La reportera Lourdes Maldonado, quien había denunciado amenazas ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue ultimada a balazos la noche del domingo en Tijuana, la misma ciudad donde un fotógrafo fue asesinado hace menos de una semana.
Maldonado, que dirigía un programa de noticias por internet, fue "atacada con un arma de fuego, mientras se encontraba en un vehículo", reportó en un comunicado la fiscalía del estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos.
La comunicadora trabajó como corresponsal en Tijuana desde los años 1990 para un medio mexicano y colaboró con el Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad del exgobernador de Baja California Jaime Bonilla (2019-2021), militante del partido oficialista Morena.
Sin embargo, Maldonado tenía un litigio laboral con PSN, el cual, aseguró públicamente días atrás, había ganado.
Un juez había ordenado ya el embargo de instalaciones de ese medio para garantizar una indemnización económica, dijo a la AFP Sonia de Anda, del colectivo Yo sí soy periodista, de Baja California.
Maldonado acudió en 2019 a una de las conferencias matutinas del presidente López Obrador para pedirle ayuda en el juicio laboral contra Bonilla.
"Vengo aquí a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque temo por mi vida", dijo en aquella ocasión.
El presidente la había remitido a su "coordinador de comunicación social" (portavoz).
"Para que te atienda, te apoye para que se pida justicia, y que no haya influyentismo (amiguismo)", dijo el mandatario en ese momento.
De Anda explicó que Maldonado pidió hace un año ayuda del mecanismo estatal de protección a periodistas pues se sentía "vulnerable" en medio del litigio laboral.
"Se le asignó vigilancia de la policía municipal para cuando llegara o saliera de su casa, pero esa protección al parecer fue retirada", explicó.
- El pago del juicio -
Bonilla aseguró a Radio Fórmula que no tiene ninguna responsabilidad en el asesinato y que si es llamado a declarar ante autoridades judiciales acudirá "inmediatamente".
"Nosotros estamos tranquilos. El día que me citen yo inmediatamente acudiré", aseguró Bonilla, quien calificó el crimen como "una desgracia".
Por el juicio la periodista ganó 500.000 pesos, equivalente a poco más de 24.000 dólares, dijo el exgobernador.
"Nunca hubo una amenaza, ni siquiera una discusión, de mi empresa, de mis colaboradores hacia ella", enfatizó.
Maldonado iba a recibir el martes el monto ganado por el juicio, dijo a su vez el abogado de la periodista, Eduardo Pérez a Grupo Milenio, sin confirmar la cifra.
Comunicadores de Tijuana y otras localidades del país se manifestaron este lunes para exigir se aclare qué ocurrió con la protección policial.
- No descartar móvil político -
López Obrador expresó este lunes el pésame a los familiares de Maldonado y dijo que "duele mucho lo que pasó".
Aseguró que tras su presencia en aquella conferencia matutina, el gobierno mantuvo comunicación con Maldonado. "Se le ayudó y se le garantizó que su demanda fuese atendida".
Sostuvo que deben investigarse el móvil y las circunstancias del crimen. "No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio", dijo López Obrador.
No obstante, consideró que tampoco debe descartarse "lo político porque siempre hay confrontación, hay diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios".
- Impunidad -
La delegada de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México, Balbina Flores, denunció el crimen y señaló a la AFP que hechos como estos "envían el mensaje de que se mata a los periodistas y no pasa nada porque no hay quién los detenga (a los agresores)".
El lunes pasado había sido asesinado a balazos en Tijuana el fotoperiodista Margarito Martínez, colaborador del semanario Zeta y de medios extranjeros.
El pasado 10 de enero, en la ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz, el comunicador José Luis Gamboa recibió varias puñaladas en la calle y fue trasladado al hospital, donde falleció cuatro días después.
El comunicador ya no trabajaba en medios pero hacía análisis en redes sociales.
En 2021, según un recuento de la AFP, al menos siete periodistas fueron asesinados en México, aunque no ha quedado demostrado en todos los casos que sus muertes fueran consecuencia de su trabajo.
México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de un centenar de comunicadores asesinados desde 2000, según cifras de la Comisión de Derechos Humanos (defensoría).
Más del 90% de los homicidios de comunicadores en el país permanecen impunes, denuncian organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
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