Madrid, 4 feb (EFE).- Un voto por error del conservador Partido Popular (PP) fue decisivo para aprobar la reforma laboral en España, clave en el programa del gobierno progresista de coalición e imprescindible para recibir los millonarios fondos de recuperación de la UE. La reforma laboral, pilotada por una ministra de Trabajo comunista, se aprobó con 175 votos a favor y 174 en contra, lo que puso al descubierto la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, y la manera con la que salió adelante ha provocado una enorme bronca política, con el Partido Popular (PP) contrario a aceptar el resultado de la votación. Después de largas y complejas negociaciones lideradas por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez no consiguió el apoyo de dos de sus socios habituales, los nacionalistas vascos (PVN) y los independentistas catalanes de ERC, con lo que se vio obligado a recurrir a pequeños grupos regionales, muchos de ellos tradicionales opositores. UNA VOTACIÓN "DE INFARTO" La reforma laboral estuvo a punto de decaer después de que dos diputados de un partido conservador regionalista, que había acordado apoyar la nueva ley, no respetaran la disciplina de voto y se decantaran por el no. Se trata de los representantes de Unión del Pueblo Navarro (UPN), tradicional socio del PP. El Gobierno se hubiera quedado en minoría en su reforma estrella de la legislatura, pero logró sacar la votación adelante debido a un error de un diputado del PP, que ejerció su derecho de manera telemática y se confundió. De hecho, cuando la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, comunicó el resultado con un cómputo equivocado y dio como ganador al no, provocó el júbilo entre los diputados conservadores, que aplaudían a los dos diputados de UPN, gesto que hoy se interpreta como que el PP sabía de antemano la decisión de estos dos representantes. Pero cuando en menos de un minuto Batet rectificó y dio por aprobada la reforma, la alegría se trasladó al lado izquierdo del hemiciclo, el ocupado por los diputados progresistas, mientras desde el otro ala de la cámara arreciaban las protestas, conscientes de que un diputado del PP había cometido un error, que atribuyeron a la informática. Sin embargo, desde la presidencia del Congreso se dio por válida la votación, lo que ha provocado que el PP este viernes anuncie que recurrirá incluso a los tribunales. Por otra parte, el PSOE calificó hoy a los diputados de UPN de "tránsfugas" y acusó al PP de "comprar voluntades". UNA DURA NEGOCIACIÓN La reforma laboral, fruto de un acuerdo previo entre el Gobierno, los dos principales sindicatos españoles y la patronal, modifica la norma aprobada en 2012 por el Gobierno del PP y supone mejoras en las condiciones de los trabajadores, al reducir la temporalidad, uno de los principales problemas del mercado de trabajo español, entre otras cuestiones. Además, es clave para seguir recibiendo los fondos europeos de recuperación, ya que uno de los objetivos que España tenía que cumplir era las medidas acordadas entre patronal y sindicatos. Por ello, la ministra de Trabajo, hija de un sindicalista y ducha en duras negociaciones, puso todo su empeño en sacarla adelante y que se plasmara en un decreto del Gobierno. El éxito en la negociación con sindicatos y patronal supuso un impulso político para Díaz, que lleva meses promocionando una plataforma que aglutine a distintos grupos a la izquierda del PSOE y en muchos círculos se la considera una nueva alternativa política para las próximas elecciones generales en España. Pero en las negociaciones para que el decreto fuera convalidado por el Congreso chocó con las rivalidades partidistas y no consiguió el sí de dos de los principales socios del Gobierno, PNV y ERC, pese a la insistencia de que la otra opción era que se mantuviera la antigua ley del PP, que rechazada desde el principio por todos los demás partidos políticos. Esta oposición puso al descubierto la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición y la aprobación "in extremis" de la reforma muestra que le es prácticamente imposible armar una mayoría alternativa a la que sostiene al Ejecutivo tras las últimas elecciones, un conglomerados de partidos nacionalistas y otros de izquierda, por lo que en un futuro deberá negociar hasta el final sus proyectos con estos socios. Por su parte, tanto ERC como PNV insisten en que la votación de ayer no supone un giro en la política de alianzas ni pone en riesgo la estabilidad del Ejecutivo de coalición, en el poder desde enero de 2020. Antonia Méndez Ardila