Candidata combate discriminación de comunidad trans en Perú

La agresión a Gahela Cari se produjo después de una presentación suya en un debate político televisado y llegó a través de un comentario de su rival en Twitter. Iba acompañado de una imagen de los registros electorales con el nombre y el género asignados al nacer, con los que ella no se identifica, marcados en rojo.

Muchos defendieron a Cari, quien se postuló a una banca legislativa, pero el tuit generó cientos de “me gusta” y de comentarios favorables. “En serio, no veo dónde está la discriminación”, dijo una persona.

Igual que la mayoría de los candidatos a cargos públicos, Cari recibe numerosas críticas por sus propuestas, pero a diferencia de los demás, tienen que resistir un hostigamiento transfóbico en un país conservador acostumbrado a discriminar a las personas transgénero. Tan solo el año pasado, la policía obligó a un grupo de mujeres trans a gritar: “Quiero ser un hombre”.

“Es sumamente necesario alzar nuestras voces, luchar por una representación propia dentro de los espacios de decisiones”, dijo Cari. “Espero que en algún momento no sea una noticia que una mujer trans gane un sitio dentro de un congreso o un premio”.

Un informe del año pasado de una universidad peruana mencionó 170 incidentes de violaciones de los derechos de personas de la comunidad LGBT en el 2019, pero los investigadores reconocieron que la cifra real puede ser mucho más alta. De esos casos, 73 fueron agresiones a mujeres trans.

El informe del Observatorio de los Derechos LGBT de la Universidad Peruana Cayetano Heredia acusó a organismos del gobierno, incluida la policía, de ser los principales violadores de derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. Afirmó que hacer una denuncia de violencia o discriminación en una comisaría es como meterse “en la boca del lobo”.

En Perú, un país de 32,2 millones de habitantes, la iglesia y el estado están muy entrelazados y hay una gran presencia de organizaciones con afiliaciones religiosas y una creciente participación política de evangélicos que promueven la familia tradicional. Estos grupos están detrás de movimientos como la campaña “Con mis hijos no te metas”, una iniciativa que procura eliminar la noción de la igualdad de género de los programas escolares.

“La discriminación es parte del día a día en toda América Latina, habiendo mejores condiciones en unos países que en otros, y yo creo que viene de una herencia cultural”, dijo Alessia Injoque. “Todas las sociedades en Latinoamérica venimos de una herencia fuerte en el cristianismo, donde se definía marcadamente a hombres y mujeres en base a nuestros genitales”.

Los transgéneros peruanos se vieron atrapados en un fuego cruzado cuando al comienzo de la pandemia del coronavirus el gobierno implementó órdenes de confinamiento basadas en el género de las personas, designando días específicos para que hombres y mujeres saliesen de sus casas. Los agentes fueron acusados de pedir a las mujeres trans sus documentos para corroborar su género. En un episodio ocurrido en abril, la policía ordenó a tres mujeres trans que se pusiesen en cuclillas en la calle y gritasen que querían ser hombres.

Perú no tiene una ley que permita el cambio de nombre y de sexo en el documento nacional de identidad. Una comisión legislativa aprobó el 29 de marzo un proyecto de ley que lo haría posible, pero todavía tiene que ser aprobado por el pleno de la legislatura. La aprobación por parte de la comisión se produjo varios meses después de que un tribunal diese al archivo nacional un año para implementar un proceso que permita a la gente cambiar de nombre, género y foto en sus documentos oficiales.

El juzgado dijo que la ausencia de un proceso administrativo con esos fines constituye “una violación sistemática del derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la identidad y una personalidad legal, y el derecho a la dignidad”, al tiempo que ignora parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Actualmente la gente debe embarcarse en un prolongado y costoso proceso judicial para hacer los cambios, incluida una evaluación psicológica, un estudio de antecedentes penales y entrevistas a testigos.

Gabriela Mariño, de 63 años, es una activista que dirige desde hace tiempo un centro comunitario en Lima orientado mayormente a las mujeres trans. Dice que inició ese proceso y que su pedido se frustró cuando un juez determinó que sus testigos no eran confiables.

Mucho antes de que llegasen a Perú los tratamientos hormonales, Mariño ayudaba a las mujeres trans a lucir como querían haciendo de peluquera. Contó que hizo a un lado su deseo de ser abogada en la década de 1970, cuando un empleado de la universidad la insultó y le negó la inscripción a un examen de admisión a la facultad de derecho.

Mariño, quien luchó por el derecho a cambiar de nombre, dijo que el poder contar con un documento de identidad con la verdadera identidad de género y nombre permitirá a hombres y mujeres trans conseguir mejores trabajos.

Mariño recuerda cómo una mujer que ayudó dejó la universidad por temor a no ser empleada nunca si su documento de identidad y su diploma llevaban su antiguo nombre. En cambio, siguió como trabajadora sexual. En el 2020 se le diagnosticó un cáncer y falleció este año, aunque no sin que antes su familia la obligase a volver a su comunidad rural y la privase de su dignidad, según Mariño.

Su madre “la sentó en una silla y le cortó el cabello bien corto, como un hombre. ¿Por qué? Porque solo así podría ingresar al Reino de los Cielos”, declaró Mariño. “Me dolió en el alma porque hasta lo posteó en Facebook, y la enterró con su nombre de varón”.

En el 2015 asumió en Perú la primera funcionaria trans elegida en una votación. El electorado de una comunidad del norte del país eligió a la concejal Luisa Revilla, cuyas promesas de campaña incluían la de crear albergues para personas con VIH y defender los derechos de la comunidad LGBT.

Entre las propuestas de Cari figura la de crear un protocolo a seguir en los centros de salud para las personas trans e implementar medidas anti-bullying en las escuelas. También quiere una ley nacional de educación sexual amplia que rija desde la primaria hasta la universidad. Dice que esto reduciría la violencia y la discriminación de las mujeres y de la comunidad LGBT.

Esta es la segunda vez en dos años que Cari se postula al Congreso. Sigue los pasos de dos mujeres trans de hace una década. Sus derrotas pueden reflejar la falta de progresos en la batalla por la igualdad de género, pero Cari cree que es hora de que el país se deshaga de los vestigios del colonialismo.

“Pareciera que desde la postulación ha pasado mucho tiempo, pero no es así”, manifestó Cari. “No, en realidad es muy poco tiempo comparado con los siglos, las décadas, los años que las personas trans han vivido y sido invisibilizadas, golpeadas, violentadas”.