MONTREAL (AP) — Dos grupos de activistas pidieron el miércoles al gobierno de Canadá que procese a un hombre que se cree que vive en el país y que, según dicen, estuvo involucrado en la masacre de más de 200 personas en Guatemala en 1982.
El propio gobierno canadiense ha intentado despojar al exsoldado guatemalteco Jorge Vinicio Sosa Orantes de la ciudadanía canadiense desde 2017, con el argumento de que participó activamente en la masacre y que mintió sobre su papel cuando solicitó la ciudadanía.
En documentos presentados en una corte federal, Sosa manifestó que ni siquiera estaba en el pueblo de Las Dos Erres cuando ocurrieron los asesinatos.
Las organizaciones Lawyers Without Borders Canada y Canadian Partnership for International Justice dijeron el miércoles en conferencia de prensa que Canadá no debería convertirse en un destino de retiro para presuntos criminales de guerra y que Sosa Orantes debería ser procesado por crímenes de lesa humanidad y de guerra.
En 2014, Sosa fue sentenciado a 10 años de prisión en Estados Unidos por mentir sobre su papel en la guerra civil guatemalteca en su solicitud de ciudadanía estadounidense.
Los documentos judiciales en Estados Unidos muestran que Sosa fue liberado de prisión en julio de 2019, pero las autoridades de inmigración lo mantuvieron retenido hasta fines de 2020. Los grupos activistas dijeron que una organización no gubernamental estadounidense les informó que fue deportado a Canadá.
Ottawa ha dicho en documentos judiciales que cree que Sosa Orantes era un miembro de alto rango de una fuerza especial militar y que dirigió a otros soldados mientras torturaban, violaban y mataban a aldeanos.
El gobierno canadiense también alega que Sosa arrojó una granada y disparó un arma hacia un pozo donde habían arrojado víctimas, algunas vivas todavía.
Los fiscales estadounidenses han dicho que Sosa y otros militares de la unidad especial acudieron a Las Dos Erres en diciembre de 1982 para buscar armas supuestamente robadas por la guerrilla. Las armas nunca se encontraron y los fiscales dicen que la patrulla militar decidió matar a los aldeanos después de que algunos de los soldados comenzaran a violar a algunas mujeres.
Más de dos décadas después, Sosa no mencionó su servicio militar ni su papel en la masacre al solicitar convertirse en ciudadano estadounidense a pesar de que el papeleo preguntaba sobre afiliaciones y crímenes pasados, dijeron los fiscales.
Sosa salió de Guatemala en 1985 y buscó asilo en Estados Unidos, alegando que huía de las guerrillas. Después de que le negaran el asilo en Estados Unidos, buscó refugio en Canadá. Se le otorgó el estatus de refugiado y finalmente se convirtió en residente permanente y ciudadano.
Más tarde se casó con una estadounidense y solicitó la naturalización en Estados Unidos en 2007.