Tanto las fuerzas de seguridad de Malí como los grupos independentistas y yihadistas cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad, afirma una comisión de la ONU que investigó la violencia en ese país africano.
Las acusaciones se hacen en un informe de 338 páginas compilado por la Comisión Internacional de Investigación, un panel integrado por la sueca Lena Sundh, el camerunés Simon Munzu y el mauriciano Vinod Boolell, que investigó los acontecimientos en Malí entre 2012 y 2018.
La pesquisa, cuyas conclusiones aún no se han hecho públicas, recomienda la creación de un tribunal especializado en perseguir delitos internacionales.
A diferencia de otros informes de la ONU, las conclusiones de la Comisión Internacional de Investigación pueden utilizarse como base jurídica para un posible enjuiciamiento.
"La Comisión tiene motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad y defensa de Malí cometieron crímenes de guerra, incluyendo violencia contra la vida y la persona de civiles fuera de combate, sospechosas de estar afiliadas o cooperar con grupos armados extremistas", dice el informe al que la AFP tuvo acceso.
- Sublevación independentista y yihadismo -
Malí, sin salida al mar y ubicado en el Sahel, se sumió en la violencia en 2012 cuando los separatistas de la etnia tuareg se sublevaron en el norte del país, dando luego lugar a una campaña armada de grupos yihadistas.
En 2012, militares malienses dieron un golpe de Estado con el fin de frenar la derrota del ejército ante los rebeldes independentistas y yihadistas del norte, lo cual de hecho terminó ocurriendo de manera precipitada, sumiendo al país en una crisis.
Francia, la potencia colonial, lanzó una operación militar en 2013 que dispersó a los yihadistas, que luego se reagruparon y expandieron su campaña al centro de Malí, inflamando una región con rivalidades étnicas, antes de avanzar hacia los vecinos Burkina Faso y Níger.
Las fuerzas de seguridad y defensa maliensas fueron culpables de "asesinatos" contra "miembros en particular de las comunidades tuareg y árabes", a quienes asociaban con los rebeldes independentistas y los yihadistas, dice la comisión, que a mediados de 2020 presentó su informe al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
La investigación, que detalla la escala del derramamiento de sangre y la violencia interétnica en la que se sumió el país, fue remitida la semana pasada al Consejo de Seguridad.
Miles han muerto y cientos de miles se han visto obligados a huir de sus hogares en Malí.
Tras la aparición en 2015 de un grupo yihadista dirigido por el predicador fulani Amadou Koufa, esa comunidad del centro de Malí fue víctima de "asesinatos cometidos por las fuerzas armadas malienses", dice el texto.
Varios signatarios del acuerdo de paz, incluidos los exrebeldes del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA) y el grupo progubernamental Gatia, también son responsables de "crímenes de guerra", según la comisión.
El panel acusó a otros actores del conflicto de "crímenes de lesa humanidad", en particular a los grupos yihadistas armados cuya influencia y violencia continúan en la subregión, así como a la milicia Dan Nan Ambassagou, que se erigió como defensora de los Dogon en el centro de Malí y se la acusa de masacrar a aldeanos de la etnia fulani.
El informe destaca un ataque del 17 de junio de 2017 en el que Dan Nan Ambassagou tomó represalias por la muerte de uno de sus integrantes atacando varias aldeas fulani, también llamadas peuls, matando al menos a 39 civiles, incluidos niños.
Ese ataque marcó el comienzo de ataques "sistemáticos" contra los fulani en Koro, según el informe.
"La comisión tiene motivos razonables para creer que esos actos constituyen un crimen de lesa humanidad", indica el informe.
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