Entre las familias que perdieron a sus hijos y otros seres queridos por la epidemia de opioides en Estados Unidos, muchos esperaban que llegaría el día en que pudieran enfrentar a Purdue Pharma, fabricante de OxyContin y sus dueños en un tribunal.
Esa perspectiva quedó prácticamente trunca el miércoles, cuando un juez de quiebras aprobó condicionalmente un acuerdo por 10.000 millones de dólares. Ante ese desenlace, muchas familias tuvieron la sensación de que no era eso lo que querían.
No hubo disculpas por parte de los miembros de la familia Sackler, que son los dueños de Purdue Pharma. No se les obligó a entregar toda su vasta fortuna y se eliminó la posibilidad de enrostrarles las vidas truncadas por los opioides.
En cambio, las víctimas individuales, miles de gobiernos estatales y municipales y otras entidades que demandaron a Purdue Pharma aceptaron un acuerdo bajo el cual los Sackler pagarán 4.500 millones de dólares y cederán la propiedad de la empresa, la que será reorganizada.
Las ganancias de la empresa y el aporte de los Sackler serán para la lucha contra los opioides por medio de programas de tratamiento y educación. Las víctimas de la adicción recibirán entre 3.500 y 48.000 dólares de compensación individual.
La conclusión del caso causó perturbación, frustración e indignación a muchas familias.
“¿Que si me satisface que no deban reconocer su culpa y entregar tanto dinero? Claro que no”, dijo Lynn Wencus, de Wrentham, Massachusetts. “¿Qué se consigue con eso? No me devuelve a mi hijo y no ayuda a los que sufren”.
Cuando su hijo murió de una sobredosis en 2017, lo único que Wencus quería era venganza. Aunque persiste la indignación, espera que el acuerdo ayude a las poblaciones arrasadas por las sobredosis.
“Sé que hay gente que no está de acuerdo y quiere ver sufrir a los Sackler”, dijo. “Pero la realidad es que necesitamos dinero para ir a los estados para que haya educación y tratamiento”.
Medio millón de estadounidenses han muerto de los opioides en los últimos 20 años, entre ellos víctimas de analgésicos de venta bajo receta como el OxyContin y el Vicodin, o de drogas ilícitas como la heroína y el fentanilo de calle.
Una de las disposiciones más discutidas del acuerdo establece que la familia Sackler está protegida de futuros juicios por opioides. Si bien no gozan de inmunidad en el caso de acusaciones criminales, no hay indicios de que deban enfrentarlos.
A pesar del acuerdo, la fortuna de los Sackler podría aumentar de unos 10.700 millones de dólares a más de 14.000 millones en la próxima década, de acuerdo con un grupo de secretarios de Justicia estatales que basaron su proyección en las utilidades por inversiones e intereses. Abogados de Purdue y la familia Sackler rechazaron ese cálculo.
“Sus vidas no cambiarán. Qué pena que no se pueda hacer algo para obligarlos a sufrir como nosotros”, dijo Tamara Graham, de St. Petersburg, Florida.
Sin embargo, ella estaba dispuesta a aceptar el arreglo porque le da esperanzas de que el dinero sirva para salvar a su hermano menor, que lucha contra la adicción desde no sabe cuánto tiempo atrás.
“Me encantaría hacerlos ver un video de lo que sufre durante las crisis de abstinencia, el dolor, los vómitos y las súplicas de que lo matemos”, afirmó.
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Seewer reportó desde Toledo, Ohio, y Mulvihill desde Cherry Hill, Nueva Jersey.
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