de confianza.

Una demanda civil presentada el pasado octubre en Luisiana, por ejemplo, acusa a Sterling Sugars Sales Corp., una empresa procesadora de caña de azúcar de Franklin, de haber “hecho declaraciones falsas deliberadamente” cuando le solicitó al Departamento del Trabajo la autorización requerida para los trabajadores temporales. Presentada por el Southern Migrant Legal Services, la demanda en nombre de 14 empleados alega que Sterling “tergiversó deliberadamente” las funciones de los trabajadores al afirmar que serían “operadores de equipos agrícolas” elegibles para las visas de trabajadores agrícolas H-2A.

En cambio, según la demanda, la única tarea de los trabajadores era conducir camiones de gran tonelaje entre las procesadoras y los campos de caña de otros empleadores. Los trabajadores ganaron una tarifa local de trabajador agrícola invitado de 11,88 dólares por hora en 2021, alrededor de un 40% menos que lo que devenga un camionero comparable en la zona, según la demanda. Dado que la mayoría de estos trabajadores agrícolas están exentos de las normas federales sobre horas extras, Sterling también evitó, supuestamente, el pago de horas extras —a pesar de que los trabajadores a menudo conducían hasta 80 horas a la semana.

Si hubiesen tenido visas H-2B en lugar de H-2A, según la demanda, los salarios hubiesen sido mucho más altos.

Sterling no respondió a las solicitudes de comentarios, pero negó haber actuado mal en una respuesta inicial presentada el pasado diciembre en la Corte de Distrito de Estados Unidos en Lafayette. La demanda de los trabajadores, alega la empresa, falsea “las leyes, reglamentos y estatutos” que rigen los programas de trabajadores invitados. Entre otras defensas, alegó que sus “prácticas salariales no violan ni violaron en ningún momento” la Ley de Normas Justas de Trabajo, cuyas disposiciones incluyen los requisitos de pago de horas extras.

Colocar a los trabajadores en la categoría de visa equivocada no es la única forma en que las empresas pueden intentar amañar el sistema de visados. Desde 2010, los funcionarios laborales han confirmado 757 casos en los que los trabajadores H-2B realizaron tareas que deberían haber merecido una remuneración mayor. Los empleadores tuvieron que pagar 880.000 dólares en salarios atrasados.

Para traer trabajadores invitados, las empresas deben demostrar ante la Oficina de Certificación de Fuerza Laboral Extranjera del Departamento del Trabajo que los anuncios que publicaron buscando a empleados no atrajaeron a suficientes estadounidenses. Luego le piden al Departamento de Seguridad Nacional autorización para las visas.

Independientemente del número de solicitudes de empleo individuales que certifiquen los funcionarios laborales, el Congreso ha limitado las visas H-2B a 66.000 al año. Pero el sistema incluye exenciones y autoriza al Departamento del Trabajo y al de Seguridad Nacional a añadir conjuntamente más visas si están convencidos de que, de lo contrario, las empresas pudieran verse perjudicadas. El año pasado funcionarios laborales certificaron 181.451 empleos H-2B, mucho más del doble del límite. En respuesta, este año se han añadido 20,000 visas H-2B más para que las utilicen las empresas. Las visas H-2A no tienen límite. Las certificaciones laborales para empleos H-2A se duplicaron con creces desde 2016 y superaron más de 317.600 en 2021.

Más del 90% de los trabajadores H-2A y el 75% de los H-2B proceden de México. Los programas se hacen eco del antiguo Programa Bracero, un acuerdo de la época de la Segunda Guerra Mundial con México para suministrar trabajadores invitados para cubrir la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos. Los braceros, un nombre derivado de “brazos”, siguieron siendo reclutados hasta que el Congreso le puso fin al programa en 1964 debido a las quejas de malos tratos.

La gestión de las visas, creciente corrupción

Para evitar abusos, personal de los consulados estadounidenses que entrevista a los trabajadores invitados antes de concederles la visa les proporciona información en línea y folletos sobre sus derechos, incluido el derecho a quejarse confidencialmente ante funcionarios laborales.

Entre tanto, los investigadores de asuntos laborales están sometidos a la presión de las empresas para relajar la supervisión. Desde 2016, el lenguaje adjunto al presupuesto del Departamento del Trabajo ha prohibido que la agencia aplique una norma salarial para los trabajadores H-2B que las industrias alegan que es demasiado onerosa. Con algunas excepciones, la norma es que si el trabajo se ralentiza — si el abastecimiento de langostas disminuye, por ejemplo — los trabajadores invitados deben seguir cobrando las tres cuartas partes de las horas de trabajo prometidas en los contratos.

Para evitar que las empresas utilicen a los trabajadores invitados para reducir los salarios, los funcionarios laborales están facultados para fijar un salario mínimo para estos trabajos superior al local o al vigente. Pero el director legal del Centro de los Derechos del Migrante, Benjamin Botts, ex abogado del Departamento de Trabajo, dijo que ha visto a los empleadores evadir las protecciones.

