México: Diputados amplían período del presidente de la Corte

CIUDAD DE MEXICO (AP) — La Cámara de Diputados de México aprobó el viernes una serie de reformas legales del Poder Judicial que incluyen una ampliación de dos años del período del presidente de la Suprema Corte de Justicia entre cuestionamientos de organizaciones internacionales y locales y opositores que denunciaron que la extensión vulnera la constitución y la independencia de la justicia.

Tras la aprobación el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, anunció que estará en el cargo por el período que fue electo por sus colegas de la Corte, que culmina el próximo año, echando por tierra los señalamientos de los opositores que sostenían que el mandatario Andrés Manuel López Obrador buscaba la permanencia del magistrado para asegurarse el control del Poder Judicial.

Zaldívar dijo en un comunicado que esperará la determinación de la Corte de las posibles acciones legales que se ejerzan contra la ley del Poder Judicial aprobada por el Congreso.

Luego de un debate que se extendió por varias horas, la mayoría del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con el apoyo de dos organizaciones aliadas, logró la aprobación en lo particular, con 262 votos a favor y 182 en contra y 7 abstenciones, de la Ley del Poder Judicial que incluye un artículo transitorio que aumentó dos años el período del presidente de la Suprema Corte, que será ahora de 6 años, y elevó dos años el mandato de los consejeros de la Judicatura Federal que será 7 años.

Al defender las decisiones de la Cámara de Diputados, López Obrador afirmó el viernes que “hace falta la reforma al Poder Judicial, y si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema Corte, el ministro Zaldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido porque desgraciadamente está muy mal el sector del Poder Judicial”.

El gobernante dijo, durante su conferencia matutina, que “si no es por el presidente de la Corte pues seguiría lo mismo porque existen los del partido conservador que dominan”.

“Cómo vamos a enfrentar la decadencia con más de lo mismo. Una decadencia se enfrenta con procesos de transformación, con reformas profundas”, agregó.

En los últimos dos meses el Congreso, de mayoría oficialista, ha aprobado las reformas a los sectores de hidrocarburos y eléctrico y el Poder Judicial impulsadas por López Obrador en medio de cuestionamientos de opositores y juristas que han acusado al gobernante de promover acciones que van contra las leyes y que buscan fortalecer el control del Estado.

Las aprobaciones de las leyes se han dado de manera acelerada a escasos meses de las elecciones generales del 5 de junio en las que se elegirán los miembros de la Cámara de Diputados, 30 de los 32 congresos estatales, 15 gobernaciones y miles de cargos locales.

“Es necesario garantizar el derecho a la justicia para los mexicanos”, afirmó el diputado oficialista, Alfredo Aispuro, al defender la nueva regulación. Señaló durante la sesión que con el nuevo marco legal se “evitará y erradicará la corrupción dentro del Poder Judicial” y se combatirá el nepotismo en los procesos de designación de jueces y magistrados.

Por su parte, el diputado opositor del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero, indicó que la reforma judicial atentaba contra la división de poderes y contrapesos institucionales, y sostuvo que con su aprobación se “pasaría a la anticonstitucionalidad”.

En su intervención Romero instó de manera directa a Zaldívar a definir si “está con México y con la constitución o está con el presidente”.

“Se tiene que desligar, por dignidad personal, dignidad ética, dignidad legal y dignidad institucional. ¿Se va a arrodillar ante el presidente la República o va a privilegiar la altura de miras que tenemos todos nosotros como aspiración?”, agregó.

Durante la sesión se aprobaron nuevas leyes del Poder Judicial y de Carrera Judicial y otras reformas para combatir la corrupción, el nepotismo y la discrecionalidad entre los jueces.

La nueva ley del Poder Judicial ha desatado en los últimos días críticas de organizaciones de derechos humanos y juristas.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez —una organización local— afirmó que la nueva regulación es un “atentado contra la independencia judicial que contraviene la constitución y los estándares internacionales”, y dijo en un mensaje de su cuenta de Twitter que es preocupante que se actúe contra la división de poderes.