Luego de que este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa que prohíbe la subcontratación de personal (outsourcing) y endurece castigos a empresas que violen los derechos laborales, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que esto “desalentará la creación de empleos” y pondrá en riesgo miles de puestos de trabajo en el país.
Así lo aseguró esta tarde dicha cúpula empresarial a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales:
Tal como está planteada, la propuesta desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica del país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de covid-19
También acusaron que en 2019, durante un parlamento abierto llevado a cabo por el Senado de la República para la discusión de una eventual reforma en materia de subcontratación, tanto la CCE como el poder legislativo, asumieron el compromiso de trabajar en conjunto en la futura iniciativa.
Pero este acuerdo se rompió: la iniciativa presentada no fue consultada y no respeta el consenso alcanzado en el Senado
Y es que aseguran que la figura de la subcontratación “permite a las empresas acceder a personal calificado, de forma inmediata”, sobre todo en sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero.
Una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía: no sólo se perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones
Sin embargo, reconocieron la existencia de la subcontratación irregular, que no cumple con la ley vigente y priva a los trabajadores de sus derechos.
Por ello, llamaron a los diputados mexicanos a establecer un nuevo proceso de parlamento abierto, “en el que el sector privado pueda expresar sus puntos de vista y preocupaciones sobre esta iniciativa” y se puedan hacer las adecuaciones pertinentes para evitar daños mayores al empleo de millones de mexicanos.
Cabe mencionar que este posicionamiento se suma al que hizo Gustavo Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien aseguró en su cuenta de Twitter que esta iniciativa “es una traición del Gobierno Federal al sector privado”.
Solo afecta a empresas de mala fe: especialista
Para el Dr. Carlos Jiménez Bandala, Investigador de la Facultad de Negocios en la Universidad La Salle, las reacciones de estos sectores empresariales son naturales, ya que en los últimos años la subcontratación laboral se ha convertido en un mecanismo de defraudación fiscal en México a través de la simulación de contratos por parte de muchas empresas.
Y es que con el fin reducir costos de contratación y evadir impuestos, hay empresas que simulan relaciones laborales con trabajadores contratados por otras empresas, principalmente agencias de colocación. Es decir: trabajan para una razón social pero su contrato esta a nombre de otra, lo que significa que no tendrán las mismas prestaciones que tienen los que sí están contratados de forma directa.
Sin embargo, aclaró que no todo el outsourcing es malo, pues hay algunos que son serios, responsables y respetan a sus trabajadores. Incluso, explicó que existen en todas partes del mundo con el objetivo de hacer a las empresas más pequeñas y eficientes.
El espíritu de este modelo es que las empresas se puedan enfocar completamente en sus giros y no en cómo contratar y capacitar a personal no relacionado al negocio; por ejemplo: los trabajadores de limpieza, de seguridad, contadores, entre otros. Es decir, la empresa contrata a otra empresa que le brinde ese servicio
MÁS SOBRE OTROS TEMAS:
Últimas Noticias
La película turca "When the walnut leaves turn yellow" gana el Festival de Cine de Nador
Biden dice que "uno no puede amar a su país solo cuando gana"
El Ejército israelí ordena la evacuación de cinco barrios del norte de Gaza
La temperatura del Mediterráneo subió más de 1 grado en 25 años, según estudios italianos
Sheinbaum se compromete a poner a mujeres indígenas en el "centro" de políticas públicas