Un caso que durante un año Botts llevó en Salinas, California, condujo a una orden de pago de 1,1 millones de dólares en salarios atrasados y otros daños en 2016 para los trabajadores de la fresa. Según los funcionarios, fueron mal pagados y extorsionados. Los responsables de Fernandez Farms le dijeron a un grupo de 85 a 90 trabajadores agrícolas con visas temporales que no volverían a conseguir trabajo, según las autoridades, si les revelaban a los investigadores que los jefes cobraban por el alojamiento y se negaban a reembolsar los gastos de visas y de viaje, que en el caso de una mujer sumaban 1.500 dólares.

Un juez administrativo determinó que los supervisores “les dejaron claro a los trabajadores que si revelaban las infracciones, habría repercusiones, y les dijeron que los investigadores no cumplirían ninguna de sus promesas”.

La extorsión es ilegal a ambos lados de la frontera. Pero, como reconoce un informe de la Oficina de Control y Fiscalización del Gobierno (GAO), algunos reclutadores en México han exigido sobornos por reservar empleos para los trabajadores. El soborno se considera una infracción de “transferencia de costos” que merma la compensación económica de los trabajadores. No reembolsar los gastos de los trabajadores en concepto de visas y viajes de ida y vuelta a los puestos de trabajo en Estados Unidos es otra de las violaciones de la transferencia de costos. Los datos del Departamento del Trabajo muestran que los investigadores confirmaron casi 22.000 infracciones por transferencia de costos que dieron lugar al pago de 3,7 millones de dólares en salarios atrasados entre 2005 y 2020.

Los investigadores también confirmaron 2.300 infracciones de las normas de alojamiento H-2A que dieron lugar a pagos de 670.000 dólares a los trabajadores.

Defensores dicen que los trabajadores suelen soportar algunos engaños para conservar el dinero que reciben. La presión social también puede ser un factor.

“Hay comunidades enteras en México que dependen de estos programas”, dijo Peña, del Centro de Derechos del Migrante en México. “Si alguien denuncia los abusos, puede significar que los empleadores tomen represalias no sólo contra esos trabajadores que denuncian en particular, sino también contra sus familiares en la comunidad”.

Olivia Guzmán y su esposo Fausto García, trabajadores temporales en Luisiana, enfrentaron presiones en México, así como la inclusión en una lista negra de empleos en la industria de la langosta de agua dulce en Estados Unidos, según las quejas que presentaron en 2014 y 2015, respectivamente, ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Resolvieron sus casos con una indemnización. En un raro reconocimiento del daño sufrido, también se les autorizaron visas U, permisos de residencia en Estados Unidos para víctimas de delitos o testigos que han sido amenazados durante las investigaciones en el país. Cuando Guzmán se reunió con otros trabajadores invitados en México para discutir sus preocupaciones, sufrió intimidación, dijo la abogada Mary Yanik, directora de la Clínica Jurídica de Derechos de los Migrantes de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans.

Guzmán y García pertenecen a la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses, con sede en México. Desde Mexico, Guzmán le dijo a Public Integrity que muchas mujeres que procesan langostas se quejaron ante ella por no recibir el pago de horas extras.

“Se aprovechan de gente con mucha esperanza y deseo de trabajar”, dijo.

‘Yo soy el que tiene el poder aquí’

Cerca de Baton Rouge, Luisiana, un caso en curso del Departamento del Trabajo contra una importante granja de caña de azúcar plantea nuevas preocupaciones sobre la intimidación que pueden enfrentar estos trabajadores estacionales o temporales en sus lugares de trabajo en Estados Unidos. Marty Walsh, secretario de trabajo de Biden, ha dicho que el departamento tiene la intención de ser más duro con los empleadores que explotan a los indocumentados. En este caso de Luisiana, los funcionarios reconocen que los trabajadores invitados — aunque estén aquí legalmente — son especialmente vulnerables porque las visas los vinculan a los empleadores.

El pasado mes de septiembre, el departamento demandó a Rivet & Sons, una granja de 6.000 acres de Luisiana, exigiendo protecciones para los trabajadores invitados y el pago de salarios atrasados. Tres trabajadores huyeron de la granja después de que los trabajadores filmaron a Glynn Rivet, en aquel momento copropietario de Rivet & Sons, mientras maldecía, blandía dos pistolas y disparaba cerca de los trabajadores el 8 de junio. El día anterior, Rivet se puso hostil cuando los trabajadores le pidieron más agua potable y les dijo que la sacaran de una zanja, según la demanda del Departamento del Trabajo del 22 de septiembre.

Las autoridades alegan que el mismo día en que Rivet disparó sus pistolas, trasladó a los trabajadores a un campo y se marchó gritando: “Yo soy el que tiene el poder aquí”.

