Los funcionarios electorales que se preparan para las elecciones de este año en Estados Unidos tienen una nueva preocupación de seguridad para añadir a una lista larga que incluye ya amenazas de muerte, desinformación, ransomware y ciberataques: amenazas internas.
En un puñado de estados, las autoridades investigan si funcionarios electorales locales instruyeron o contribuyeron a violaciones de seguridad en sus propias oficinas. Al menos algunos han expresado dudas sobre la elección presidencial del 2020 e información derivada de esas violaciones ha surgido en teorías de conspiración promovidas por aliados del expresidente Donald Trump.
Aumentando los temores está una ola de candidatos para cargos estatales y locales este año que repiten las acusaciones falsas de Trump sobre su derrota ante el demócrata Joe Biden.
“Colocarlos en posiciones de autoridad sobre elecciones es como poner a un pirómano a cargo de los bomberos”, dijo la secretaria de estado de Michigan Jocelyn Benson, una demócrata y exdecana de derecho que es la máxima funcionaria electoral en el estado.
Los expertos dicen que las amenazas internas siempre han sido una preocupación. Pero previamente, el foco estaba más en lo que podía hacer un voluntario en las urnas o un empleado de tiempo parcial en las casillas o el sistema de un condado, dijo Ryan Macias, que asesora a funcionarios a niveles federal, estatal y local sobre seguridad electoral. Ahora, el daño potencial se extiende a los cimientos mismos de la democracia: la realización de elecciones limpias.
“Desde 2020, los esfuerzos coordinados para tener a elementos amenazadores como candidatos en elecciones, funcionarios electorales o voluntarios en las urnas deben ser tratados como asuntos de seguridad nacional”, dijo Macias.
Los riesgos potenciales presentados por ataques internos van desde otorgar acceso no autorizado a información delicada hasta plantar malware en sistemas electorales.
Aunque las amenazas internas son las más difíciles de prevenir, Macias dijo que existen medidas implementadas para recuperarse de un ataque. La mayoría del país depende de boletas de papel entregadas a mano o con el uso de una máquina de votaciones, por lo que debería haber una documentación en papel de cada boleta depositada. Además, los chequeos post elección están diseñados para identificar manipulaciones potenciales o discrepancias en el voto.
Este año, votantes en 25 estados elegirán al máximo funcionario electoral de su estado y varias contiendas tienen candidatos que cuestionan el resultado de la elección presidencial del 2020, pese a la falta de evidencia de fraude o un esquema coordinado para manipular la votación.
Algunos votantes elegirán también quién supervisará sus elecciones locales como el próximo secretario del condado. Son esas oficinas locales las que han sufrido violaciones de seguridad.
En el condado de Mesa, Colorado, las autoridades investigan si personas no autorizadas recibieron acceso al equipo de votación en el condado. Las autoridades estatales comenzaron a investigar el asunto luego que contraseñas para el sistema de votación en Mesa aparecieron en un portal conservador. Como cada condado tiene contraseñas únicas mantenidas por el estado, las autoridades las identificaron como pertenecientes al condado Mesa, donde Trump ganó casi 63% de los votos.
La secretaria Tina Peters — una republicana electa en el 2018 — se presentó entonces en un “cibersimposio” presentado por un aliado de Trump, Mike Lindell, el director general de MyPillow que ha tratado de probar que los sistemas de votaciones han sido manipulados por los demócratas.
En ese evento, una copia del sistema de conducción electoral del condado Mesa — que se usa para diseñar boletas, configurar máquinas de votación y contar resultados — fue distribuido. Los expertos han calificado esa distribución no autorizada como algo grave, que provee potencialmente un “ambiente de prácticas” ara buscar vulnerabilidades.
En una entrevista, Peters dijo que ella copió un sistema de conteo de votos del condado para preservar “la evidencia de cómo se obtiene el resultado de una elección, quién vino, quién hizo cambios, quién hizo qué cosa”. Negó conocer cómo una copia fue distribuida en el evento de Lindell y no dijo quién estaba con ella cuando se hizo la copia.
“Yo no trataba de lidiar con una teoría de conspiración”, le dijo Peters a la Associated Press. “Mi única responsabilidad es proteger los registros electorales”.
