CIUDAD DE MÉXICO, 1 oct (Reuters) -El gobierno mexicano pretende poner el control total del sector eléctrico en manos de la estatal CFE, que decidiría la forma en la que participarían empresas privadas, además de desaparecer órganos reguladores, eliminar permisos y garantizar el dominio del Estado sobre las codiciadas reservas de litio.
El viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que envió al Congreso una esperada reforma, que propone modificar tres artículos de la Constitución y revertiría por completo la apertura del sector eléctrico concretada en la reforma energética del 2013/14.
De aprobarse el proyecto, la CFE sería la encargada de la planeación y control de todo el sistema eléctrico, absorbiendo las funciones del actual operador, el Cenace, y decidiría el orden en el que la energía es inyectada a la red, conocido como "despacho eléctrico", un tema clave para las empresas privadas.
También se garantizaría que la CFE genere al menos el 54% de la energía eléctrica y que el sector privado pueda participar con el 46%, aunque la estatal decidiría las modalidades de contratos bajo los que les compraría energía y capacidad.
Todos los permisos de generación y contratos de compraventa con el sector privado serían eliminados, de acuerdo a la propuesta, que fue cuestionada por algunos expertos.
"La iniciativa de reforma eléctrica desincentiva la inversión en energía renovable impidiendo que México cumpla sus metas de energía limpia", dijo en una nota Adrián Garza, analista senior de Moody´s Investors Service.
El gobierno de López Obrador ha hecho varios intentos por dar marcha atrás a la anterior reforma energética, de la que es un férreo crítico y asegura que solo sirvió para debilitar a la CFE y la petrolera estatal Pemex.
Pero esos intentos han sido frenados en tribunales, como una reciente reforma a la ley de la industria eléctrica (LIE), que generó un enorme rechazo entre inversores, principalmente de centrales eólicas y solares. Opositores han dicho que atenta no solo contra la competencia sino que violan tratados internacionales.
Más temprano, López Obrador dijo en su rueda de prensa diaria que el propósito de la nueva iniciativa es garantizar electricidad a precios justos para todos los mexicanos y que no haya aumento de tarifas por encima de la inflación.
La reforma energética dio nuevas y poderosas facultades a los reguladores del sector energético, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que serían eliminadas de aprobarse la iniciativa del presidente, y sus funciones absorbidas por la Secretaría de Energía.
LITIO
Pero el proyecto de reforma va más allá y pone fin a las especulaciones sobre si el Gobierno dejará en manos de privados la explotación del litio, un metal empleado para fabricar baterías recargables.
La iniciativa estipula que el litio y "demás minerales estratégicos" no podrán se concesionados, aunque establece que autorizaciones mineras vigentes en las que existan antecedentes de exploración de litio serán respetadas.
"El litio, todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria, es de los mexicanos", afirmó López Obrador.
Se espera que la demanda de litio aumentará durante esta década, impulsada en particular por los fabricantes de automóviles que se han comprometido a elevar la producción de vehículos eléctricos.
En México, Bacanora Lithium posee cuatro concesiones en el norteño estado Sonora. López Obrador dijo que la firma notificó a las autoridades que "ya inició el proceso de exploración y está por iniciar el proceso de explotación".
(Reporte de Raúl Cortés Fernández y Ana Isabel Martínez y Adriana Barrera.)