Venezuela.- El ex jefe de seguridad de Hugo Chávez rechaza su extradición a Estados Unidos e insiste en que colaboró con la Justicia

Velásquez se defiende aludiendo a su nacionalidad española pero la fiscal rechaza que sea un motivo para no proceder a la entrega

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se ha opuesto este martes a su extradición a Estados Unidos por su presunta implicación en una trama corrupta señalando que tanto su mujer como él han colaborado con la Justicia en todo momento.

En la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional se estudiaba la solicitud presentada por EEUU, que reclama a Velásquez por un supuesto fraude en el canje de divisas que también habrían protagonizado su mujer, Claudia Díaz --ex tesorera del Gobierno venezolano y antigua enfermera de Chávez--, y el jefe de Globovisión, Raúl Gorrín.

En su defensa, Velásquez ha recordado que tanto su mujer como él se mostraron a disposición y entregaron documentación y las claves de los equipos electrónicos que tenían en su domicilio en España y que fueron reclamados en una comisión rogatoria con los Estados Unidos.

Además, el reclamado se ha apoyado en que tanto su mujer como su hijo mayor residen actualmente en España, el país en el que decidieron instalarse después de recibir supuestas amenazas en Venezuela. Asimismo, Velásquez ha revelado que ambos disfrutan de la doble nacionalidad, un hecho que escapaba al conocimiento de la fiscal.

LA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD, UN "FRAUDE DE LEY"

Sin embargo, para la representante del Ministerio Público el hecho de tener la nacionalidad española no puede ser un motivo para denegar la petición de entrega. La obtención de la misma, ha defendido la fiscal, es un "fraude de ley para evitar la extradición" que Velásquez planeó a sabiendas de que la petición acabaría llegando.

El que fuera jefe de seguridad de Chávez ha explicado que se encuentra "deseoso" de que se resuelva la situación con los Estados Unidos para poder regresar a la normalidad. Según ha relatado, desde su llegada a España no ha podido "cobrar dividendos" porque no se le permite abrir cuentas en ningún banco.

Así las cosas, el Ministerio Fiscal ha mantenido su escrito en el que interesa la extradición de Velásquez al entender que se cumplen todos los requisitos previstos y al ser una reclamación ajustada a derecho que cumple con los tratados de extradición con los Estados Unidos.

SU DEFENSA INSISTE EN QUE NO SE HA OPUESTO A NINGUNA DILIGENCIA

La defensa del que fuera jefe de seguridad de Chávez se ha opuesto a la entrega de su representado insistiendo en que Velásquez jamás se ha opuesto a ninguna diligencia y ha colaborado con las autoridades para esclarecer los hechos.

Su letrado se ha referido también a la valoración de la fiscal para argumentar que si no se considera a Velásquez y a su mujer españoles, los hechos por los que son reclamados no podrían ser valorados en ningún caso por España, que carece de tipificación en delitos cometidos por venezolanos contra bienes del país sudamericano.

Además, la defensa ha sostenido que no se cumple la doble incriminación en tanto que los delitos contenidos en la solicitud de extradición no tienen su traslación en España. Por último, su abogado ha defendido que los hechos por los que se reclama a Velásquez habrían prescrito.

UNA "ESTRATAGEMA DE SOBORNO ILEGAL"

En su escrito, la fiscal explica que Gorrín, un magnate venezolano que acabó al frente de la cadena de noticias Globovisión, "pagó cientos de millones de dólares en sobornos" para efectuar operaciones de cambio de moneda extranjera (dólar) con "tasas favorables", lo que le habría reportado beneficios de cientos de millones de dólares.

Esta "estratagema de soborno ilegal" habría funcionado entre 2008 y 2017 y en ella habrían participado tanto Díaz como Velásquez Figueroa, que habrían sido dos de los altos cargos venezolanos sobornados, debido al puesto de tesorera nacional del país que ella ocupó entre 2011 y 2013.

Gorrín habría usado cuentas bancarias tanto personales como de empresas bajo su control para hacer los pagos. En el caso del matrimonio Díaz-Velásquez, Fiscalía menciona transferencias desde cuentas suizas del magnate a cuentas estadounidenses del ex jefe de seguridad por 8,6 millones de dólares.

Además de las inyecciones directas de dinero, "Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes finos y una marca de un diseñador de moda", todo ello a beneficio de Velásquez Figueroa.

UN REGISTRO DE SOBORNOS

Para aparentar legalidad, Gorrín se habría cruzado correspondencia electrónica con proveedores, si bien "hizo que sus empleados mantuvieran una hoja de cálculo para los fines de hacer seguimiento de ciertos pagos de soborno", incluidos a Velásquez Figueroa.

Gorrín habría seguido dando dinero y "objetos de valor" a la pareja incluso después de que Díaz dejara de ser la jefa de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, "a cambio de su asistencia anterior en proporcionar ventajas de negocios".

Así, en 2013 constan dos pagos, de 281.051 y 4 millones de dólares desde cuentas bancarias en Suiza a nombre de compañías propiedad de Gorrín ubicadas en Pánama a empresas de Velásquez Figueroa.

El Ministerio Fiscal entiende que la petición de extradición de Estados Unidos contra el ex jefe de seguridad de Chávez "no tiene motivación política", por lo que aboga por enviarlo a la potencia norteamericana.

DETENIDOS DOS VECES EN ESPAÑA

Díaz y Velásquez Figueroa fueron detenidos el pasado mes de diciembre en España, si bien ese mismo día el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó dejarlos en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, prohibición de salir del país y retirada de pasaporte.

Ya fueron arrestados en suelo español en abril de 2018 después de que la Embajada de Venezuela emitiera una orden de detención en su contra por delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela debido a la "posible vulneración de derechos fundamentales" de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados.