MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Aproximadamente 13.600 personas han huído de sus hogares en la capital de Haití, Puerto Príncipe, desde el pasado 1 de junio por culpa de la guerra de bandas que está sacudiendo la ciudad, cuyos residentes han sido víctimas de asesinatos y objeto de violencia física y sexual, amenazas, y ataques contra la propiedad.
Los grupos armados, denuncia la ONU, han atacado negocios, robado alimentos e incluso quemado hasta los cimientos un campamento que albergaba a ciendos de personas que llevaban once años sin encontrar vivienda tras el catastrófico terremoto de 2010.
Las organizaciones humanitarias de la ONU han denunciado igualmente que el acceso a ciertas zonas de la capital es casi imposible entre tiroteos y barrricadas. La economía de Puerto Príncipe está paralizada; el movimiento, restringido y la llegada de bienes de primera necesidad, constantemente obstaculizada hasta el punto de que hay gente muriendo en las calles porque no pueden llegar a los hospitales.
La directora del Centro para la Supervisión de Desplazados Internos, Alexandra Bilak, asegura que la situación actual de la violencia en Puerto Príncipe está alcanzando "una escala que ni nos imaginábamos" y ha recordado que el total de desplazados en un mes suerpera, y con mucho, a los 7.900 que abandonaron sus hogares en la capital durante todo 2020.
Es más, Naciones Unidas teme que la estabilidad se deteriore todavía más en el país después de que uno de los grandes líderes de estos grupos armados, James Cherizier, más conocido como 'El Barbacoa', avisara el viernes del principio de una "revolución" encabezada por la coalición de bandas que lidera, el G9, contra el Gobierno haitiano.
Todo ello sucede en medio de una pandemia de coronavirus que ha dejado más de 400 muertos en un país con un total de 18.073 personas afectadas, en plena segunda ola de contagios, que tiene todas las perspectivas de rebasar a la primera, y donde ni siquiera los trabajadores sanitarios están vacunados.
EL TRASFONDO POLÍTICO
La inestabilidad política está como telón de fondo de esta inseguridad, con un presidente, Jovenel Moise, que gobierna por decreto desde hace más de un año ante la falta de un Parlamento electo y que se ha visto obligado a readaptar su 'hoja de ruta' electoral para este 2021.
El referéndum para aprobar o rechazar la nueva Constitución ha sido aplazado en dos ocasiones --la última fecha fijada era el 27 de junio y no se ha anunciado un día alternativo-- y persisten las dudas sobre las elecciones parlamentarias y presidenciales de septiembre, que teóricamente debían celebrarse ya con la nueva Carta Magna.
La ONU ha llamado en varias ocasiones a atajar la incertidumbre política y la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet la ha atribuido "en parte" a los "desacuerdos" por la organización de los dos procesos electorales. Las autoridades, ha advertido, "deberían garantizar el derecho al voto en condiciones seguras".
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