El gobierno boliviano retiró este jueves del Parlamento una polémica Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, tras una ola de críticas a su contenido y amenazas de protestas callejeras de organizaciones civiles desde la próxima semana.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, estrecha colaboradora del presidente izquierdista Luis Arce, anunció en conferencia de prensa que decidió "retirar este proyecto ley" que se encontraba en fase de discusión en el Congreso bicameral que el oficialismo controla.
Explicó que la decisión política es "para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten entre bolivianas y bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación".
La oposición de derecha había articulado esta semana una serie de protestas callejeras en todo el país contra la mencionada norma, a la que consideró draconiana.
Los opositores dijeron que la criticada norma permitiría al gobierno investigar el patrimonio de cualquier ciudadano sin orden judicial, y obligaría a abogados y periodistas a revelar información de clientes y fuentes informativas, entre otros aspectos.
Abogados constitucionalistas señalaron que según el texto propuesto los bienes de todos los ciudadanos quedan bajo sospecha, en contradicción con la "presunción de inocencia" que debería prevalecer.
Asimismo, los poderosos sindicatos de transportistas, mineros privados y comerciantes al menudeo anunciaron marchas callejeras desde el lunes de la próxima semana para exigir al gobierno que anule su norma.
El poder Ejecutivo señaló en reiteradas oportunidades que los temores de todos los sectores eran infundados, aunque se había abierto en los últimos días a consensuar una nueva redacción.
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