Condenan a 10 años de cárcel a líder opositora en Nicaragua

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La dirigente opositora Ana Margarita Vijil, una de las figuras críticas al gobierno de Daniel Ortega que han sido encarceladas desde mayo pasado, fue condenada el lunes a 10 años de cárcel por el supuesto delito de “conspiración”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) confirmó la condena dictada contra Vijil, una abogada de 44 años y que fue capturada por la policía el pasado 13 de junio, como parte de una ola de arrestos ordenada por Ortega contra 46 opositores, entre profesionales, líderes políticos, exministros, exguerrilleros, conocidos empresarios y periodistas.

“Ella es @anavijil, el régimen ORMU (Ortega Murillo) la ha sentenciado a 10 años de cárcel por delitos que no ha cometido y por soñar con una Nicaragua en justicia, libertad y democracia, una Nicaragua donde se respeten los DDHH”, escribió el CENIDH en su cuenta de Twitter.

El pasado miércoles, un juez local encontró culpable a Vijil de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, un delito atribuido a la mayoría de los opositores presos que comenzaron a ser juzgados el pasado 1 de febrero.

Vijil es una de los seis líderes del opositor movimiento UNAMOS (antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS) arrestados el 12 y 13 de junio pasado mediante operativos policiales. Hasta 2017 fue presidenta del MRS.

Hija del fallecido exministro de Vivienda del primer gobierno sandinista (1979-1990), Miguel Ernesto Vijil, la líder política pertenece a una conocida familia de opositores a Ortega. Su sobrina Tamara Dávila es otro miembro del directorio de UNAMOS que permanece encarcelada.

Los restantes dirigentes de esa agrupación que están detenidos son los exguerrilleros sandinistas Hugo Torres, Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco, así como la actual presidenta de UNAMOS, Suyen Barahona, quien este mismo lunes fue declarada culpable por “conspiración”, según informó la agrupación opositora en sus redes sociales.

El gobierno acusa a los opositores de haber alentado la revuelta social de 2018 que puso en jaque al gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y que fue sofocada con violencia por la policía con un resultado de 355 muertos, 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).