EEUU: Acusan a tres en caso de trabajo forzado de migrantes

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Tres personas han sido acusadas de ser parte de una confabulación de varios estados que involucra el trabajo forzado de trabajadores agrícolas inmigrantes de México, anunciaron el miércoles las autoridades de Estados Unidos.

La semana pasada, un jurado investigador federal en Tampa acusó formalmente a Bladimir Moreno, a Christina Gamez y a Guadalupe Mendes Mendoza de seis cargos.

Moreno, de nacionalidad mexicana y residente permanente de Estados Unidos que era dueño y manejaba Los Villatoros Harvesting, y Gamez, una estadounidense que trabajaba para la compañía como contadora, gerente y supervisora, se enfrentan a cargos de asociación delictuosa en virtud de la Ley RICO, de confabulación para cometer trabajos forzados, de trabajos forzados y de confabulación para obstruir procedimientos ante departamentos, agencias y comités. Mendes Mendoza, una ciudadana mexicana que trabajó como gerente y supervisora para la compañía, fue acusada de confabulación para obstruir los procedimientos ante las agencias.

De acuerdo con el acta de acusación, Moreno, Gamez y Mendes Mendoza dirigieron una compañía de contratación de mano de obra para trabajadores agrícolas inmigrantes con visas temporales de 2015 a 2017. Los Villatoros Harvesting sometió a trabajos forzados a varios trabajadores agrícolas mexicanos contratados en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte, de acuerdo con los investigadores. La compañía también albergaba a trabajadores migrantes en Estados Unidos luego de que sus visas H-2A habían expirado para obtener beneficios económicos, y cometió fraude en la obtención de visados y en la contratación de mano de obra extranjera, según las autoridades.

Moreno y Gamez operaron Los Villatoros Harvesting como una red criminal, señalaron los fiscales. Son acusados de forzar a los trabajadores a realizar miles de horas de labores agrícolas físicamente demandantes a través de medidas coercitivas, como la imposición de deudas, la confiscación de pasaportes, malas condiciones de vida, abuso verbal y aislamiento, así como con amenazas de detenerlos, deportarlos y dañarlos físicamente.

Los archivos de la corte no incluían nombres de abogados de los tres acusados.