Falsedades contra el legado social de la Segunda República Española

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Un grupo de jóvenes mujeres
Un grupo de jóvenes mujeres pertenecientes a las Juventudes Socialistas durante la jornada electoral de las elecciones generales de noviembre de 1933, primeras en las que hubo sufragio universal, al incorporarse el voto femenino. EFE/Archivo

Madrid, 14 abr (EFE).- El 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República en España ha reavivado la difusión de falsedades sobre un periodo histórico que, aunque alejado para las generaciones más jóvenes, sigue muy presente en el debate político de este país.
Los avances en derechos civiles y sociales logrados bajo este régimen democrático, que se inició en 1931 en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII y se extendió hasta 1939, cuando estalla la Guerra Civil que daría paso a la dictadura franquista, es cuestionado todavía hoy por mensajes en redes sociales y la esfera pública.
LA LEY REPUBLICANA DE VAGOS Y MALEANTES NO PERSIGUIÓ A HOMOSEXUALES
Una de las falsedades atribuidas a la Segunda República es la de que persiguió a los homosexuales con la Ley de Vagos y Maleantes.
En las redes sociales, hay usuarios que comentan que la norma aprobada en 1933 y "firmada" por la República "perseguía homosexuales", o que reproducen una redacción de esa ley que no corresponde al texto aprobado por el gobierno republicano, sino que es posterior.
La Segunda República aprobó la primera versión de la Ley de Vagos y Maleantes en 1933, pero en ella no se incluía a los homosexuales, algo que hizo la reforma franquista de 1954, demuestran los documentos oficiales de la época.
En 1954, el Boletín Oficial del Estado (BOE) español publicaba la modificación de la ley republicana para incluir a los homosexuales entre las personas que podrían ser declaradas "en estado peligroso".
La norma fue sustituida en 1970 por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, con un texto en el que se mantenía la represión de los "actos de homosexualidad", y que en la actualidad se difunde en Twitter haciéndolo pasar por la ley republicana de 1933.
EL PARTIDO SOCIALISTA NO VOTÓ CONTRA EL SUFRAGIO FEMENINO
Otra de las creencias erróneas más asentadas sobre la Segunda República es la que sostiene que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) rechazó introducir el derecho al voto de la mujer en la Constitución de 1931.
Casi un siglo después, hay mensajes en las redes sociales que propagan esta versión falsa de los hechos.
Algunos destacan la oposición de la diputada del PSOE Margarita Nelken a la aprobación del voto femenino, algo que llegó a afirmar el exministro de Justicia del conservador Partido Popular (PP) Alberto Ruiz-Gallardón en 2013.
En realidad, la mayor parte de los 115 diputados del PSOE votó a favor de aprobar el sufragio activo femenino y el resto se abstuvo, como demuestran el Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, las crónicas periodísticas de la época e investigaciones académicas.
La votación clave sobre la universalización de este derecho se celebró el 1 de octubre de 1931 y tuvo como resultado 161 votos a favor y 121 en contra, con una abstención muy elevada, del 40 %.
Según las crónicas periodísticas de la época, los socialistas del PSOE no votaron en contra del voto femenino, aunque sí lo hicieron los del Partido Radical Socialista, una formación distinta.
No obstante, algunos parlamentarios del PSOE, entre ellos mujeres como Margarita Nelken, no apoyaron la norma al considerar que el voto femenino sería mayoritariamente conservador por la influencia de la Iglesia e iría contra la República.
La votación fue nominal, por lo que el Diario de Sesiones recoge los diputados que se manifestaron en favor y en contra, aunque con algunos errores de transcripción que impiden una revisión precisa a través del índice de parlamentarios del Congreso.
En todo caso, la documentación histórica confirma el apoyo mayoritario del PSOE (de al menos 80 de sus 115 diputados) a la implantación del voto femenino.
NO SE EXPOLIÓ EL ORO DEL BANCO DE ESPAÑA PARA EVADIRLO A MOSCÚ
Una de las leyendas más extendidas sobre este periodo histórico es la del "Oro de Moscú", que sostiene que, tras el estallido de la Guerra Civil, los republicanos expoliaron las reservas de oro del Banco de España para entregárselas a la Unión Soviética.
En realidad, no hubo expolio ni entrega incondicional a la URSS, sino un decreto que autorizaba el traslado de gran parte de esas reservas a un lugar seguro ante el avance enemigo, constatan documentos históricos.
En 2014, la Fundación Negrín (que lleva el nombre del ministro de Hacienda socialista que firmó el decreto) hizo públicos archivos que muestran cómo se gestionaron aquellos fondos para dotar de liquidez a la República ante el boicot del sistema financiero internacional.
Frente a la política de "no intervención" que le privaba de ayuda de las democracias europeas y ante el avance de los sublevados (apoyados con recursos de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini), el Gobierno republicano optó por trasladar a la URSS el 73 % del oro del Banco de España, la cuarta reserva metálica más importante del mundo.
Y, ¿qué pasó con el bautizado por el franquismo como "Oro de Moscú"?
El Gobierno republicano decidió evacuar las reservas cuando el Ejército sublevado había cerrado la frontera con Francia y empleó las divisas resultantes en comprar armas y todo lo necesario para financiar la economía no bélica: materias primas, productos energéticos, alimentos...
HUBO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ANTES DE FRANCO
Aunque fue con Francisco Franco cuando se acuñó el nombre de "Seguridad Social", el origen de las políticas de protección social en España fue muy anterior a la dictadura: un mes después de ser proclamada la Segunda República, el Gobierno aprobó su primera norma en este ámbito para crear un seguro de desempleo.
El Estado subvencionaba un 50 % de este subsidio, que era de carácter voluntario y ofrecido a los trabajadores por sindicatos o mutuas.
La Constitución aprobada en diciembre de aquel año establecía además que la legislación social republicana regularía también los seguros de enfermedad, accidentes, vejez, invalidez y muerte, pero el estallido de la Guerra Civil impidió completar este proceso.
En todo caso, durante la República se produjo un rápido crecimiento del gasto social que se estancaría en los primeros años del franquismo, cuyo imperfecto modelo de prestaciones estuvo muy lejos del sistema redistributivo vigente en España.
Y TAMBIÉN HABÍA VACACIONES PAGADAS
En contra de una falacia muy extendida, no hubo que esperar tampoco a la dictadura de Franco para que los españoles disfrutaran de vacaciones pagadas. Este concepto se aplicó por primera vez a todos los asalariados precisamente con la Segunda República.
La Ley del Contrato de Trabajo de 1931 establecía que "el trabajador tendrá derecho a un permiso ininterrumpido de siete días".
Tras la Guerra Civil, Franco tardó cinco años en regular este derecho. Y fue ya después de la muerte del dictador cuando se fue ampliando progresivamente el periodo vacacional hasta los 30 días reconocidos actualmente en España, gracias a una ley aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González en 1983.
Por Ramiro Fuente y Sergio Hernández

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