México pide actuar a panel del T-MEC por contenido de autos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno mexicano solicitó el jueves la intervención de un panel de resolución de disputas dentro del acuerdo comercial T-MEC con Estados Unidos y Canadá, ya que dice que Washington está interpretando inadecuadamente las reglas de contenido regional que establece el tratado.

El T-MEC elevó los requerimientos de contenido regional al 75% del valor de un vehículo o sus componentes. El TLCAN, al que el T-MEC reemplazó, establecía un límite del 62,5%.

Sin embargo, la Secretaría de Economía de México dijo el jueves que las autoridades estadounidenses estaban asumiendo una postura excesivamente estricta al no permitir distintas metodologías para calcular el contenido, lo que el gobierno mexicano alega está establecido en el anexo del pacto comercial.

Varias automotrices asiáticas y europeas han establecido plantas en México, y en ocasiones importan componentes de países fuera de Norteamérica.

En diciembre, México amenazó con emprender acciones jurídicas en torno a una propuesta de subsidios hasta por 12.500 dólares en la adquisición de vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos en plantas sindicalizadas.

México dice que la Ley Reconstruir Mejor del presidente estadounidense Joe Biden, la cual se encuentra siendo sometida a debate en el Senado, discriminaría las posibles exportaciones de vehículos eléctricos fabricados en México a fin de favorecer a los productores locales, algo que asegura está prohibido en el T-MEC.

En tanto, a Estados Unidos le preocupa que México esté intentando dar preferencia a las plantas gubernamentales de generación de energía eléctrica por encima de las privadas.

El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijo en noviembre que la Casa Blanca tiene “serias preocupaciones” respecto a los intentos del gobierno mexicano por limitar la competencia en el sector de generación de energía eléctrica.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso el año pasado efectuar cambios a la Constitución para restringir la participación en el mercado de los generadores de energía privados a fin de dar preferencia a la paraestatal Comisión Federal de Electricidad.