Nicaragua aprueba polémica ley de fondos extranjeros

MANAGUA (AP) — El Parlamento de Nicaragua, controlado por el gobernante partido Frente Sandinista, aprobó este jueves por abrumadora mayoría una polémica ley que controlará el financiamiento a personas, empresas y ONG que reciben fondos del exterior.

La denominada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros tuvo el voto favorable de los 70 diputados sandinistas y 17 votos en contra de la oposición, que la había denunciado como una legislación “violatoria” a la Constitución Política.

La ley obliga a todo nicaragüense que trabaje para “gobiernos, empresas, fundaciones u organismos extranjeros”, a registrarse ante el Ministerio de Gobernación (Interior), a reportar mensualmente sus ingresos y egresos, y a notificar previamente en qué utilizará los fondos recibidos. La ley establece sanciones para quien no se registre.

Una vez inscritos como “agentes extranjeros”, los nicaragüenses no podrán “financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua”.

Los “agentes extranjeros” tampoco podrán ser empleados o funcionarios públicos, ni podrán optar a cargos de elección popular, lo cual inhibirá de hecho a miles de activistas y políticos opositores de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2021.

“Ya se les acabó la mina de oro para seguir enriqueciendo su pecunio”, afirmó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, uno de los promotores de la ley, tras calificar a los opositores al gobierno como “una manada de delincuentes y corruptos”.

El diputado opositor Brooklyn Rivera, del partido indígena Yatama, dijo que la ley “plantea una criminalización contra las ONG, los defensores de derechos humanos y hasta los medios de comunicación” locales financiados desde el exterior. “Nuestra preocupación es que la ley resulte ser otro instrumento de represión”, afirmó.

Entre las excepciones figuran residentes pensionados, personas naturales que reciben remesas familiares, empresas productivas comerciales, inversionistas y personas de negocios, fábricas y supermercados de capital extranjero.

Tampoco deberán registrarse organismos intergubernamentales humanitarios, misiones diplomáticas, agencias de cooperación internacional, medios de comunicación internacionales y sus corresponsales, y organizaciones religiosas debidamente acreditadas ante el gobierno, según el texto aprobado.

La excepción a los corresponsales de prensa extranjera no se mencionaba en el anteproyecto de ley, presentado al Parlamento el mes pasado, sino que fue incorporada durante el proceso de dictamen en días recientes. La ley causó revuelo en los medios de comunicación internacionales.

La misma ley advierte luego que los exceptuados no podrán realizar actividades “que lleguen a derivar en la injerencia en los asuntos internos o externos de Nicaragua”.

La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó por 609 de 694 votos una resolución solicitando aplicar sanciones al gobierno de Nicaragua en caso de que esta y otras dos polémicas leyes fueran aprobadas (instauración de la cadena perpetua y Ley de Ciberdelitos) por considerar que violentan el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió este jueves un comunicado en el que condenó las “persistentes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”, incluyendo “maltratos y torturas” a personas detenidas en el marco de la crisis que estalló en 2018 con protestas sociales.

La OEA indicó que en el país “existen hoy 113 presos políticos”, algunos de los cuales están en huelga de hambre desde hace 14 días, mientras que otros “se han zurcido los labios” como forma de protesta.