Exiliados nicaragüenses en Costa Rica se manifiestan contra la investidura de Ortega

Decenas de exiliados nicaragüenses se manifestaron este domingo en Costa Rica contra el presidente Daniel Ortega quien arrancará el lunes su cuarto mandato consecutivo en Nicaragua, acompañado de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

"Estamos haciendo una vigilia para que sepa el mundo que no estamos de acuerdo con el gobierno de Ortega-Murillo, porque su gobierno es ilegítimo", dijo Ana María Hernández, una de las nicaragüenses exiliadas presentes, ataviada con prendas de color azul y blanco, propios de su bandera.

El grupo se situó en la Plaza de la Democracia, en San José, y también clamó por la liberación de más de 160 personas que están encarceladas, con vítores de "libertad, libertad", luego de recitar cada nombre de los detenidos.

"Fue una farsa electoral y un circo lo que se hizo en Nicaragua (en la elección del 7 de noviembre). Ortega está en esa posición (de iniciar un nuevo período) porque la policía, el ejército y los paramilitares lo sostienen en el poder. Pero el pueblo dijo basta, mucha gente está emigrando", agregó Hernández.

Posteriormente, al caer la noche, prendieron velas, cantaron canciones y hubo presentaciones con bailes típicos.

Más de 40 opositores, periodistas y críticos del gobierno fueron detenidos entre junio y diciembre de 2021, incluidos siete que aspiraban a competir en las elecciones.

A este grupo se suman otras 120 personas que están encarceladas por participar en las protestas del 2018, cuya represión dejó 355 muertos y más de 100.000 exiliados; la mayoría de ellos en Costa Rica,  según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre los delitos que se les atribuyen está el de "traición a la patria" y, en múltiples ocasiones Ortega los tildó de terroristas apoyados por Washington.

La investidura del exguerrillero sandinista de 76 años, quien es presidente desde el 2007, se da en medio de una serie de sanciones aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a familiares, allegados, funcionarios y algunas entidades como la Policía y la Fiscalía, por corrupción y violación a los derechos humanos.

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