PANAMÁ (AP) — Sectores de la sociedad civil de Panamá protestaron nuevamente el jueves frente a la Asamblea Nacional en rechazo a las reformas electorales que se discuten en el legislativo con miras a los comicios del 2024 y que consideran un retroceso en la legislación vigente.
Los manifestantes portaban pancartas con mensajes en defensa de la democracia, la participación ciudadana y el rechazo a la corrupción. Otros llevaban banderas panameñas y cacerolas. “No jueguen con la paciencia ciudadana”, rezaba una pancarta.
Aurelio Barría, un reconocido líder cívico, habló sobre una tarima improvisada frente a la Asamblea.
“Nos encontramos aquí personas que en el pasado adversamos, pero hoy estamos en la misma lucha para restaurar la democracia y que estos señores de la Asamblea que tienen una dictadura parlamentaria cambien de rumbo”, declaró Barría. “Hoy estamos aquí luchando por un cambio, todos somos panameños... aquí estamos defendiendo la democracia participativa”.
Las reformas al código electoral panameño con miras a las elecciones del 2024 plantean, entre otros temas, normas relativas a la financiación de las campañas políticas, el fuero electoral y la paridad de género. Este mes, las autoridades electorales abandonaron la discusión en la comisión legislativa de gobierno, luego de que fueran aprobados los primeros bloques del proyecto de reformas y ellas consideraran que algunos cambios no fueron consultados. Tras la salida del Tribunal Electoral del debate se organizaron las manifestaciones.
En un informe técnico sobre los cambios efectuados por la Comisión legislativa, el Tribunal Electoral considera que ciertas modificaciones representan un retroceso importante con respecto a la ley vigente desde el 2017, la cual se inspiró en la necesidad de garantizar la neutralidad en la organización de los eventos internos partidarios. Sostiene además que al organismo se le restan las facultades que tiene actualmente para convocar, reglamentar, organizar y fiscalizar los eventos internos partidarios, manteniendo el financiamiento de los mismos.
Tras el descontento y el retiro de los magistrados electorales del debate, la comisión legislativa que analiza los cambios suspendió la discusión y convocó a una mesa para retomar los puntos aprobados en busca de consenso con la participación del Tribunal Electoral.
Hasta el momento la mesa ha consensuado temas como la prohibición para que las congregaciones religiosas donen a cualquier campaña política. Otro punto consensuado establece que, cuando los partidos políticos convoquen a elecciones locales, los gastos serán asumidos por los propios colectivos.
