Cientos de soldados retirados, que habían bloqueado este martes al menos 16 tramos de carreteras en Guatemala, abandonaron su protesta tras alcanzar un acuerdo con el Congreso para avanzar en la aprobación de una indemnización por sus servicios durante la guerra civil (1960-1996).
Los excombatientes cerraron las calles por casi siete horas para presionar a los diputados para que ratifiquen la iniciativa Ley de Dignificación del Soldado Guatemalteco y sus Familias, estancada en el Congreso desde 2019 por discrepancias entre los partidos.
La norma contempla un beneficio llamado "bono patriótico", un pago de resarcimiento a personas que hayan prestado servicio en las fuerzas armadas durante el conflicto armado interno o sus familiares, aunque en el proyecto no se ha definido el monto a pagar.
El presidente del Congreso, el oficialista Allan Rodríguez, que calificó como "legítimas" las demandas de los veteranos, dijo en conferencia de prensa que acordaron con líderes de estos reunirse el próximo 16 de abril, fecha en la que se espera que tres comisiones legislativas, entre ellas la de Derechos Humanos, emitan su opinión sobre el proyecto de ley.
Tras el acercamiento con Rodríguez y otros diputados, un dirigente de los militares, quien se identificó como "sargento Flores", señaló que "llegaron a un acuerdo para darle seguimiento al proceso legislativo" de la iniciativa y "giraron instrucciones" para finalizar las protestas.
"Veteranos militares de Guatemala unidos por una causa justa" y "Exigimos nuestro derecho de igualdad", señalaban algunas pancartas colocadas por los manifestantes en algunos de los bloqueos.
En octubre del año pasado, los veteranos también bloquearon carreteras para exigir la aprobación de la ley que fue impulsada en 2019 por el excandidato presidencial y exmilitar Estuardo Galdámez, actualmente en prisión preventiva por supuestos actos de corrupción cuando fue diputado.
En Guatemala existe una ley de resarcimiento para víctimas de la guerra, viudas y huérfanos, pero la legislación no incluye a los miembros de las fuerzas armadas.
La guerra civil, que duró 36 años, dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de la ONU presentado en 1999. La mayoría de violaciones a los derechos humanos y masacres de población civil fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente el Ejército.
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