Tras el incidente de la pistola, los trabajadores se pusieron en contacto con la policía y a los pocos días tres de ellos abandonaron la granja, perdiendo así los empleos que esperaban tener desde el 15 de marzo hasta el 15 de enero, según informaron los funcionarios laborales.

“Como (ellos) eran trabajadores H-2A, sus opciones eran limitadas porque no eran libres de buscar otro empleo en Estados Unidos”, escribieron los funcionarios en la demanda. “En resumen, se vieron atrapados con sólo dos opciones: quedarse o irse”, y tres trabajadores optaron por irse “para evitar más actos de violencia”.

El departamento exige que Rivet & Sons les pague a los trabajadores que huyeron los salarios perdidos, los gastos de viaje y otros gastos debido a la pérdida de sus empleos. Los funcionarios también dijeron que uno de los hijos de Rivet les pidió a los trabajadores que se retractaran de lo que le habían dicho a la policía o enfrentarían la pérdida de trabajo porque la granja podría cerrar.

Glynn Rivet fue arrestado el 11 de junio y acusado de cuatro cargos de agresión con agravantes y uso ilegal de armas. Si completa un programa de desviación previo al juicio, los cargos podrían retirarse. En una presentación judicial del 30 de diciembre, los hijos de Rivet pidieron que se detuviera la demanda del Departamento del Trabajo porque habían apartado a su padre de la propiedad y la gestión de la empresa después del incidente. Los hijos también alegan que los trabajadores que se fueron lo hicieron voluntariamente.

Lo ideal, alegan los defensores, sería que el Departamento de Seguridad Nacional aceptara darles a los trabajadores invitados que huyen de abusos una autorización para estar en el país temporalmente y permisos para buscar otros lugares de trabajo que necesiten mano de obra. Un proyecto de ley en el Congreso les proporcionaría visas U a estos trabajadores, pero no ha avanzado.

El caso de Rivet & Sons no es la primera vez que la granja se ve envuelta en un conflicto laboral. Aunque no es nombrada como acusada, la empresa ocupa un lugar destacado en una demanda colectiva en curso presentada en agosto de 2020 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Arkansas. Empleados con visas H-2A están demandando a Lowry Farms, un contratista laboral de Arkansas, acusándole de engañar a trabajadores que suministró a granjas de Luisiana — incluyendo Rivet & Sons — entre 2016 y 2019. En la demanda no se acusa a Rivet & Sons de haber actuado mal.

Bernabé Antonio Benito, un trabajador de Lowry Farms, afirma en una declaración jurada que trabajó en los campos de caña de azúcar de Rivet en 2018, con unos 40 trabajadores más. Un reclutador en México le dio un documento que garantizaba un salario de 10,73 por hora en dólares estadounidenses, dijo Benito, pero “no fue así”.

“Nunca fue explicado cómo se estaba pagando mi sueldo y los de los otros trabajadores con visa H-2A”, dijo, “y tampoco quedó claro si era por acre, por día de trabajo u otra manera. ... La mayoría del tiempo, los talones de cheques no enseñaban la cantidad correcta de las horas que yo había trabajado”.

En una presentación judicial, Lowry Farms niega las acusaciones de irregularidades. Gregory Thomas, abogado del negocio y del propietario Michael Clayton Lowry, declinó hacer comentarios.

Según los registros del Departamento de Trabajo, los funcionarios cerraron un caso en 2015 contra un negocio anterior de Lowry, Clay Lowry Forestry, después de que el negocio les pagara un total de 2.567 dólares en salarios atrasados a 37 trabajadores H-2B y 5.000 dólares en multas.

“Tenemos que revisar todo este sistema”, dijo la abogada de los trabajadores de Lowry, Anne Janet Hernández, del Southern Poverty Law Center, “para asegurarnos de que los individuos puedan venir aquí a trabajar y contribuir a nuestra economía en sus términos y no en términos de explotación”.

Caitlin Berberich, abogada del Southern Migrant Legal Services, coincide. Representa a los 14 camioneros de Sterling Sugars Sales Corporation que alegan que fueron clasificados erróneamente como trabajadores agrícolas H-2A y mal pagados en Luisiana. Los trabajadores H-2A pueden transportar los productos al almacén, pero sólo si también realizan una cantidad considerable de trabajo agrícola real, y sólo si su jefe produce más de la mitad de lo que transportan. Los trabajadores dicen que eso no se cumplió en el caso de ellos.

En México, Maribel Hernández, la empleada de la industria de la langosta a quien le pagaron de menos en Luisiana, tiene una advertencia para los futuros trabajadores temporales que piensan que un permiso para trabajar en Estados Unidos garantiza un salario y un trato justos: “Valoren sus derechos. Fuimos con papeles, y pasamos por tanto dolor”.

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Univision tradujo la versión en español de este artículo.