El Tribunal Penal Internacional (TPI) suspendió su investigación sobre los supuestos abusos de derechos humanos cometidos en la "guerra contra las drogas" del presidente filipino, Rodrigo Duterte, tras una solicitud de Manila.
El tribunal con sede en La Haya autorizó en septiembre investigar la campaña que ha dejado miles de muertos, señalando que parece un ataque ilegítimo y sistemático contra civiles.
Duterte fue electo en 2016 con la promesa de liberar a Filipinas de su problema de drogas, y ordenó abiertamente a la policía matar a sospechosos de drogas si la vida de los oficiales corre peligro.
Al menos 6.181 personas han muerto en más de 200.000 operaciones antidrogas realizadas desde julio de 2016, según datos oficiales de Filipinas.
Pero fiscales del TPI señalaron en documentos de la corte que la cifra de muertos es de 12.000 a 30.000.
Según documentos de la corte, el embajador filipino Eduardo Malaya pidió aplazar la investigación.
"La fiscalía suspendió temporalmente sus actividades investigativas mientras evalúa el alcance y efecto de la solicitud de aplazamiento", escribió el fiscal del TPI, Karim Khan, en una notificación con fecha de 18 de noviembre.
Duterte retiró a Filipinas del TPI en 2019 cuando el tribunal abrió su investigación preliminar, pero la corte dice que tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos cuando el país aún era miembro.
Aunque inicialmente se negó a cooperar, Duterte dio marcha atrás en octubre y dijo que el país prepararía su defensa.
El embajador filipino indicó en la carta que el gobierno pidió el aplazamiento para investigar los supuestos crímenes contra la humanidad cometidos en la guerra contra las drogas.
Pero Human Rights Watch desestimó que los mecanismos investigativos existentes en Filipinas brinden justicia a la población y lo calificó como un intento "absurdo" de evitar la investigación del TPI.
"La realidad es que la impunidad es la norma bajo el presidente Duterte, y por eso el TPI debe investigar", sostuvo Brad Adams, director para Asia de la organización.
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