Hong Kong tipificará nuevos crímenes de seguridad nacional, anunció el miércoles la jefa del gobierno de la ciudad al presidir la primera sesión del nuevo órgano legislativo, formado solo por "patriotas" y sin opositores.
La nueva legislación, que recopilará una cuarentena de infracciones, completará la draconiana ley de seguridad nacional impuesta en junio de 2020 desde Pekín que ha servido para acallar a la disidencia en este territorio teóricamente semiautónomo.
La actual ley de seguridad nacional, considerada una respuesta a las masivas y a menudo violentas protestas prodemocracia de 2019, castiga cuatro crímenes: secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras.
La jefa del ejecutivo, Carrie Lam, indicó que presentarán una "legislación local", acorde con el artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong, una especie de constitución implementada en 1997 tras la devolución de la antigua colonia británica a China.
Ese artículo estipula la introducción de leyes propias de seguridad nacional en la ciudad, pero un intento de desplegarlo en 2003 provocó importantes manifestaciones que llevaron al gobierno de entonces a abandonar el proyecto.
"El proceso legislativo relativo al artículo 23 forma parte de las obligaciones constitucionales y no puede ser retrasado más tiempo", dijo Carrie Lam a los diputados.
La jefa del ejecutivo no precisó cuáles serán los nuevos delitos incluidos en la ley, cuyo anteproyecto espera presentar antes de finales de junio.
Sin embargo, el artículo 23 de la Ley Básica aborda los crímenes de traición, secesión, sedición, subversión y robo de secretos de Estado.
También contempla prohibir que organizaciones políticas extranjeras realicen actividades en Hong Kong o que organizaciones políticas locales tengan vínculos con entidades foráneas.
- "Garantizar la estabilidad" -
La introducción de esta nueva legislación puede acelerar la transformación de este centro de negocios internacional, cuyas libertades de antaño fueron recortadas severamente con la imposición de la ley de seguridad nacional de Pekín.
Redactada de forma muy ambigua, el texto ha ilegalizado en la práctica casi toda la disidencia y ha remodelado la ciudad a imagen del autoritarismo chino.
La mayoría de figuras del movimiento prodemocracia están actualmente en prisión, han abandonado la política o huido al extranjero.
Es poco probable que este nuevo proyecto de ley local no sea aprobado en el Consejo Legislativo, actualmente compuesto exclusivamente por integrantes fieles a Pekín tras las elecciones de diciembre.
En esos comicios se puso en marcha un nuevo sistema electoral que recorta significativamente el número de diputados elegidos por sufragio directo e impide la presentación de candidatos no considerados "patriotas".
En marzo, un comité de personas fieles a Pekín elegirá un nuevo jefe del ejecutivo. Carrie Lam, cuyo mandato de cinco años termina en junio, no indicó si pretende postularse.
El miércoles se limitó a admitir que le parecía difícil culminar el proyecto de ley de seguridad nacional antes de su primer mandato.
Dirigiéndose al nuevo hemiciclo, donde el emblema nacional rojo y dorado de China luce ahora por encima del escudo oficial de la ciudad, Lam se deshizo en halagos hacia la ley actual impuesta desde Pekín.
"Su función actual es ser un punto de anclaje para garantizar la estabilidad y hacer saber a la gente que hay consecuencias", afirmó.
"La ley nos impone prevenir, reprimir y castigar los crímenes. Si la prevención está bien hecha, podremos castigar menos", añadió.
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