San Salvador, 24 ene (EFE).- El Ministerio Público de El Salvador investiga al menos 213 casos de crímenes y violaciones a derechos humanos perpetrados en el contexto de la guerra civil (1980-1992), que dejó más de 75.000 muertos y entre 8.000 y 10.000 desaparecidos, señaló este lunes el fiscal general, Rodolfo Delgado. Además, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que "actualmente 21 casos (de crímenes de guerra) están siendo judicializados". Detalló que algunos de esos casos son las masacres de civiles desarmados denominadas El Calabozo y El Mozote, perpetradas por el Ejército, el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero —ahora santo— por escuadrones de la muerte y el ataque a un grupo de infantes de marina de Estados Unidos cometido por parte de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Asimismo, mencionó el proceso penal por la masacre de seis padres jesuitas —cinco de ellos españoles— y dos mujeres en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y en el que el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) es señalado como uno de los autores intelectuales. Estos 21 casos, indicó el fiscal general, "están el informe de la Comisión de la Verdad" de la ONU. Delgado brindó dicha información a diputados de una comisión de la Asamblea Legislativa que analiza y estudia un propuesta de ley de justicia transicional para las víctimas de la guerra. En febrero de 2020, diputados del Congreso de ese momento aprobaron la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional que fue rechazada por las víctimas del conflicto armado y vetada por el presidente Nayib Bukele por considerarla inconstitucional. El Congreso no superó el veto del mandatario y la normativa fue archivada, por lo que parlamentarios actuales, integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, han retomado la discusión para la elaboración de una nueva ley. Diversas organizaciones de derechos humanos y de representantes de las víctimas han denunciado que dicha comisión —con mayoría de diputados oficialistas— no han escuchado a las víctimas ni tampoco se les ha tomado en cuenta para el análisis de la normativa. Más de 10 entidades no gubernamentales llevaron en octubre del año pasado al Parlamento una propuesta de ley que resultó de "amplías consultas a organizaciones sociales, comités de víctimas, especialistas internacionales en justicia transicional" y la cual "cumple con lo ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia", de acuerdo con un comunicado. La Sala de lo Constitucional anuló en 2016 una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenó al órgano Legislativo crear una normativa que garantizara el acceso a la Justicia de las víctimas de la guerra. La guerra enfrentó al grupo guerrillero del FMLN y al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos. EFE sa/lll