Un jurado investigador en el condado Mesa investiga el caso. Mientras, Peters ha anunciado sus planes para presentar su candidatura a secretaria de estado, a cargo de las elecciones en Colorado.
En otras partes de Colorado, las autoridades estatales investigan luego que el secretario electoral del condado Elbert al sureste de Denver, indicó que había hecho dos copias de un disco duro del sistema de votaciones el verano pasado.
Un abogado de Dallas Schroeder dijo en una respuesta escrita al estado que Schroeder piensa que tenía “un deber legal de preservar los registros electorales” y estaba preocupado de que una visita de funcionarios estatales para prepararse para las elecciones del 2021 “pudiera borrar o alterar registros electrónicos de la elección de noviembre del 2020”.
No ha habido indicio alguno de fraude generalizado u otras irregularidades tras las elecciones del 2020 en Colorado ni en otras partes.
En Ohio, las autoridades federales y estatales investigan luego que datos de red supuestamente de la Junta Electoral del condado Lake, en los suburbios de Cleveland, fueron colocados en la internet junto con otros datos por personas que buscaban demostrar que la elección del 2020 fue manipulada de alguna manera.
Un análisis estatal mostró que los datos no eran de la Junta Electoral, sino de una red que administra otras operaciones del condado. El secretario de estado Frank LaRose, un exlegislador republicano que es el principal funcionario electoral del estado, dijo que los datos mostraron solamente “tráfico inocuo”, tal como entre una computadora del condado y una impresora, pero trataron de usarlo para fines nefastos.
“Ellos agarraron eso y dijeron: ‘Mira, aquí está la evidencia’”, dijo LaRose. “Fue evidencia de nada y ellos no se acercaron a la Junta Electoral”.
En Michigan, la oficina de la secretaria de estado anunció recientemente una violación potencial de seguridad en una elección en una oficina electoral en el condado Roscommon, en la parte rural del norte del estado, donde se sospecha que alguien consiguió acceso no autorizado a sistemas de votación. Las autoridades estatales investigan el asunto.
Los expertos dicen que esos tipos de violaciones de seguridad han sido pocos hasta ahora y que la mayoría de los funcionarios electorales son profesionales experimentados, neutrales, que cumplen las reglas y no quieren tener nada que ver con teorías de conspiración.
Pero, dijeron, cualquier funcionario que sea descubierto socavando las elecciones y violando la ley debe ser penalizado. No se han presentado cargos hasta ahora en ninguna de las violaciones investigadas en Colorado, Ohio o Michigan.
“Una de las claves para combatir las amenazas internas es que haya consecuencias y no lo henos visto hasta ahora”, dio Matt Masterson, un ex alto funcionario electoral durante el gobierno de Trump.
De cara a las elecciones de este año, funcionarios federales que supervisan la seguridad electoral dicen que han realizado entrenamientos con funcionarios sobre las formas en que pueden limitar el acceso a los sistemas de votación para educir las probabilidades de una amenaza interna.
En Ohio, las autoridades electorales dieron crédito a medidas adicionales de ciberseguridad que implementaron en el 2019 por la prevención del intento de brecha en el condado Lake, que Trump ganó en el 2016 y en el 2020. Una orden estatal requirió que los sistemas relacionados con elecciones fuesen separados de las redes de los condados para protegerlos mejor.
En Michigan, Benson dijo que su oficina vigila atentamente, “más atentamente que nunca”, a los funcionarios electorales locales y está preparada para frenar a cualquiera que trate de poner en peligro la seguridad electoral.
En Colorado, la secretaria de estado Jena Griswold anunció recientemente una serie de reglas temporales que dijo fueron creadas para responder a “riesgos emergentes de seguridad”. Citó específicamente los casos en los condados Mesa y Elbert.
Las nuevas reglas reducen el número de empleados en los condados con acceso al sistema de administración de elecciones y requieren que sean identificados en el plan de seguridad del condado presentado al estado. Debe proveerse prueba de revisiones de antecedentes para cualquier persona presente cuando los sistemas de votación son preparados para unos comicios.
“Sin dudas, veremos más amenazas internas”, dijo la demócrata Griswold. “Los estados deben prepararse”.
___
Los periodistas de la Associated Press Julie Carr Smyth ien Columbus, Ohio, y David Eggert en Lansing, Michigan, contribuyeron.