NACIONES UNIDAS (AP) — Una resolución propuesta por la ONU condenaría “inequívocamente” los ataques, represalias y violencia contra periodistas y trabajadores de medios, y exhortaría a los gobiernos a tomar medidas para acabar con la prevaleciente impunidad y sancionar estos delitos.
El borrador de la resolución de la Asamblea General que circuló el viernes también exhorta a “la liberación inmediata e incondicional de los periodistas y trabajadores de medios que han sido arbitrariamente arrestados, arbitrariamente detenidos, o secuestrados, o que han sido víctimas de desapariciones forzadas”.
La resolución fue redactada por Grecia, Francia, Austria, Costa Rica y Túnez, según diplomáticos de la ONU, y menciona a 34 copatrocinadores, entre ellos el Reino Unido, Alemania y muchos otros países europeos y latinoamericanos, así como Costa de Marfil y Líbano.
Estados Unidos no fue incluido en la lista, pero un funcionario de la misión estadounidense ante Naciones Unidas le dijo a The Associated Press que el gobierno del presidente Joe Biden ha firmado como copatrocinador. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar públicamente.
La resolución debe ser aprobada primero por el comité de derechos humanos de la Asamblea General y después necesitaría aprobación final del organismo mundial de 193 miembros. A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General no son legalmente vinculantes, pero sí reflejan la opinión global.
La resolución propuesta enfatiza que el derecho a la libertad de opinión y expresión está garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reconoce la importancia de “medios libres, independientes, plurales y diversos, y acceso a la información, tanto en internet como fuera de ella, para desarrollar sociedades y democracias incluyentes y pacíficas”. Además, reconoce que el periodismo evoluciona continuamente y “contribuye a la formación del debate público”.
El borrador pide que los gobiernos tomen medidas legales para proteger a periodistas y trabajadores de medios y “hagan todo lo posible” para prevenir la violencia, amenazas y ataques contra ellos. También exhorta a que “desarrollen e implementen marcos legales efectivos y transparentes, y medidas para la protección de los periodistas y trabajadores de medios para combatir la impunidad”.
La resolución propuesta también insta a los líderes políticos, funcionarios públicos y autoridades gubernamentales a “abstenerse de denigrar, intimidar o amenazar a los medios de comunicación, incluidos los periodistas individuales y los trabajadores de los medios de comunicación, o de utilizar un lenguaje misógino o cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres periodistas, pues ello socava la confianza en la credibilidad de los periodistas, así como el respeto a la importancia del periodismo independiente”.