Muchos fondos para seguridad electoral en EEUU no se usaron

El Congreso de Estados Unidos aprobó cientos de millones de dólares para reforzar las medidas de seguridad electorales del año pasado, pero pocas semanas antes de los comicios dos tercios de los fondos seguían sin usarse, reveló un reporte federal.

De acuerdo con el reporte, para el 30 de septiembre del año pasado los estados, el Distrito de Columbia y los territorios norteamericanos en ultramar usaron apenas poco más de 255 millones de los 805 millones de dólares aprobados, las cifras más recientes disponibles.

Se les dio a los estados amplia autonomía para decidir cómo y cuándo invertir el dinero, ya que las necesidades de seguridad electoral varían drásticamente de región en región. Expertos en temas electorales mencionaron dos razones de la lentitud en la inversión: primero, gran parte del dinero fue aprobado muy tarde, cuando faltaba menos de un año para la consulta, lo que dio a las autoridades poco tiempo para decidir cómo invertirlo. Y segundo, la pandemia del coronavirus trastocó los planes electorales en muchos sitios, donde las autoridades debieron concentrarse súbitamente en ofrecer mecanismos de votación a distancia.

“Ciertamente la seguridad estaba en la mente de todos, pero la prioridad en ese momento era garantizar que se pudiera realizar el proceso electoral sin caer en un colapso total”, explicó Don Palmer, titular de la Comisión de Asistencia Electoral, que divulgó el estudio.

El documento muestra que, para el 30 de septiembre —al concluir el año fiscal federal— los 50 estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios de ultramar habían gastado aproximadamente 31% del dinero destinado a seguridad electoral. Los fondos fueron facilitados en dos porciones, a raíz de una ley aprobada en 2018.

Luisiana, uno de los últimos estados que siguen usado máquinas electorales sin registros de papel, no gastó nada de los 12,5 millones de dólares que se le ofreció para la seguridad electoral en el proceso electoral de 2020. Sus intentos de reemplazar miles de máquinas escrutadoras se vieron frustrados en medio de una controversia por el proceso de selección de la empresa a cargo.

En julio, el gobernador demócrata de Luisiana y los legisladores republicanos llegaron a un acuerdo para crear un proceso con papel que fuera verificable y que acompañe a cualquier sistema de votación aprobado por el secretario de gobierno, que es republicano.

En 2017, el gobierno federal notificó a funcionarios electorales en 21 estados que sus sistemas de votación habían sido blanco de hackers antes de las elecciones de 2016. La advertencia causó alarma entre legisladores y funcionarios electorales, aunque el hecho de haber sido atacados por ciberpiratas no necesariamente quiere decir que los hackers lograron penetrar el sistema o manipular los resultados electorales.